Reprocha Chavarría encarcelamientos y asesinatos de luchadores sociales
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 24 DE ABRIL. El silencio llenó el recinto cuando el coordinador de la fracción del PRD, Armando Chavarría Barrera, advirtió al secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos –en el cierre de una larga y monótona comparecencia de casi seis horas– que en el Congreso había un acuerdo para fortalecer su autonomía y reintegrar su dignidad republicana “aunque para ello tenga que enfrentarse a los resabios autoritarios del Ejecutivo”.
Antes, durante los cuestionamientos, réplicas y contrarréplicas, varios diputados habían aprovechado la ocasión para recriminar la ausencia del mandatario estatal, quien otra vez prefirió sus informes regionales en vez de rendir cuentas desde el Congreso local.
Aparentemente, Chavarría habló a nombre de su fracción, pero desde sus asientos las caras fruncidas de los diputados afines al gobernante, como Carlos Alvarez y Gisela Ortega, denotaron que el presidente de la Comisión de Gobierno se fue por la libre.
“No admitiremos que mediante presiones políticas o presupuestales ni de ninguna otra naturaleza se atente contra la autonomía del Poder Legislativo”, espetó Chavarría, luego de establecer que el nuevo gobierno –del que formó parte los tres primeros años, precisamente en el cargo de Ramírez Ramos– desdeñó “establecer una alianza con el movimiento social para contrarrestar las fuerzas del viejo caciquismo y al gobernar con las viejas estructuras del poder terminó, irremediablemente, controlado por esas fuerzas”.
Reprochó que Torreblanca alentó con ello “la beligerancia de los viejos intereses” y de esta forma revivieron “políticas del pasado que creíamos superadas”, entre ellas, las órdenes de aprehensión y encarcelamiento de dirigentes sociales y los asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce.
Aclaró que no acusa al gobierno de esos crímenes, sino “de la falta de una política firme de respeto a los derechos humanos, que inhiba a las fuerzas represivas del estado”.
Recriminó la impunidad en que han quedado esos crímenes, como del extinto candidato a diputado local Homero Lorenzo, del periodista Amado Ramírez, “lo que alentaba más a las fuerzas atrasadas del estado”.
Luego de lo anterior, Chavarría advirtió del cierre de filas entre los integrantes del Poder Legislativo, aunque no descartó que “tal vez uno o dos miembros de esta legislatura se vean tentados a ceder su libertad a cambio de favores” para concluir que quienes votaron por la alternancia no esperaban un cambio de la noche a la mañana, pero si un cambio de actitud, de inclusión en la toma de decisiones, “y lamentablemente hubo regresión y autoritarismo”.
Cuando Chavarría regresó a su curul, Carlos Alvarez sólo apretó la mandíbula y prosiguió con las anotaciones en su lap top; en tanto, del lado de la fracción priísta había sonrisas de aprobación –sobre todo del coordinador de la bancada, Héctor Vicario– ignorando de manera deliberada su vinculación a esas fuerzas del pasado que mencionó su par perredista.
La comparecencia
La Parota, los presos de conciencias, el subejercicio presupuestal, el problema del transporte, la falta de un titular en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y los trabajos de la reforma política fueron algunas de las principales preocupaciones planteadas a Ramírez Ramos.
El diputado del PRD, Sebastián de la Rosa, solicitó al funcionario información sobre la situación de los presos de conciencia en las cárceles de Guerrero, según la denuncia de organismos defensores de derechos humanos e instancias internacionales.
Ramírez Ramos aseguró que los penales de la entidad no hay nadie recluido por defender sus ideas.
Indicó que todos los presos incurrieron en actos delictivos, “sí a esos se les llama presos de conciencia, entonces sí hay”.
El diputado convergente Efraín Ramos cuestionó al funcionario sobre las estrategias diseñadas del gobierno estatal para hacer posible el proyecto de La Parota y preguntó si en el gobierno no había mejores operadores políticos, por que quienes han tenido esa función, evidentemente, han fracasado.
El secretario reprochó que desafortunadamente el proyecto no se ha hecho realidad porque quienes se oponen tienen “un total rechazo a cualquier propuesta por buena y beneficiosa que sea”.
Resaltó que en la zona del embalse se hicieron avalúos sobre el valor de las tierras para hacer el pago a los afectados, pero que los resultados no se han dado a conocer para no provocar una especulación que resultaría contraproducente para el mismo proyecto.
Informó que en este 2009 siguen presupuestados los recursos para la obra y las indemnizaciones.
Sobre el titular de la Fepade, Ramírez Ramos respondió con simpleza que continúan en la búsqueda de un abogado con el perfil para cubrir el puesto.
