Arturo Huerta G.
Por más que las autoridades gubernamentales nos dicen que la economía tiene condiciones macroeconómicas sólidas para encarar la eventual recesión de EUA, el problema es que las finanzas públicas enfrentan crecientes presiones derivadas del gran crecimiento de su deuda pública interna (a través de los Proyectos de inversión diferidos en el gasto, PIDIREGAS), que es el rublo a través del cual se contabiliza la inversión privada realizada en PEMEX y la CFE, como artificio para no violar la Constitución. En 2007 el 95% de la inversión realizada en PEMEX, fue bajo el rubro de PIDIREGAS, donde el 80% fue de inversión extranjera. Calderón ha dicho que de no autorizar la inversión privada en dicho sector, el gobierno tendría que disminuir el gasto social para realizar dicha inversión. Ello es debido a que por ley se tiene que trabajar con equilibrio fiscal. La reforma energética, al legalizar la inversión privada en el sector energético, traerá consigo la desaparición de los PIDIREGAS. Es decir, se eliminaría dicha deuda pública interna, a cambio de reconocer dicha inversión como activos privados, lo que implica privatización de crecientes activos de dicha empresa, considerando que el gobierno ha dejado de invertir ahí, para alcanzar su equilibrio fiscal. La eliminación de dicha deuda, disminuirá las finanzas públicas. Ello evidencia el costo que ha implicado a la economía, sumarse a los dictados de los organismos financieros internacionales de trabajar con disciplina fiscal, lo que ha llevado a disminuir la participación del Estado en la economía, a costa de ceder al sector privado, el control de los sectores estratégicos de alta rentabilidad de la economía. Dicha reforma energética está encaminada a su vez a asegurar condiciones legales y de alta rentabilidad para atraer capitales del exterior. El propio presidente de la República ha dicho que el país tiene que atraer la inversión que está dejando la economía de EUA ante la recesión que se avecina. Como la economía nacional no ofrece nieles de rentabilidad en el sector manufacturero y agrícola, dada nuestra baja competitividad y la contracción del mercado interno, el único sector capaz de atraer inversión es la industria energética, dado que la Bolsa de Valores ha dejado de ofrecer los niveles de rentabilidad que tuvo de 2004 al 2007. La economía nacional depende de los flujos de capital para financiar el déficit externo. Este tiende a ampliarse ante la caída de exportaciones que se está ando ante la desaceleración de la economía de EUA. De ahí que le urge al gobierno atraer capitales para financiar dicho déficit y más ante la caída del crecimiento de las remesas y de la Bolsa. Es por ello la prisa por la reforma energética. En este proceso de privatización hemos estado en todo el contexto de liberalización económica. Primero se vendió la banca y Telmex a través de la Bolsa de Valores, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993) y aún así se dio la crisis a fines de 1994, no obstante la disciplina fiscal tan defendida por el gobierno y los defensores de la política económica imperante. La política económica se ha dirigido a atraer capitales para viabilizar la estabilidad de nuestra moneda y financiar nuestra inserción en el proceso de globalización, ante la inexistencia de condiciones endógenas para sortear tal situación. De ahí la extranjerización creciente, sin que ello se haya traducido en mayor desarrollo industrial y agrícola, ni en mayor generación de empleo productivo, ni en menores presiones sobre el sector externo, ni en mayor crecimiento económico y menor desigualdad. Al gobierno le urge la reforma energética, tanto para evitar salidas de capital ante las expectativas de menor crecimiento, como para asegurar flujos de capital para seguir viabilizando las políticas de liberalización económica y postergar la inminente manifestación de la crisis económica en el país que se deriva de dicha política, y más ahora, cuando las variables externas (exportaciones y flujos de capital) pasan a actuar en contra.
De realizarse un albazo en torno a la reforma energética, ello no resolvería los problemas del país. Con la privatización de dicho sector, el gobierno vería disminuido su financiamiento, ya que los ingresos provenientes de la paraestatal representan alrededor del 40% del total de sus ingresos. Los inversionistas privados en dicho sector no aceptarán ser sujetos a altas tasas impositivas. La reducción de ingresos tributarios, implicará presiones sobre las finanzas públicas, lo que obligará al gobierno a efectuar una drástica reforma tributaria para incrementar sus ingresos (afectando al propio sector privado que está por la reforma energética), y disminuirá el gasto social, afectando el gasto en salud y en educación, con la consecuente mayor privatización en dichos rubros. La entrada de capitales que propiciaría la reforma energética, apreciará más la moneda nacional (con el consecuente abaratamiento del dólar y de los productos importados), lo que reducirá más nuestra competitividad, afectará la esfera productiva y el empleo nacional e incrementará el déficit de comercio exterior y la vulnerabilidad externa de la economía. El gobierno no quiere reconocer que en este proceso de privatización y extranjerización hemos estado por más de 25 años y la economía nacional está ahora más subdesarrollada de lo que estaba antes de dichas políticas. Las políticas neoliberales primero le quitaron al gobierno el manejo soberano de la política monetaria con la autonomía del banco central en 1993, después la política fiscal, con la ley aprobada en 2006 que obliga al gobierno a trabajar con disciplina fiscal y ahora se pretende legalizar la privatización de PEMEX, todo lo cual implica el fin del Estado nacional, pues no se tendrá ningún poder de negociación frente al sector privado nacional e internacional, ni manejo de la política económica para encarar los problemas del país.
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