Amnistía Internacional recibió con beneplácito los aspectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas en Oaxaca entre el 2006 y el 2007 y atribuyen la responsabilidad de los hechos a algunos altos funcionarios, incluyendo al gobernador de Oaxaca.
Las autoridades federales y estatales deben ahora pasar a la acción y llevar a la justicia a todos los responsables y asegurarse que las victimas reciban justicia y reparaciones.
El conflicto en Oaxaca empezó después de que las fuerzas de seguridad se enfrentaran con maestros en huelga que pedían la renuncia del gobernador de Oaxaca. El enfrentamiento violento tuvo como consecuencia un movimiento de protesta masivo que paralizó a la ciudad de Oaxaca durante muchos meses. Más de una docena de personas fueron matadas durante reiterados enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cientos de personas y transeúntes fueron detenidos y sufrieron tortura u otros malos tratos. Prácticamente ninguno de los abusos ha sido investigado eficazmente y casi nadie ha sido procesado.
La resolución de la Corte es positiva, sin embargo los abusos cometidos en Oaxaca no deben ser dejados impunes.
Aquellos que ordenaron, ejecutaron o no tomaron acción para evitar los asesinatos, las detenciones ilegales, la tortura y el uso de la fuerza excesiva y aquellos que no llevaron a cabo investigaciones exhaustivas sobre los abusos, deben ser llevados a la justicia urgentemente. El incumplimiento de esta obligación causará solo más abusos.
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