¿Qué clase de privatización petrolera quieren?

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx

¿Qué clase de privatización petrolera quieren?

Se han publicado declaraciones e indicios de funcionarios y en reportajes. De una u otra manera, se habla de introducir a empresas extranjeras, aún más de lo que están, a la industria petrolera nacionalizada.
Me voy a referir a declaraciones de senadores, dado que es en las cámaras donde se legisla. No sólo a lo último y recién publicado, sino a por lo menos una declaración anterior. El pasado 15 de noviembre vimos en la edición de Internet de este diario unas afirmaciones del priísta Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Senado, diciendo que se trataba de, sin modificar la Constitución, impulsar la participación privada en ciertas áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex). En esto se implica que, siendo un órgano legislativo, se modificaría la ley reglamentaria.
El pasado jueves se publican afirmaciones de otro senador de la comisión, ahora del PAN, diciendo, como ya es sabido, que hay declinación en las reservas probadas y en la producción petrolera. Él lo atribuye a la falta de inversión, y aunque se menciona que es el régimen fiscal de Pemex el que lo ahoga, dice que este organismo tendría dinero para exploración y producción si reduce sus gastos en refinación, oleoductos y distribución del combustible. Y plantea que la inversión privada ocupe ese lugar que Pemex dejaría. Entonces las trasnacionales entrarían a refinerías, ductos y distribución (parte de la cual ya fue privatizada).
Este pretexto no sólo revela que lo puso un derechista, un reaccionario, sino también un ignorante de la industria petrolera. Si está en la Comisión de Energía, debería por lo menos hacer su tarea. El hecho es que, el año pasado, de la inversión total de Pemex, que fue de 207.5 miles de millones de pesos, la de Pemex Exploración y Producción abarcó, como ha sucedido durante años, la absoluta mayoría, en este caso 151 mil millones. Y la de Pemex Refinación fue de sólo 18.5 miles de millones, 12 por ciento que la de exploración y producción. En años anteriores fue de 10 por ciento, no del total sino de lo gastado en exploración y producción. Quitarle una parte a refinación no le ayudaría nada a exploración y producción. Sólo a las trasnacionales y a los funcionarios beneficiados por el agradecimiento de las mismas.
Vemos la confabulación PRI-PAN. Tenemos el antecedente, en la industria eléctrica, de la reforma de Salinas al artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta ley abrió el paso a que ahora casi un tercio de la electricidad para servicio público provenga de plantas generadoras de propiedad privada, todas de empresas extranjeras.
Para justificar el que empresas extranjeras entren más también a la exploración y producción, dicen que, a diferencia de empresas extranjeras, Pemex no tiene la tecnología requerida para extraer petróleo de yacimientos que están a más de mil 500 metros de profundidad, donde estaría la mayoría del crudo de México. Esta ya es la pura invención.
Hace un par de meses, en el artículo “La energía y las palabras”, demostramos cómo se usan categorías de reservas petroleras que organismos calificadores y de autoridad no aceptan, como son las reservas probables y las posibles, estas últimas con 10 por ciento de probabilidad de existir. Y luego agregan otra categoría, a la que ni siquiera se atreven a ponerle nombre, ni tampoco dicen si hay uno por ciento de probabilidad de que existan o cuánto. A falta de nombre, les llamaremos reservas inventadas. Y de estas reservas inventadas son las que la mayoría están en aguas profundas. Todo sea por entregar la actividad petrolera a algunas trasnacionales.
Para decirlo de otra manera, no existen perforaciones exploratorias que den un mínimo soporte a la existencia de esas reservas. Debería haber varias perforaciones exploratorias en lo que podría ser un yacimiento, para delimitarlo y poderlo cuantificar. Las reservas que sí existen están en las zonas tradicionales de trabajo o junto a ellas, y no hay justificación para que no sea la nación, como dice el artículo 27 constitucional, la que los tenga, explore y explote. Ese mismo artículo prohíbe incluso los contratos en esta materia, de modo que los que se han firmado también son anticonstitucionales.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/23/index.php?section=opinion&article=020a1pol