Madre Coraje

Ricardo Raphael
26 de mayo de 2008

Ella se llama Leticia Valdés Martell y ha decidido llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Sabe que a través de la atroz experiencia por la que atravesó su hijo se expresa la monstruosidad de un crimen social que por mucho la trasciende.
Leticia tomó conciencia de que su hijo de cuatro años de edad había sido violado cuando, en casa, el menor arrojó semen y sangre dentro de la taza del WC. Fue hasta ese momento que pudo reconstruir mentalmente la hebra de los hechos sufridos por el niño durante las tres semanas anteriores.
Entendió por qué no quería asistir a la escuela, por qué llegaba a casa sucio y con los ojos rojos, por qué quería sólo dormir en las tardes. Pudo explicarse las pesadillas y la variedad de palabras soeces que su hijo gritaba durante las madrugadas.
Con la muestra de esperma dentro de un frasco y el espíritu devastado, Leticia visitó médicos y siquiatras. Ella se define como madre y padre a la vez, pero los abuelos del menor no le han dejado enfrentar sola esta tragedia.
Primero tortuosamente y después de manera más fluida, el menor abusado pudo narrar la experiencia. A través de dibujos y algunas expresiones verbales reveló lo ocurrido.
En el Instituto San Felipe —uno de los más prestigiados de la ciudad de Oaxaca— su maestra, Magdalena García Soto; el esposo de la directora y dueña de la institución, Hugo Constantino García, y el maestro de computación, Adán Salvador Pérez, participaron, más de una vez, en el acoso y violación del menor.
El hijo de Leticia contó que mientras abusaban de él hubo siempre una cámara de video filmando los hechos. Afirma que lo colocaban encima de una plancha de hielo, sobre sus manos y rodillas, lo amordazaban y también esposaban.
Mientras tanto le gritaban. Ahí aprendió las palabras que luego repetiría durante sus pesadillas.
Después de prepararse sicológicamente, y de hacerlo también con su hijo, Leticia optó por llevar el asunto ante las autoridades del estado. Visitó primero al procurador general del estado, Evencio Martínez y luego presentó una denuncia ante el ministerio público de la entidad.
Cuál no sería su sorpresa a la hora en que comenzó a experimentar las complicidades tejidas entre el gobierno de Ulises Ruiz y los propietarios de la escuela.
En lugar de detener al menos de manera preventiva a los inculpados, el ministerio público se tardó cinco largos meses en solicitar a un juez la orden de aprehensión. En tanto, Constantino, Pérez y García Soto siguieron haciendo su vida “normal” la escuela.
Alrededor de 150 días después de presentada la denuncia, Leticia recibió una llamada de la procuradora especial para delitos sexuales de la entidad, Aída Gómez Piñón. Ella quería verle.
Durante la cita, la autoridad le propuso resolver el conflicto —como si se tratara de un accidente automovilístico— a través de una compensación monetaria.
Por extraordinario que parezca, la encargada de proteger a los oaxaqueños de crímenes sexuales optó por jugar el muy inmoral papel de mediadora económica.
Hincada aún más en su rabia por este episodio, Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Fue gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles que, finalmente, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados.
Desgraciadamente los inculpados contaron con suficiente tiempo para fugarse. Por su calculada negligencia, las autoridades sólo pudieron detener a Magdalena García Soto. Hugo Constantino y Adán Salvador Pérez se esfumaron.
Un dato que llama políticamente la atención es que el abogado de la escuela San Felipe sea Jorge Eduardo Franco Jiménez. Un hombre muy influyente en Oaxaca, ya que entre sus antecedentes tiene haber sido legislador suplente de Ulises Ruiz, cuando el actual gobernador fuera senador de la República.
Este abogado es además el padre del actual líder del PRI en Oaxaca, también de nombre Jorge Eduardo Franco, quien antes fuera secretario general del gobierno local y actualmente está acusado por haber participado en la desaparición de dos de los líderes más importantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Evidentemente la influencia que la familia Franco tiene sobre el gobierno de Ulises Ruiz es muy superior a la que, hasta hoy, Leticia Velasco Martell posee.
Para contrarrestar, ella ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos —instancia que le dio la razón y respaldo— y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en breve, podría atraer el caso.
Hace tres semanas, efectivos de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron un carro donde supuestamente se transportaba el señor Hugo Constantino García.
Se reporta que efectivos de la policía local encañonaron a los agentes federales y ayudaron a que, otra vez, escapara el ocupante del vehículo.
La noticia tomó por sorpresa a los oaxaqueños, pero no los escandalizó. Ha dejado de llamar la atención que en Oaxaca la autoridad local esté vinculada a hechos de crimen y corrupción.
La violación y filmación del hijo de Leticia son hechos que, por mucho, rebasan a esta valientísima madre: México es el segundo productor de pornografía infantil en el mundo.
Según instancias internacionales, cerca de 80 mil bebés, niños y adolescentes mexicanos caen anualmente en las garras de la red criminal que, en nuestro país, se dedica a la pederastia, a la corrupción y a la compra-venta de imágenes y videos donde se victimizan a los menores.
Cabe destacar que se trata de una fuente inmensa de recursos. A manera de ilustración, una película pornográfica con niños se vende en el mercado en alrededor de 200 mil pesos mexicanos.
Este asunto —como cualquier otro vinculado al crimen organizado— sólo puede subsistir gracias al apoyo que los victimarios reciben de las autoridades gubernamentales.
Si ocurre esta monstruosa tragedia es por la negligencia y por la asociación delictuosa del Estado.
Analista político