Utopía

Colombia: solución política

Eduardo Ibarra Aguirre

Las tan asediadas como vigorosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, muestran que 44 años después de fundadas por el comandante Manuel Marulanda Vélez Tirofijo, no tienen la capacidad militar para derribar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como tampoco la posee el bloque dominante ni sus aliados en Washington para aniquilar al también denominado Ejército del Pueblo.

Dicho de otro modo: militarmente nadie está en condiciones de imponerse sobre su enemigo en el campo de batalla, por más que en situaciones coyunturales, como la presente, el Secretariado y el Estado Mayor de las FARC-EP sufran bajas sensibles como las de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos, además de Julián Conrado.

La masacre del 1 de marzo que cobró la vida de Luis Edgar Devia, su compañera Gloria, hija de Tirofijo, Conrado, 18 insurgentes más y tres universitarios mexicanos –por los que el gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa ha mostrado un desprecio sólo superado por el de Jorge Castañeda Gutman: “¡Que se jodan!”, dicen los padres de los caídos que dijo--, se dirigió exactamente al corazón de la operación política, diplomática y del canje humanitario de los 50 secuestrados por las FARC, de los que se oculta que son parte de las elites dominantes y de los aparatos policiaco, militar y paramilitar del genocida gobierno de Uribe Vélez y sus antecesores.

No es una frase efectista. Le comparto algunos de los terribles costos humanos del terrorismo de Estado que se practica desde hace nueve lustros, aportados por el Comité Internacional contra las Fumigaciones: 41 mil 400 torturados, 15 mil detenidos-desaparecidos y 3 mil 500 masacres. Mil 700 asesinatos de indígenas, 2 mil 550 de sindicalistas, de 5 mil integrantes de la Unión Patriótica y de más de 700 personas halladas en fosas comunes. 4 millones de desplazados, y más de 7 millones de hectáreas de tierras despojadas a estas personas.

Jeff Vogt, especialista en economía global de la poderosa central estadunidense AFL-CIO, denunció que nueve sindicalistas fueron asesinados en Colombia en los primeros tres meses del año, lo que sitúa al país como número uno en la aldea global. Es imposible dejar de advertir que el canciller de las FARC provenía del sindicalismo, en este caso del gremio de la Nestlé, como cientos de los combatientes. A nadie se le puede exigir que ponga la otra mejilla cuando sus camaradas son asesinados a la luz del día y con la anuencia gubernamental, salvo que se utilice una buena dosis de cinismo.

Tampoco es casual que el cadáver del comandante Reyes fuera negado a sus familiares y sepultado clandestinamente para ocultar las perforaciones de los balazos que recibió por la espalda y el tiro de gracia dado a los 24 asesinados.

Sólo que los tiros se revirtieron diplomática y políticamente contra el anticomunista tardío de Uribe, quien apostó a involucrar a los gobiernos de Hugo Rafael Chávez Frías y Rafael Correa Delgado como actores centrales de un antiguo conflicto militar que por más narcotráfico y terrorismo que se le atribuya –en buena medida como nuevos marbetes ideológicos del imperio para criminalizar a las insurgencias sociales y militares-- no logra ocultar la raíz sociopolítica del movimiento guerrillero.

Mientras tales raíces no se asuman por el grupo gobernante de Colombia, éste persistirá en los costosísimos esfuerzos por liquidar militarmente a sus enemigos, caricaturizarlos como terroristas y narcos, mientras se oculta que los servicios de inteligencia de Estados Unidos guardan expedientes que califican a Álvaro Uribe de “narcotraficante” con el Nº 82, como bien recuerda la organización no gubernamental National Security Archive.

Esa gran apuesta es la que explica el torpedeo de Bogotá a las liberaciones de los secuestrados por las FARC que podrían desembocar en el intercambios de 500 insurgentes presos en condiciones infrahumanas, por los 50 políticos profesionales que retiene la insurgencia en diversas partes del 40 por ciento del territorio que controla.

Abrir paso a las pequeñas soluciones no militares conducirá a la coyuntura en que será preciso darle a las FARC-EP el estatus de fuerza beligerante, para someter esta guerra a los cauces del derecho internacional y, con lo anterior, humanizarla.

Contra ello apuestan los militaristas que en medio de la debacle aún deciden, como George Walker Bush con su primitiva opción de “aceptar tranquilamente la visión de terroristas y demagogos o apoyar activamente líderes democráticos como el presidente Uribe “.

Acuse de recibo
Los 47 indígenas que se declararon en huelga de hambre en los Ceresos 5, 14 y 17 de Chiapas, aseguran: “Somos presos políticos, porque nuestra detención proviene de una práctica de represión del movimiento social”. En tanto que Juan José Sabines Guerrero se empecina en negar lo evidente... Sanjuana Martínez Montemayor fue informada que debido a una “reestructuración de las páginas” del Diario Milenio de Monterrey, “ya no requerirían más de sus servicios”.
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