Por ABI.
La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Ecuador fue aprobada este domingo en el referendo con entre 66,4 y 70 por ciento de los votos, según dos encuestas privadas de boca de urna difundidas por la prensa internacional, que, en cambio, coincidieron en que el rechazo fue de 25 por ciento.
La agencia Télam reportó que minutos después de las 17.00 locales (las 19.00 en Bolivia), hora de finalización de la consulta, la empresa Cedatos atribuyó 66,4 por ciento de los votos al Sí y la firma SP, 70 por ciento.
La decisión de la ciudadanía abre paso a la sanción de la vigésima carta magna en la historia de Ecuador, que en este caso refuerza el papel del Estado en la economía, desarrolla mecanismos de participación directa y reserva al sector estatal el manejo de los recursos naturales.
El texto sometido a la opinión de los ciudadanos, impulsado por el gobierno y aprobado por la Asamblea Constituyente, concibe a la Carta Magna como instrumento político para la instalación de un nuevo modelo económico y de desarrollo bajo las pautas del llamado "socialismo del siglo XXI".
También obligará a convocar nuevas elecciones, legislativas -el Congreso fue disuelto meses atrás- y presidenciales, en las que el mandatario Rafael Correa podrá volver a ser candidato y hasta aspirar a la reelección cuatro años después, sin que se le computen el año y 10 meses que lleva en el gobierno.
En sus primeras declaraciones tras el referendo, Correa celebró el resultado y llamó a la unidad de los ecuatorianos para ratificar "la revolución ciudadana", sin retroceder "nunca más".
Visiblemente emocionado, el mandatario calificó como "aplastante" a la aprobación de la reforma y dijo que "este cambio es de todos".
"Estaré hasta que ustedes me necesiten y alguien tome la posta en la revolución ciudadana", dijo en alusión a la reelección presidencial que permite el texto constitucional aprobado hoy.
Con puntualidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por clausurada la jornada electoral y en una breve evaluación afirmó que no se registraron disturbios que empañaran el proceso de votación para el que estaban habilitados más de 9,7 millones de ecuatorianos.
Similares comentarios formularon miembros de las varias misiones extranjeras de observadores, que presentarán sus informes oficiales durante los próximos días pero que ya durante la jornada habían anticipado opiniones favorables a la normalidad del proceso.
El jefe de la delegación de la OEA, el chileno Enrique Correa, describió a la consulta como "una votación normal, como ha ocurrido en los anteriores procesos electorales en Ecuador", durante una visita que realizó a un colegio de Quito.
"Es muy buena la organización con que nos hemos encontrado; hay mayores desarrollos tecnológicos para certificar la autenticidad del voto y asegurar el escrutinio", agregó el funcionario.
El de hoy fue el tercer proceso electoral en Ecuador desde que Correa asumió el gobierno, en enero del año pasado: el primero fue la consulta popular que decidió la necesidad de la reforma constitucional y el segundo, la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente.
Amparados en el lema "Mil veces sí", el propio presidente Correa y sus ministros fueron los mayores promotores del apoyo a la nueva Carta Magna, respaldada también por varias fuerzas aliadas y rechazada por los partidos más tradicionales.
A la impresionante campaña hecha desde el Estado, aún antes de los 45 días con que contó oficialmente la campaña, el sí sumó el apoyo del Movimiento Popular Democrático y las dos principales organizaciones indígenas, el Partido Pachakutik y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), aliados del gobernante Acuerdo País.
A ellos se agregó el Partido Roldosista, del ex presidente Abdalá Bucaram.
En cambio, impulsaron el no los partidos Social Popular (del ex presidente Lucio Gutiérrez), Social Cristiano (del ex mandatario León Febres Cordero) y de la Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN, del magnate Álvaro Noboa), así como la Unión Demócrata Cristiana (UDC).
Sin embargo, todas esas agrupaciones hicieron campaña por separado, de modo que el mayor referente del rechazo a la reforma fue, con un pequeño partido propio, el alcalde de Guayaquil -la ciudad menos pobre del país-, Jaime Nebot.
En tanto, la Izquierda Democrática dio libertad de acción a sus afiliados.
Fuente: Alternativa Bolivariana.