La diputada que planteó este tema, la priísta Guadalupe Gómez expuso que por lo visto no habían puesto mucho empeño en encontrarlo porque, aseveró, en Guerrero había muchos profesionales que cubrían los requisitos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 24 DE ABRIL. El silencio llenó el recinto cuando el coordinador de la fracción del PRD, Armando Chavarría Barrera, advirtió al secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos –en el cierre de una larga y monótona comparecencia de casi seis horas– que en el Congreso había un acuerdo para fortalecer su autonomía y reintegrar su dignidad republicana “aunque para ello tenga que enfrentarse a los resabios autoritarios del Ejecutivo”.
Antes, durante los cuestionamientos, réplicas y contrarréplicas, varios diputados habían aprovechado la ocasión para recriminar la ausencia del mandatario estatal, quien otra vez prefirió sus informes regionales en vez de rendir cuentas desde el Congreso local.
Aparentemente, Chavarría habló a nombre de su fracción, pero desde sus asientos las caras fruncidas de los diputados afines al gobernante, como Carlos Alvarez y Gisela Ortega, denotaron que el presidente de la Comisión de Gobierno se fue por la libre.
“No admitiremos que mediante presiones políticas o presupuestales ni de ninguna otra naturaleza se atente contra la autonomía del Poder Legislativo”, espetó Chavarría, luego de establecer que el nuevo gobierno –del que formó parte los tres primeros años, precisamente en el cargo de Ramírez Ramos– desdeñó “establecer una alianza con el movimiento social para contrarrestar las fuerzas del viejo caciquismo y al gobernar con las viejas estructuras del poder terminó, irremediablemente, controlado por esas fuerzas”.
Reprochó que Torreblanca alentó con ello “la beligerancia de los viejos intereses” y de esta forma revivieron “políticas del pasado que creíamos superadas”, entre ellas, las órdenes de aprehensión y encarcelamiento de dirigentes sociales y los asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce.
Aclaró que no acusa al gobierno de esos crímenes, sino “de la falta de una política firme de respeto a los derechos humanos, que inhiba a las fuerzas represivas del estado”.
Recriminó la impunidad en que han quedado esos crímenes, como del extinto candidato a diputado local Homero Lorenzo, del periodista Amado Ramírez, “lo que alentaba más a las fuerzas atrasadas del estado”.
Luego de lo anterior, Chavarría advirtió del cierre de filas entre los integrantes del Poder Legislativo, aunque no descartó que “tal vez uno o dos miembros de esta legislatura se vean tentados a ceder su libertad a cambio de favores” para concluir que quienes votaron por la alternancia no esperaban un cambio de la noche a la mañana, pero si un cambio de actitud, de inclusión en la toma de decisiones, “y lamentablemente hubo regresión y autoritarismo”.
Cuando Chavarría regresó a su curul, Carlos Alvarez sólo apretó la mandíbula y prosiguió con las anotaciones en su lap top; en tanto, del lado de la fracción priísta había sonrisas de aprobación –sobre todo del coordinador de la bancada, Héctor Vicario– ignorando de manera deliberada su vinculación a esas fuerzas del pasado que mencionó su par perredista.
La comparecencia
La Parota, los presos de conciencias, el subejercicio presupuestal, el problema del transporte, la falta de un titular en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y los trabajos de la reforma política fueron algunas de las principales preocupaciones planteadas a Ramírez Ramos.
El diputado del PRD, Sebastián de la Rosa, solicitó al funcionario información sobre la situación de los presos de conciencia en las cárceles de Guerrero, según la denuncia de organismos defensores de derechos humanos e instancias internacionales.
Ramírez Ramos aseguró que los penales de la entidad no hay nadie recluido por defender sus ideas.
Indicó que todos los presos incurrieron en actos delictivos, “sí a esos se les llama presos de conciencia, entonces sí hay”.
El diputado convergente Efraín Ramos cuestionó al funcionario sobre las estrategias diseñadas del gobierno estatal para hacer posible el proyecto de La Parota y preguntó si en el gobierno no había mejores operadores políticos, por que quienes han tenido esa función, evidentemente, han fracasado.
El secretario reprochó que desafortunadamente el proyecto no se ha hecho realidad porque quienes se oponen tienen “un total rechazo a cualquier propuesta por buena y beneficiosa que sea”.
Resaltó que en la zona del embalse se hicieron avalúos sobre el valor de las tierras para hacer el pago a los afectados, pero que los resultados no se han dado a conocer para no provocar una especulación que resultaría contraproducente para el mismo proyecto.
Informó que en este 2009 siguen presupuestados los recursos para la obra y las indemnizaciones.
Sobre el titular de la Fepade, Ramírez Ramos respondió con simpleza que continúan en la búsqueda de un abogado con el perfil para cubrir el puesto.
La diputada que planteó este tema, la priísta Guadalupe Gómez expuso que por lo visto no habían puesto mucho empeño en encontrarlo porque, aseveró, en Guerrero había muchos profesionales que cubrían los requisitos.
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