Su presencia criminaliza a pobladores y líderes, critica
Fuente: La Jornada de Guerrero
CORRESPONSALÍA Y M. DE LA O
El ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos de los pueblos originarios, Rodolfo Stavenhagen, recriminó la presencia del Ejército en las comunidades indígenas, y aseguró que con la presencia de los soldados están criminalizando a los líderes de los movimientos sociales y a las pobladores.
Exigió al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y al de Felipe Calderón Hinojosa desmilitarizar las comunidades.
El investigador del Colegio de México reprobó toda acción del Ejército contra los pueblos y sentenció que su presencia criminaliza las comunidades indígenas.
“Lo que necesitamos es de organismos que luchen por sus derechos, para negociar con los gobiernos y los actores económicos como las empresas nacionales e internacionales”, expresó.
Advirtió que los militares no ayudan a mejorar la condiciones de vida de las comunidades, porque actúan como si estuvieran en un país ocupado.
Alertó que las violaciones a los derechos de las comunidades se incrementaron a partir de la militarización.
Lamentó que en Guerrero haya 21 comunidades con el índice más bajo de desarrollo humano y sean los más pobres del país.
Rechazan a la Semujer
Las indígenas violadas por militares Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, rechazaron el apoyo jurídico y emocional que pretendía brindarles la Secretaría de la Mujer (Semujer), informó la titular de la dependencia, Rosa María Gómez Saavedra, quien pidió justicia para ambas.
Durante la conferencia de prensa en Chilpancingo para dar a conocer el programa por los 56 años del voto femenino, la funcionaria del gobierno estatal mencionó que a través de la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, se intentó dar apoyo, primero sicológico, a través del programa contención emocional, y después algún asesoramiento jurídico, sin embargo, prefirieron acudir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
En su momento las indígenas se quejaron de la pasividad del sistema estatal, por tanto prefirieron acudir a otras instancias.
A propósito, Gómez Saavedra manifestó: “creemos que es una obligación del gobierno atender esa problemática que se vive, por ello como secretaría le planteamos esa propuesta”. Aseguró que han respetado la decisión de Valentina e Inés de no incluir a la dependencia en el caso.
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