■ Crea una industria petrolera paralela, dice un diagnóstico entregado al FAP
La iniciativa presidencial de reforma petrolera viola principios constitucionales que establecen la exclusividad de explotación de este recurso al Estado mexicano “para crear una industria petrolera paralela a la del sector público, que asumiría la forma de un negocio totalmente particular y se regirá por el derecho privado, donde los inversionistas ni siquiera tendrían que obtener una concesión y sus inversiones estarían protegidas”.
Así se expresa en el diagnóstico sobre la propuesta de Felipe Calderón que fue entregada conjuntamente con
En el documento entregado se subraya que la iniciativa de felipe Calderón es privatizadora, entre otras razones porque implica que inversionistas, principalmente extranjeros, podrán participar por la vía de los permisos en el transporte, almacenamiento y distribución de los productos de la refinación, así como en petroquímica básica, gas natural y artificial, y hasta en las ventas de primera mano. Asimismo, podrán participar en la exploración y extracción de crudo mediante contratos de desempeño.
Todo ello favorecerá la conformación de una industria paralela privada, cuyos intereses estarían protegidos mediante el convenio relativo a
Decisiones compartidas
Con la iniciativa presidencial las decisiones fundamentales en materia petrolera y de la industria petroquímica básica ya no serán adoptadas exclusivamente por el Estado mexicano, sino que deberán ser compartidas con la iniciativa privada. De igual forma, posibilita que las relaciones entre Pemex y los empresarios sean regidas por tribunales internacionales, por el derecho privado y no por el derecho público.
El diagnóstico indica que la pretensión de la iniciativa presidencial es hacer a empresarios nacionales propietarios de instalaciones, ductos, refinerías y equipos que hasta ahora han sido propiedad exclusiva de la nación. Con ello se regresaría a una etapa previa a la nacionalización del petróleo, se subraya.
La propuesta de Calderón –se añade– abre la puerta para que a través de los contratos de desempeño o incentivados se violen los principios del artículo 27 constitucional, posibilitando que los inversionistas nacionales y extranjeros “compartan los resultados de la producción y la renta petrolera”.
Paralelamente, en la propuesta presidencial el Estado mexicano abdica de la reserva que hizo en la negociación del Tratado de Libre Comercio, correspondiente al rubro de hidrocarburos y petroquímica básica en sus diferentes niveles de explotación. Especialmente, se destaca que una expresión privatizadora clara es que el tratamiento de yacimientos petroleros transfronterizos ya no sería entre estados, sino entre el Estado mexicano y empresarios de otros países.
En el diagnóstico se cuestiona además que en la iniciativa presidencial se pretenda un régimen de excepción para Pemex “con el pretexto de otorgarle autonomía de gestión”, que incluye un consejo de administración en el que no interviene el Poder Legislativo. Asimismo, se contempla más burocracia y presidencialismo, pues los consejeros serán designados exclusivamente por el Presidente.
Al mismo tiempo, se faculta a la paraestatal a contratar deuda externa sin tomar en cuenta al Congreso ni a la propia Secretaría de Hacienda, y la dota de atribuciones para no llevar a cabo licitaciones públicas.
Finalmente, se considera que el proyecto presidencial no enfrenta problemas torales como la corrupción sindical y la alta burocracia de ese organismo con los contratistas; no es una propuesta que favorezca la transparencia y rendición de cuentas; no incorpora la participación del Congreso y de la sociedad en la conducción de Pemex; no es una reforma que fortalezca la inversión pública ni que responda al tema de los excedentes petroleros; no es una propuesta que salvaguarde la seguridad energética del país.
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