Fuente: La Jornada de Guerrero
Acusa el MSI persecución selectiva del Ejército y la PIM contra sus miembros
Los nahuas de la región, indefensos ante las autoridades por falta de dinero para abogados
LAURA REYES MACIEL
En las cárceles de Chilapa y Chilpancingo hay por lo menos 37 indígenas nahuas purgando sentencias por delitos que no se les han podido comprobar; de esa cifra, siete están vinculados con delincuencia organizada, mientras que el resto están presos por robo, violación y homicidio.
Miembros del Movimiento Social de Izquierda (MSI) informaron que hace cuatro meses siete indígenas de Hueycantenango –poblado con mil 500 habitantes– fueron sacados a golpes de sus viviendas por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y permanecen recluidos en el penal de Chilpancingo, por el supuesto delito de narcotráfico.
Sin embargo, uno de los nahuas, Rafael Torres Parcero, es uno de los 11 comisarios municipales de la región que en el 2000 se opusó al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), y por el cual encerraron hace tres años a ocho indígenas acusados de homicidio calificado, daños y lesiones.Como las autoridades no pudieron comprobar los delitos, fueron liberados la semana pasada.
La situación de los indígenas presos es complicada porque por ser pobres no tienen dinero para pagar una defensa profesional, además de que sólo hablan su idioma, les impide entender las condiciones de su proceso, que se maneja en español y sin traductor.
La PIM catea viviendas
El dirigente del MSI, Ranferi Hernández Acevedo, acusó que que efectivos de la PIM instalan retenes para infundir temor, además de que catean viviendas sin una orden y siembran pruebas a los habitantes.
“La agencia del Ministerio Público de Chilapa es una sacadera de dinero. En represalia buscan la forma de atorar a la gente. Incluso comisarios de Tlapa han denunciado que esos retenes nada más son para sacarles dinero”.
Aunado a ello, la PIM y el Ejército tienen ubicados a los comisarios e indígenas que participan en el MSI o en otras organizaciones sociales, para violar de manera sistemática sus derechos humanos, pues reprochó que las fuerzas castrenses conocen perfectamente las áreas donde están asentados los plantíos de enervantes, e incluso “narcotraficantes de renombre”.
Hernández Acevedo recordó que hace dos años un joven que salía de tomar sus clases de secundaria pidió un aventón a un grupo de hombres que circulaban en una camioneta pick up, y al pasar por un retén militar se encontró mariguana en el vehículo, por lo que fueron detenidos, aun y cuando el menor de edad les explicó su situación.
“Es un estudiante, lo demostramos y logramos la libertad de ese muchacho de 15 años. Estos retenes no son una persecución al narco, porque cuántos no estarían ya detenidos; ellos saben dónde están los narcotraficantes”.
Aunque no descartó que hay indígenas que siembren amapola y mariguana “orillados por su desesperación económica”, a los 37 que permanecen detenidos en los penales de Chilapa y Chilpancingo no se les han comprobado esos delitos.
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