El Gobierno costarricense negó este domingo que haya intenciones de que el país sea militarizado por Estados Unidos a pesar de haber autorizado el arribo al país de unos 48 buques de guerra y más de 7 mil efectivos de las fuerzas navales, con inmunidad plena, para el 1 de julio.
Esta resolución del Parlamento ha generado una ola de controversias en el país donde la oposición expresó su rechazo a la disposición que propicia una ocupación militar de parte de EE.UU.
Este viernes, la Asamblea Legislativa costarricense aprobó con 31 votos a favor y ocho en contra una solicitud del Ejecutivo de permitir el ingreso de las fuerzas navales norteamericanas con la excusa de combatir el narcotráfico.
Ante esta decisión, partidos costarricenses como Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC) manifestaron su rechazo ante la medida por considerar que la cantidad de militares estadounidenses en el país es desproporcionada en relación con la labor que supuestamente vienen a cumplir.
El Ejecutivo ha explicado que esta presencia militar sirve para reforzar el trabajo que los guardacostas estadounidenses viene realizando desde hace 11 años en el territorio para hacer frente al tráfico de drogas, lo cual se hace en conjunto con las autoridades costarricenses.
A través de la red social Facebook, la mandataria del país centroamericano, Laura Chinchilla, indicó que su administración no tenía intenciones de convertir la lucha contra el narcotráfico en un asunto militar.
Agregó que el ministro de Seguridad costarricense José María Tijerino explicaría este lunes los detalles del acuerdo firmado con Washington.
No obstante, el ministro de Seguridad adelantó en unas declaraciones ofrecidas a la prensa local que los militares de EE.UU. vienen al país para respaldar a los guardacostas por unos seis meses, por lo tanto estarán bajo su mando.
También dijo que los más de 7 mil efectivos no arribarán al territorio al mismo tiempo ni sustituirán a los efectivos policiales costarricenses.
Comentó que era necesario este apoyo de parte del Ejército naval del país del norte debido a que la lucha contra el tráfico de estupefacientes sigue perdiéndola tanto las autoridades estadounidenses como las costarricenses.
El jefe de la policía antidrogas del país latinoamericano, Mario Boraschi, declaró también a la prensa que era mejor ver circular por las calles soldados norteamericanos que a sicarios y traficantes de droga.
Ante esta situación, que para muchos en el país es una violación a la soberanía nacional, el diputado Luis Fishman, del PUSC, anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad contra la medida legislativa porque considera que transgrede principios fundamentales de la Carta magna.
El parlamentario aclaró que la Constitución del país especifica que el Congreso es el que debe autorizar el ingreso de naves y aviones militares en cada caso en particular y no de forma masiva.
Adicionalemente, movimientos sociales y civiles han expresado su desaprobación a través de la Internet.
Una de las mayores preocupaciones que genera en la población el ingreso de militares estadounidenses a Costa Rica es que los soldados gozarán de un permiso especial que impide que sean detenidos o juzgados por algún delito que pudieran cometer en el territorio.
Costa Rica no es la única nación latinoamericana que tiene presencia militar estadounidense. A finales de 2009 el Gobierno colombiano firmó una autorización que para que fueran instaladas en el país siete bases militares de la nación norteamericana.
Sin embargo, el país andino ha permitido el ingreso de marines estadounidenses desde 1991, cuando se concibió el Plan Colombia, supuestamente diseñado también para la lucha contra el narcotráfico.
El pasado mes de mayo sectores políticos de Panamá se pronunciaron en contra de la existencia de tropas militares de EE.UU. en la provincia de de Dairén, fronteriza con Colombia.
Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario