ARTURO ALFARO GALÁN
A casi un año de la represión estatal contra el magisterio disidente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la recomendación número 29 de este año en contra de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón Rodríguez; de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Rodolfo Igor Archundia Sierra, y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Manuel Alonso García, por las agresiones físicas y verbales que propinaron a 15 profesores del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y tres activistas del Nodo de Derechos Humanos (Nodho) cuando se manifestaban pacíficamente en el zócalo de la capital el pasado 10 de junio de 2009.
De acuerdo con el expediente 5774/2009–C, iniciado por el activista Eduardo Almeida Sánchez, las dependencias incurrieron en acciones violatorias a los derechos humanos como maltrato, lesiones y golpes, así como la negación al derecho a la libertad de reunión.
El organismo, que encabeza Marcia Maritza Bullen Navarro, recomendó al procurador General de Justicia iniciar la respectiva averiguación previa en contra de quien resulte responsable por los hechos violentos que se generaron en las inmediaciones del Centro Histórico, en los que participó el comandante de la entonces Policía Judicial, Hugo Issac Arzola Muñoz, y 19 elementos adscritos a esa dependencia, además de iniciar las investigaciones por las agresiones a 17 personas.
En tanto, la CDH solicitó la colaboración del contralor municipal, Mauro Uscanga Villalobos, con el fin de que integrar a la brevedad posible el procedimiento administrativo 272/2009 –de los iniciados en la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial– en contra de los elementos de la Policía Municipal y demás personas que participaron en las agresiones a los manifestantes, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
El documento, que consta de 70 hojas, refiere que establece que las dependencias señaladas como responsables de la violación de los derechos humanos deberán emitir un documento para invitar a sus colaboradores y trabajadores a abstenerse de violentar las garantías individuales de los gobernados; además, deberán comprometerse para iniciar un programa de capacitación referente al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación nacional e internacional, principalmente a los relacionados con la libertad, integridad y seguridad de las personas.
La CDH informó que las dependencias tendrán 15 días hábiles para notificar si aceptan o no la recomendación emitida, la cual deberá cumplirse en los siguientes 15 días hábiles, pues de lo contrario “se hará del conocimiento a la opinión pública”.
El pasado 10 de junio de 2009, miembros de la disidencia magisterial de Puebla, después de haber realizado una manifestación en el zócalo de la ciudad, fueron agredidos por policías estatales y metropolitanos de la entidad cuando intentaron tomar el control del edificio alterno de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –ubicado frente al Congreso local–, donde rompieron cristales y quemaron propaganda del Partido Nueva Alianza (Panal) que se almacenaba en el lugar.
Durante la jornada al menos 15 profesores de los municipios de Puebla, Cholula, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan y Puebla, además de tres activistas de derechos humanos, fueron detenidos por elementos de la ahora Policía Ministerial (PM); en tanto, 30 personas más resultaron con heridas leves, debido a los golpes que recibieron de parte de los policías estatales.
Asimismo, en las agresiones resultaron heridos al menos cinco periodistas: Francisco Rivas, corresponsal del diario Reforma; Viridiana Lozano y Teresa Murillo, reportera y fotógrafo del periódico Cambio; Óscar Bolaños, fotoperiodista del diario Síntesis, y Juan Carlos Sánchez Díaz, fotoperiodista del diario digital Poblanerías en línea.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular
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