Amnistía Internacional se encuentra gravemente preocupada por la seguridad y el estado de salud de la activista Adela Gómez Martínez quien permanece detenida en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados No.14 (CERSS No14) la localidad de El Amate de Cintalapa, Estado de Chiapas.
La organización teme que su detención pueda ser una represalia por su activismo.
El pasado 15 de agosto, agentes de la policía federal y municipal detuvieron, sin presentar orden judicial alguna, a Adela Gómez, su pareja, Noé Hernández Caballero.
Durante el mismo operativo se detuvo también a dos personas que se encontraban en el lugar que fueron liberadas al poco tiempo pero, según informes, mientras permanecieron bajo detención fueron golpeados, insultados y amenazados por los agentes de policía. Un policía les dijo: “No se metan, si no, ¿saben qué? Se le va a cargar la chingada”. Tania Itzel Rincón Gómez, una de las personas detenidas, denunció que mientras se encontraba detenida, fue víctima de agresión sexual.
Según información recibida por Amnistía Internacional, Adela Gómez no ha recibido atención médica adecuada durante su reclusión a pesar de que sufre una grave enfermedad crónica que le afecta a los huesos y requiere tratamiento médico específico. También tiene una quemadura de segundo grado en la mano izquierda, sufrida antes de su detención.
Amnistía Internacional llama las autoridades a garantizar que, mientras permanece recluida, Adela Gómez Martínez reciba la atención médica necesaria.
Así mismo, la organización solicita una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la detención, el 15 de agosto, de Adela Gómez Martínez, Noé Hernández Caballero, Tania Itzel Rincón Gómez y Pavel Marx Hernández Gómez, y sobre las denuncias de malos tratos y amenazas infligidos durante su reclusión.
Información adicional
Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero son integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), una organización de activismo de base. El 8 de agosto, la ONPP y otra organización política de base de Chiapas convocaron una manifestación, en la que cortaron un puente internacional, para exigir acciones al gobierno estatal. El día de las detenciones, las autoridades cancelaron una reunión con
Noé Hernández Caballero y Adela Gómez y presentaron cargos de disturbios y extorsión contra Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, al parecer en relación con la protesta del 8 de agosto.
La ONPP es una organización social creada en 2006. Coordina unos 10 grupos diferentes que exigen a las autoridades locales acciones sobre, por ejemplo, el acceso a los recursos, la ayuda económica, proyectos sociales o problemas de tierras que afectan a comunidades indígenas y campesinas, así como la liberación de personas encarceladas que pertenecen a sus organizaciones.
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