Fuente: La Jornada de Oriente
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Habitantes de la comunidad de San Andrés Azumiatla volvieron a reunirse este sábado para acordar una nueva estrategia de defensa legal de sus 18 detenidos, tras el auto de formal prisión por presuntos delitos graves cometidos durante el enfrentamiento con la Policía poblana el pasado 25 de abril, mismo que les dictó el juez primero de lo penal, Javier Vázquez Fernández.
Esto luego de que el abogado particular que los estaba defendiendo, Irán Benítez, cometió una serie de “errores” que culminaron con el encarcelamiento de los campesinos, entre éstos un menor de 16 años de edad, una mujer embarazada y otra que estaba lactando a un infante de tres meses de edad.
El principal yerro de Benítez fue que solicitó un amparo al juez cuando de entrada los delitos por los que se les acusa a los de Azumiatla son graves y no alcanzan ninguna fianza: privación ilegal de la libertad, daños en propiedad ajena con la agravante de incendio, lesiones y motín.
El litigante, que fue enviado por el ayuntamiento, debió haber emprendido otra estrategia y no irse sólo por la vía del amparo. Eso sí, antes, Benítez cobró 18 mil pesos a los campesinos de sus honorarios por haberlos “defendido”; es decir, mil pesos a cada uno de ellos.
Así lo señaló el representante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en Puebla, Hilario Alonso Flores, cuya agrupación se encargará de la defensa legal de los habitantes de esa comunidad.
Durante el fin de semana, este diario buscó a Benítez para conocer su versión acerca del caso de Azumiatla, así como de estos señalamientos, pero la línea telefónica móvil que hasta el pasado viernes contestaba dejó de existir; ahora una grabación responde que “ese número no existe”.
Alonso Flores lamentó que la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla haya intimidado a los campesinos de la junta auxiliar que se disponían a marchar el jueves pasado, de la Procuraduría General de Justicia al penal de San Miguel, para exigir la liberación de sus compañeros: a través de un enviado, se les exigió a los labriegos no asistir a la marcha o de lo contrario “nunca los vamos a soltar”.
Por ello, a la marcha sólo asistieron los integrantes del Consejo Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra del Valle delPopo–Izta, pues se decidió que no se daría oportunidad a Gobernación de argumentar que por negativa de los campesinos, no se dejó libre a los otros 18, indicó.
“Gobernación lo sabe, Mario Montero lo sabe, que los que están detenidos no participaron en el enfrentamiento con la policía; por el contrario, esas personas fueron las que ayudaron a los topógrafos y al empleado de la SCT para que otros no los lincharan. Incluso el presidente auxiliar ya se los declaró: los llevaron incluso a las azoteas de la presidencia y de otras casas para que no los fueran a agredir, y por eso los detuvieron”, sostuvo el dirigente.
Otros ni siquiera estuvieron presentes, como Eleuterio Escalona, quien iba a su casa junto con su familiares cuando una bala perdida lo alcanzó en un pie; horas después, en el Hospital General de Agua Santa, fue detenido cuando llegó a curar su herida: los médicos le preguntaron de dónde venía y al responder que de San Andrés Azumiatla, dieron parte a la Policía. Hoy lleva una semana internado en el penal de San Miguel.
Alonso Flores estuvo acompañado de los demás integrantes del Consejo Regional, quienes ofrecieron su apoyo a la comunidad y Azumiatla lo aceptó, por lo que se sumó a la defensa de la tierra y el agua, así como a la oposición a los proyectos carreteros del gobierno del estado como los arcos norte, oriente, sur–poniente y al Proyecto Aura en la presa de Valsequillo.
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