El sociólogo Rico lamentó la falta de estadísticas sobre la comunidad gay
Los argumentos empleados en la demanda de inconstitucionalidad “son una hipocresía”
RAÚL TORRES
La falta de estadísticas o estudios que permitan conocer el tamaño y la situación social de la comunidad homosexual en el país y el estado tiene que ver con una cuestión moral que afecta al Estado laico, consideró el coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad de Guadalajara, Alfredo Rico Chávez.
Y es que ni en el Consejo Estatal de Población ni en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se cuenta con datos sobre las preferencias sexuales de la población debido a que “eso no se pregunta en las encuestas”, según explicaron algunos trabajadores de estas instituciones.
Lo anterior, indicó Rico Chávez, complica las cosas para la comunidad homosexual, pues parece que ser heterosexual es “lo normal” y en un Estado laico la preferencia sexual no debe ser una limitante para ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones.
El académico consideró que no sólo en el manejo de las estadísticas se vulnera el Estado laico, sino que éste también se ve afectado con posturas como la del gobierno de Jalisco ante la posibilidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.
Recordó que los argumentos legales con los que el gobierno estatal intenta justificar su demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia son más bien hipócritas, pues se intenta imponer un posicionamiento moral a un ordenamiento legal establecido en otra entidad, con lo que se transita por el borde del “rompimiento del contrato social”.
“La ley superior está por encima de cualquier reglamento y la Constitución dice que todos somos iguales; además hay que recordar que el planteamiento del Distrito Federal es sencillo pero lleva todo un sentido filosófico detras, pues plantea la unión de dos personas, no de un hombre y una mujer”.
Para Juan Carlos Hernández, integrante del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, la posición del gobierno del estado obedece más bien a la resistencia de grupos ultraconservadores ante la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar.
En ese contexto recordó que cuando se trata de imponer obligaciones el Estado no distingue preferencia sexual alguna, pero cuando se trata de otorgar derechos es selectivo. “Eso es una aberración jurídica”, indicó.
Señaló que aunque en México no hay estadísticas sobre el tamaño de la comunidad homosexual, la Organización Mundial de la Salud, desde 1946, estimó en su décimo quinto informe que en cada población hay entre un 8 y 10 por ciento de homosexuales hombres, entre 6 y 8 por ciento de homosexuales mujeres y cerca del 15 por ciento de bisexuales.
Las anteriores legislaturas lo permitieron
Hoy el blog del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) publica un artículo referente a este tema y recuerda que la negativa de las dos pasadas legislaturas a aprobar una Ley que previniera y sancionara la discriminación en el estado, hoy cobra todo su sentido.
“El absurdo blindaje en la Constitución Política de Jalisco para proteger la vida desde la concepción contrario a los avances internacionales en torno a los derechos de las mujeres y ahora la supuesta defensa de la familia”; emprendida por Emilio González Márquez, son prueba de ello”, señala el artículo.
En su publicación, Cepad cita al constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli, quien apenas la semana pasada estuvo en el país y señaló en entrevista con Carmen Aristegui que “no es el consenso de la mayoría el que legitima los derechos fundamentales. Son legítimos porque garantizan igualdad. No importa que sean contramayoritarios si cumplen con esa función”.
En opinión de este organismo, lo más grave son los argumentos que utiliza el gobernador, Emilio González Márquez en su demanda de inconstitucionalidad, pues destaca su temor a la aplicación de la ley en Jalisco, “con lo que se busca evitar que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y luego adquieran derechos.
“Basta con leer el artículo primero de la Constitución Federal, para darnos cuenta que la acción judicial presentada por Emilio González Márquez y otros gobernadores, son una clara aceptación de la existencia de la discriminación desde el poder político. Hay que estar atentos porque puede presentarse cabalmente una inconformidad ante el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se busque la reparación”, indica el documento que se puede leer completo en: http://cepadorg,blogspot.com.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular
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