El documento del ombudsman será la base de su actuación
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión Soberanía Popular
MELINA GIL
“Se reconoció lo que habíamos venido argumentando: que el proceso está viciado de origen”, externó Arturo Martínez Molina, hermano del ex primer comandante regional de Zitácuaro, quien permanece detenido junto con el resto de los ex funcionarios michoacanos desde el 26 de mayo.
Lo anterior, luego de que ayer se hiciera público el reconocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación de las garantías individuales con el michoacanazo.
Martínez Molina, Claudia Oropeza –esposa de Ignacio Mendoza Jiménez, ex procurador del estado– y la presidenta de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos en Michoacán, Cristina Cortés, también anunciaron que el documento emitido por la CNDH se utilizará para llevar el caso ante Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La intención es que estas instancias presionen al gobierno federal para que cumpla los compromisos en cuanto a garantías individuales adquiridos en diferentes tratados y convenciones”, detalló Martínez Molina.
Describió que el objetivo es que se revise el expediente para lograr avances como en los casos de Brad Will –periodista neoyorquino asesinado en Oaxaca– o de la indígena Jacinta –encarcelada por supuesto secuestro de fuerzas policiales. “Estamos seguros de que cualquier instancia que de verdad se enfoque en el expediente verificará las violaciones que hubo y sigue habiendo. Los testigos protegidos cambian y amplían su versión cada vez que quieren y el juez se los permite”, señaló.
“Cualquier instancia que estudie el expediente, por lógica pedirá que los procesados sean liberados, porque no existen pruebas de su culpabilidad”, argumentó.
Si bien la exposición del caso ante la comunidad internacional es un punto que ha permanecido constante en la agenda de los familiares, para determinar cuándo podrían iniciar estas gestiones, Martínez Molina señaló que falta consensuarlo.
Sobre la posibilidad de denuncias penales ante las autoridades señaladas en la recomendación (Policía Federal y la Procuraduría General de la República), los familiares indicaron que no han decidido al respecto.
De realizarse, se contaría con el apoyo de la Comisión Plural del Senado que ha acompañado el caso, para garantizar una fuerza legal e incluso mediática.
En relación con este punto, en la opinión de Claudia Oropeza, esta acción quedaría en un segundo plano, “porque lo que más nos interesa es enfocarnos en alcanzar la libertad de los detenidos, no quisiéramos que se tomaran represalias, revanchismos, en contra de ninguna de las partes. Queremos que se haga justicia y se demuestre la inocencia de ellos”.
La noticia de la recomendación realizada por la CNDH será dada a conocer por los detenidos a través de sus familiares, quienes desde ayer se dirigieron a Tepic, Nayarit.
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