MEXICO: (Fuente: La Jornada).
Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), dependiente de la subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informaron que ante las “continuas arbitrariedades y abusos” del director de ese organismo, Paulino Canul Pacab, solicitaron al titular del Órgano Interno de Control de la dependencia, Samuel Martínez Aceves, realizar una investigación para determinar las “irregularidades en que se ha incurrido por la suspensión ilegal de nuestros salarios”.
Los quejosos aseguraron que a casi cinco años de haber iniciado un proceso para detener su “traslado ilegal” a instalaciones que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, las autoridades educativas “sólo nos ignoran e, incluso, con la llegada de Canul Pacab, respaldado por el actual subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, se vive un clima de incertidumbre y acoso laboral que ha llegado al extremo de alentar entre los propios compañeros una actitud de agresión”.
En entrevista con La Jornada, Joaquina Sandoval, una de las afectadas, afirmó que aun cuando “hemos presentado todos los informes y documentos que comprueban las malas condiciones del inmueble donde se ubica actualmente la DGEI, ni las autoridades federales ni las capitalinas han tomado cartas en el asunto para garantizar la seguridad de todo el personal que labora ahí”.
A ello se suma, denunció Isabel Robledo, otra de las quejosas, que el propio Canul Pacab y el coordinador administrativo de esa dependencia, Jorge Robles García, “alientan un clima de linchamiento que no respeta ni a funcionarios de la Dirección de Protección Civil del Distrito Federal, a quienes no se les permitió el acceso para inspeccionar el edificio, para comprobar las condiciones estructurales en las que se encuentra”.
“Las amenazas contra quienes aún nos negamos a trasladarnos a las oficinas de Cuauhtémoc 614”, dijeron, son parte de la “estrategia de desgaste, pues no han dado respuesta a la demanda penal por retención ilegal de salario, ya que no hemos sido notificados de ninguna suspensión de la relación laboral, ya que no existen elementos, pues seguimos en un juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que deberá determinar cuál de las partes tiene la razón. Estamos seguros de que nuevamente obtendremos un laudo favorable”.
Al respecto, Norma Torres, también integrante de los trabajadores afectados, aseguró que de no abrirse un “verdadero canal de diálogo para solucionar un conflicto que afecta la vida de poco más de 300 empleados, vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar que la Secretaría de Educación Pública, y con ella, el Estado mexicano, incumple con los compromisos internacionales de garantizar un espacio laboral libre de riesgo, pero en particular con el respeto que se debe a un trabajo digno, ajeno a humillaciones y abusos”.
Una producción de la
Agencia Internacional de Prensa India
(AIPIN)
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