martes, 9 de febrero de 2010

Ejidatarios de Tomatlán denuncian presiones para vender sus tierras

Los han amenazado de que, de no cederlas, serían desposeídos sin indemnización

JUAN CARLOS G. PARTIDA (Enviado)

Ejido Morelos, Tomatlán, 7 de febrero.- Ejidatarios de José María Morelos, donde se encuentran las playas de Chalacatepec en las que el gobernador anunció que se construirá el “nuevo Cancún”, denuncian que han sido presionados para que vendan sus tierras bajo la advertencia de que están sobre propiedad privada, y que de no cederlas podrían ser echados sin recibir dinero a cambio.

En realidad se trata de un engaño, pues aunque en efecto existió pequeña propiedad dentro del ejido, esas tierras fueron adquiridas para beneficio de los ejidatarios por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), entre 1991 y 1993.

Esos dos años la SRA compró 736 hectáreas en el predio Param y Xola, para terminar con el régimen de pequeña propiedad luego de que varios particulares habían logrado, mediante un amparo otorgado en 1971, impedir que esas tierras fueran incorporadas al régimen ejidal en José María Morelos y Campo Acosta. Las 736 hectáreas fueron compradas a la familia Arias García, 600 hectáreas, y a Sergio Medina Espinosa, 136.

Los primeros recibieron el pago el 27 de junio de 1994 mediante cheques 01834855 y 01834858 expedidos por la Tesorería de la Federación. El primero de julio de ese año los Arias García firmaron el recibo correspondiente por 2 millones 241 mil, elaborado por el oficial mayor de la SRA.

En el caso de Sergio Medina Espinosa, las 136 hectáreas que vendió a la SRA las adquirió en 1989 de Dolores Gutiérrez viuda de Castañeda, según consta en el Registro Público de la Propiedad, enajenando a su vez la propiedad a la SRA, según convenio del 23 de diciembre de 1991.

Desde que la venta de las tierras particulares a la SRA se dio como un hecho, comenzaron los trámites para incorporarla a los ejidos. En 1993, la SRA a través de su Oficialía Mayor, ordenó a la delegación Jalisco que hiciera entrega formal a los dos ejidos de la superficie comprada, además de las anotaciones e inscripciones correspondientes en los registros públicos.

Un informe de la Dirección General de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco del año 2001, del cual La Jornada Jalisco tiene copia, detalla que tras la compra de esas hectáreas por la SRA, la Oficialía Mayor de la dependencia federal, con las constancias que le remitirían desde Jalisco, comenzaría el procedimiento de incorporación de tierras al régimen ejidal.

“La Coordinación agraria del estado solicitó, el 30 de abril de 1997, al Registro Público de la Propiedad con sede en Puerto Vallarta, las anotaciones preventivas en las inscripciones materia de la compra”, dice el informe.

El interés del gobierno estatal de entonces, presidido por Francisco Ramírez Acuña, era conocer las condiciones de tenencia de la tierra y adquirir esas hectáreas para “realizar obras de infraestructura en la superficie comprada por la SRA a favor de los dos poblados (José María Morelos y Campo Acosta), por lo que necesita obtener dicha superficie”.

Campo Acosta 1960

El Ejido Campo Acosta fue creado por resolución presidencial el 6 de diciembre de 1960, según consta en el Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de 1960. La dotación fue de 7 mil hectáreas tomadas del predio conocido como La Nance, propiedad del general Roberto Fierro Villalobos. Se destinaron 4 mil 560 hectáreas para formar 228 parcelas, incluida la escolar.

La dotación fue de 20 hectáreas por parcela y 100 hectáreas para la zona urbana del poblado, mientras que las 234 restantes para los usos colectivos de los beneficiarios. La ejecución se dio en octubre de 1963.

La ejecución de la resolución presidencial afectó al predio Param y Xola, el cual reclamaron como de su propiedad Carlos Jiménez Serrano, Cecilia Gutiérrez de Albachten, Francisco García Rodríguez, José Luis Arias García, Carmen Mercado de Gutiérrez, Manuel Ignacio Arias García, Carlos Felipe Arias García, Antonio Jimeno Serrano y José Luis Arias Guzmán, quienes interpusieron el amparo 2130/65 contra el efecto y defecto en la ejecución de las dos resoluciones presidenciales, el cual fue sobreseído.

Ello motivó que los solicitantes del amparo interpusieran la revisión 2446/66 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en julio de 1971 resolvió otorgar el amparo a los propietarios quejosos, ordenando a la SRA excluir el predio Param y Chola de los dos planos en los ejidos José María Morelos y Campo Acosta.

Sin embargo, los ejidatarios de Morelos se negaron a entregar la posesión ordenada y no firmaron el acta levantada. En 1992, la Dirección general de tenencia de la tierra de la SRA emitió un acuerdo declarando sin efectos legales las ejecuciones y los planos proyectos de los dos núcleos agrarios, acuerdo en el que también se instó al delegado agrario en Jalisco a restituir la posesión a los protegidos por el amparo.

A finales de 1999, la representación de la SRA localizó la propiedad amparada y la excluyó. En el 2000, la Dirección ejecutiva de la unidad técnica operativa de la SRA aprobó los planos de los dos ejidos, con la exclusión del predio amparado, aunque en el caso de Morelos sólo se trata de un plano proyecto, según consta en el expediente 22/74.

De hecho y para insistir en el deslinde de tierras ejidales y particulares, a pesar de la creación de un fideicomiso en el que figuran los particulares citados cuatro párrafos atrás, el 12 de junio de 2009 el Comisariado Ejidal de José María Morelos envió al director general de la Unidad Técnica Operativa de la SRA, solicitaron la formal inscripción de la resolución presidencial en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para cancelar las inscripciones de las escrituras de la finca denominada Nance y de las compraventas derivadas de esta finca en una superficie de 12 mil 400 hectáreas.

La solicitud fue respondida el 26 de junio del año pasado, en la cual la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA pidió–sin conseguirlo hasta ahora- al delegado estatal Alejandro Hernández González que previa verificación de que no exista impedimento legal alguno, gestione ante el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta la inscripción respectiva.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

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