Ernesto Villanueva
La Universidad de Guadalajara vive una crisis profunda. Las graves diferencias de percepción y de criterio sobre el papel de la segunda universidad pública se han ventilado en los medios reduciendo el conflicto a un asunto de descalificaciones personales. Estoy convencido de que esta vertiente del debate mediático constituye una cortina de humo que sólo deja ver la superficie y opaca el fondo de lo que puede ser posible. Veamos.
Primero. La Universidad de Guadalajara inició, desde la gestión como rector general de Trinidad Padilla, un proceso gradual de apertura informativa. Ese proceso tomó nuevos bríos con la llegada de Carlos Briseño a la rectoría. En este ámbito, incluso, la UdeG llegó a tener un mejor sistema de rendición de cuentas que la propia UNAM, a la que pertenezco.
Briseño cometió la herejía de atender las crecientes demandas de rendición de cuentas y de transparencia en la Universidad de Guadalajara y al mismo tiempo dejó de observar una regla de la política autoritaria: el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad. El conflicto estalló cuando se atrevió a pasar de los dichos a los hechos. Como si de un cártel del narcotráfico se tratase, sus detractores le increparon su traición a la persona de Padilla, pero pocos han dicho algo sobre los presumibles actos de corrupción en la UdeG y en las empresas que dependen de ella. ¿A quién debía ser leal el nuevo rector, al hombre que lo encumbró al cargo o a los contribuyentes que con sus recursos hacen posible la existencia de esta universidad, sobre todo si sus intereses son exactamente contrarios?
Segundo. Raúl Padilla es un político que ha hecho de la cultura un negocio para su promoción personal. Sus obras tienen mayor trascendencia que la preparación de los egresados de la Universidad de Guadalajara. Es la institución al servicio de la persona y no al contrario. En una extraña estructura, Padilla tenía (o tiene) 11 cargos dentro de la estructura universitaria. Obviamente, todos honoríficos como si de un filántropo se tratase. Las negativas de Padilla a las auditorías externas, bajo el argumento de que los asuntos de los universitarios deben resolverlos los universitarios, podrían ser atendibles si los "universitarios" aportaran el presupuesto de la UdeG. Pero no es así. Esa universidad le cuesta a la sociedad toda. ¿Cómo justificar que una universidad pública dedique una parte sustantiva de su presupuesto a tareas ajenas por entero a la investigación y la docencia? El licenciado Padilla ha creado toda una red que le permite controlar lo mismo una empresa de viajes, hoteles, ¡una inmobiliaria! y hasta estacionamientos. ¿Se imagina alguien el escándalo en la Ciudad de México si la UNAM se dedicara al negocio de los bienes raíces y la UAM le hiciera la competencia a los hoteles Sheraton?
Tercero. En particular es reconocible el trabajo de Gabriel Torres, el ahora desconocido vicerrector ejecutivo, quien logró que la UdeG obtuviera la más alta calificación en transparencia, según la evaluación hecha por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco. El depuesto rector general se sostiene apenas de la frágil y siempre negociable rama de un litigio judicial, en el que le fue revocada la suspensión provisional que le otorgó un juez de distrito. En un estado de derecho, Briseño tendría la razón legal. Obviamente en la sesión del Consejo General Universitario, en la cual fue despojado del cargo, no se atendió el supuesto previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Universidad, que establece que el rector "sólo podrá ser removido por el Consejo General Universitario por falta grave". Es importante hacer notar que la "falta grave" debe ser en perjuicio de la universidad, no de los intereses de Raúl Padilla y su equipo. De esta forma, conviene recordar que si bien el Consejo General Universitario es la máxima autoridad de la UdeG, ello no lo exenta de observar puntualmente el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, en el cual se establece que toda autoridad debe fundar y motivar sus actos.
Las posibilidades de que la UdeG realmente sea una universidad que rinda cuentas cuelgan de un hilo. Existe el riesgo probable de que la existencia de pesos y contrapesos en esa institución sufra una regresión, y ello por sí mismo afectaría la posibilidad de ejercer un escrutinio del quehacer universitario. Es de desear que ello no suceda, para bien del interés público. l
evillanueva99@yahoo.com
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