La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Ecuador fue aprobada este domingo en el referendo con entre 66,4 y 70 por ciento de los votos, según dos encuestas privadas de boca de urna difundidas por la prensa internacional, que, en cambio, coincidieron en que el rechazo fue de 25 por ciento.
La agencia Télam reportó que minutos después de las 17.00 locales (las 19.00 en Bolivia), hora de finalización de la consulta, la empresa Cedatos atribuyó 66,4 por ciento de los votos al Sí y la firma SP, 70 por ciento.
La decisión de la ciudadanía abre paso a la sanción de la vigésima carta magna en la historia de Ecuador, que en este caso refuerza el papel del Estado en la economía, desarrolla mecanismos de participación directa y reserva al sector estatal el manejo de los recursos naturales.
El texto sometido a la opinión de los ciudadanos, impulsado por el gobierno y aprobado por la Asamblea Constituyente, concibe a la Carta Magna como instrumento político para la instalación de un nuevo modelo económico y de desarrollo bajo las pautas del llamado "socialismo del siglo XXI".
También obligará a convocar nuevas elecciones, legislativas -el Congreso fue disuelto meses atrás- y presidenciales, en las que el mandatario Rafael Correa podrá volver a ser candidato y hasta aspirar a la reelección cuatro años después, sin que se le computen el año y 10 meses que lleva en el gobierno.
En sus primeras declaraciones tras el referendo, Correa celebró el resultado y llamó a la unidad de los ecuatorianos para ratificar "la revolución ciudadana", sin retroceder "nunca más".
Visiblemente emocionado, el mandatario calificó como "aplastante" a la aprobación de la reforma y dijo que "este cambio es de todos".
"Estaré hasta que ustedes me necesiten y alguien tome la posta en la revolución ciudadana", dijo en alusión a la reelección presidencial que permite el texto constitucional aprobado hoy.
Con puntualidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por clausurada la jornada electoral y en una breve evaluación afirmó que no se registraron disturbios que empañaran el proceso de votación para el que estaban habilitados más de 9,7 millones de ecuatorianos.
Similares comentarios formularon miembros de las varias misiones extranjeras de observadores, que presentarán sus informes oficiales durante los próximos días pero que ya durante la jornada habían anticipado opiniones favorables a la normalidad del proceso.
El jefe de la delegación de la OEA, el chileno Enrique Correa, describió a la consulta como "una votación normal, como ha ocurrido en los anteriores procesos electorales en Ecuador", durante una visita que realizó a un colegio de Quito.
"Es muy buena la organización con que nos hemos encontrado; hay mayores desarrollos tecnológicos para certificar la autenticidad del voto y asegurar el escrutinio", agregó el funcionario.
El de hoy fue el tercer proceso electoral en Ecuador desde que Correa asumió el gobierno, en enero del año pasado: el primero fue la consulta popular que decidió la necesidad de la reforma constitucional y el segundo, la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente.
Amparados en el lema "Mil veces sí", el propio presidente Correa y sus ministros fueron los mayores promotores del apoyo a la nueva Carta Magna, respaldada también por varias fuerzas aliadas y rechazada por los partidos más tradicionales.
A la impresionante campaña hecha desde el Estado, aún antes de los 45 días con que contó oficialmente la campaña, el sí sumó el apoyo del Movimiento Popular Democrático y las dos principales organizaciones indígenas, el Partido Pachakutik y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), aliados del gobernante Acuerdo País.
A ellos se agregó el Partido Roldosista, del ex presidente Abdalá Bucaram.
En cambio, impulsaron el no los partidos Social Popular (del ex presidente Lucio Gutiérrez), Social Cristiano (del ex mandatario León Febres Cordero) y de la Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN, del magnate Álvaro Noboa), así como la Unión Demócrata Cristiana (UDC).
Sin embargo, todas esas agrupaciones hicieron campaña por separado, de modo que el mayor referente del rechazo a la reforma fue, con un pequeño partido propio, el alcalde de Guayaquil -la ciudad menos pobre del país-, Jaime Nebot.
En tanto, la Izquierda Democrática dio libertad de acción a sus afiliados.
Fuente: Alternativa Bolivariana.
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