MARGENA DE LA O ( )
Chilpancingo, 24 de julio. A la medianoche de ayer, la Policía Comunitaria de Olinalá, que depende de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), liberó a los servidores públicos retenidos en respuesta al hecho de que la Marina y el Ejército detuvieron a tres policías comunitarios el domingo por la noche, por portar armas, después de un acuerdo con el gobierno estatal.
Hasta las 10 de la noche, hora en que se basó la información publicada en la edición de hoy en este diario, la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García; el de Huamuxtitlán, Miguel Bitrago Reyes, y el comandante de la Policía Comunitaria, Cristóbal Rendón Escamilla, no habían llegado a acuerdos con el director de Gobernación, Moisés Alcaraz Jiménez, quien acudió hasta ese municipio para negociar la liberación de los servidores públicos retenidos. Los policías comunitarios que entregaron a la PGR salieron el lunes a medianoche.
Salgado García, en entrevista esta mañana, acusó al Ejército y la Armada de impulsar una campaña de hostigamiento contra el sistema de justicia comunitario.
Entre las causas de la demora en la liberación de los empleados públicos está el que la Policía Comunitaria pedía que los gobiernos federal y estatal intervinieran para que el Ejército y la Marina regresaran a sus bases, pusieran fin hostigamiento y acoso contra la Crac y respetaran a la Policía Comunitaria. Jiménez Alcaraz se rehusaba porque supuestamente eran demandas que salían de la competencia del gobierno estatal.
La Crac exigió también que el alcalde de Olinalá, Eusebio González, se comprometiera a respetar a la Policía Comunitaria, es decir a permitir el libre funcionamiento del sistema de seguridad y justicia comunitario. En total, fueron siete puntos que pidió la Coordinadora, incluida una reunión con los mandos de la Marina, el Ejército y Seguridad Pública estatal.
Al final, decidió liberar al director de Seguridad Pública municipal, Lorenzo Medardo Vázquez; al auxiliar del Ministerio Público del fuero común, Francisco Bello Pineda, y a los seis policías municipales: Mauro Ponce Almazo, Guillermo Morales Gaspar, Eligio Palma Tomás, Isaí Lucero Lucero, Eugenio Lara Salgado y Jesús Navarrete.
Pero no entregó los seis rifles AR-15, la pistola calibre 9 milímetros, los seis chalecos antibalas y la patrulla que retuvo junto con lo servidores públicos. La PGR tampoco entregó, al liberar a tres policías comunitarios, las dos armas calibre 38 súper, y una 9 milímetros que les quitó el Ejército.
Opina el líder de la Upoeg
Entrevistado aparte, Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que coordina el Sistema de Seguridad Ciudadano y Policía Ciudadana (SSC-PC), coincidió con Salgado García en que el Ejército y la Marina quiere desacreditar los sistemas de justicia ciudadanos y comunitarios.
Incluso, “pareciera que son voceros de la delincuencia, por eso los ciudadanos de Xaltianguis están tomando medidas. Nos han desarmado grupos de policías en la Costa Chica. Estamos preparando una acción civil para protestar por todas estas medidas que está tomando el Ejército”.
Justamente esta mañana policías ciudadanos bloquearon la carretera federal hacia Acapulco, en la comunidad de Xaltianguis, contra los soldados.
“Nos están hostigando de manera permanente a los grupos (de policías ciudadanos). Ya han desarmado a varios grupos, y parece ser que se preocupan más donde hay tranquilidad, y no donde hay conflictos”, comentó en entrevista después de una reunión en Palacio de Gobierno.
Consideró que Xaltianguis ha sido acusado por los militares, y “hoy los ciudadanos protestaron porque no están de acuerdo en que desarmen a los policías ciudadanos, menos que desaparezcan, porque ya no confían en los cuerpos policíacos”.
Agregó: “¿Por qué quieren desarmar a nuestras policías ciudadanas. Por qué mejor, ellos no desarman a la delincuencia, y ponen orden, para que haya tranquilidad en Guerrero?. Después, si quieren, que nos sometan”.
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