Al conmemorar el primer aniversario del asesinato de Martín Romero Romero, dirigente del Ejido Campamento General Enrique Rodríguez Cruz, familiares y ejidatarios demandaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, justicia y castigo para los responsables de la ejecución, y al mismo tiempo anunciaron que ante la ola de violencia que aqueja a Costa Chica, solicitaron su ingreso al Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) o policía comunitaria.
Con un servicio religioso realizado poco después de las 2 de la tarde en la modesta capilla de la Santísima Trinidad, en la que participaron decenas de ejidatarios encabezados por Modesta Nazario Antonio, esposa del finado dirigente, dio inicio el homenaje. Los campesinos acompañados de esposas e hijos, y con velas y flores trasladaron desde la capilla la cruz de madera hasta la casa de Romero, donde rezaron por el descanso del dirigente campesino. Prácticamente durante todo el día desfilaron ejidatarios provenientes de los municipios de Ometepec, San Luis Acatlán, y de Cruz Grande, entre otros, para rendir un reconocimiento póstumo al dirigente costeño.
Durante un receso, los integrantes del Consejo Consultivo de ese ejido, Baltasar Morales, Miguel Nájera, Alejandro Cruz, Tomás de los Santos y Pablo Guzmán demandaron a Torreblanca Galindo justicia, y castigo para los responsables de este asesinato, cuando Romero se dirigía a ordeñar sus vacas: “fue poco antes de las 6 de la mañana, le dieron siete balazos, cinco en la espalda, y dos en la cabeza”. El acto estuvo vigilado por unos veinte policías comunitarios, encabezados por Arnulfo Morales Plácido, coordinador de la Sede Uno en San Luis Acatlán; Jesús Huerta de Jesús, de la CRAC, así como Paula Silva, tesorera de esta organización indígena. Al respecto, Dositeo Casimiro Galvan confirmó que desde hace algunas semanas se acordó que el Ejido Campamento General Enrique Rodríguez se incorporaría a la CRAC, “pero hubo algunos detalles que se presentaron y no fue posible, pero ya se están afinando los últimos detalles, por lo pronto ya contamos con los primeros doce integrantes”.
A su vez, Arnulfo Morales recordó que es probable que la ejecución de Romero se haya debido a que “desde hace tiempo gestionaba para incorporar este ejido a la CRAC, y al parecer a muchos caciques de este rumbo no le gustó esa idea; ya está avanzado su ingreso, incluso se realizó en días pasados un curso, y se van a nombrar a nuevos policías”. Recordó que pasó de 66 a 75 el número de comunidades que se rigen por las leyes de usos y costumbres de los pueblos indígenas incorporados a la CRAC, pertenecientes a Malinaltepec, Iliatenco, Marquelia, San Luis Acatlán, Copanatoyac, Metlatónoc, Tlacoapa, Xapatláhuac, Tlapa, Atlamajaltzingo del Monte, y Tlacoapa “y están en proceso de incorporación otras 50 comunidades del municipio de Ayutla”.
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