Marcos Matías Alonso**
Campeche: Esta breve intervención está lejos de pretender dar un panorama global de la “Política Pública Indígena” (PPI) sobre los diversos enfoques aplicados en la región. Cuando hablamos de política pública, nos referimos al conjunto de acciones de gobierno para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Bajo este enfoque, la PPI ha sido insuficiente e ineficiente. En todos, o en la mayoría de los países de la región, la pobreza indígena, lejos de disminuir, creció alarmantemente. Ello implica que las políticas públicas no han sido adecuadas para dar respuesta a la demanda de los pueblos indígenas.
La política pública y la arquitectura institucional del indigenismo oficial demostraron ser una estrategia equivocada. En la década de los ochenta, las instituciones indigenistas terminaron su ciclo y fueron reemplazados por nuevos organismos gubernamentales. Con dificultades, América Latina avanza hacia la elaboración de políticas públicas para reconocer el derecho a la diversidad cultural. Los desafíos hacia la transversalidad del tema indígena como política de Estado, es incipiente y en proceso de consolidación institucional. La política pública sin una política de Estado suele ser coyuntural y transitoria.
Sin suficientes recursos financieros no puede impulsarse una PPI de largo alcance y no debe ser una decisión sólo de los gobiernos o sus instituciones. Es indispensable garantizar la participación indígena. En la mayoría de los países de la región es incipiente la inclusión y participación plena de los pueblos indígenas. La PPI será insuficiente si no hay una adecuada participación indígena en la generación de los procesos legislativos, su inclusión en la estructura de mando institucional y en el diseño de las políticas públicas que se aplican para su beneficio.
La inclusión indígena en la estructura de mando institucional debe ser al más alto nivel. Ciertamente hay avances considerables que es necesario reconocer. Lourdes Tibán en Ecuador, Nicia Maldonado en Venezuela y Margarita Mbwangi en Paraguay, son ejemplos emblemáticos en donde la mujer indígena es enaltecida con el cargo de ministras para conducir la política indígena de sus respectivos países. Lamentablemente, la estrategia gubernamental de México no sólo cerró la inclusión de líderes indígenas, sino que privilegió la designación a un veterano político del Partido Acción Nacional al frente de la CDI. En este aspecto, la política indígena mexicana, ha significado un retroceso preocupante.
Frecuentemente se han aplicado políticas públicas que generan ingobernabilidad, crisis y hasta confrontación en las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados nacionales. Una buena política pública debe generar confianza y sobre todo dar respuesta a la demanda indígena.
La capacidad de respuesta institucional nos lleva al tema del presupuesto público. Y la pregunta es ineludible e inevitable. En América Latina ¿cuál es el porcentaje del presupuesto público que se destina a los pueblos indígenas? Como lo ha indicado V. Toledo, “los presupuestos nacionales, más que ser datos financieros, reflejan las prioridades gubernamentales sobre los diversos sectores sociales de cada país. Los presupuestos públicos no son sólo instrumentos financieros, son documentos políticos que expresan las relaciones de poder en cada una de nuestras naciones”.
A manera de ejemplo, revisemos la prioridad gubernamental en Chile y México. En el 2008, el total del presupuesto chileno destinado a políticas indígenas fue de aproximadamente 100 millones de dólares, representando sólo el 0.3% del total del presupuesto público de ese país.
En el 2008, el presupuesto global de México fue aproximadamente de 2 billones y medio de pesos mexicanos. El presupuesto transversal para pueblos indígenas fue de 31 mil millones de pesos (equivalente a 3 mil millones de dólares), o sea el 1.21%. El presupuesto destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue de 7 mil millones de pesos (equivalente a 700 millones de dólares), representando el 0.2%. Es altamente preocupante que ambos países el presupuesto público no alcance ni el 1%.
Guerrero, una de las entidades federativas de México, también muestra datos alarmantes. Su presupuesto total en el 2008 fue de aproximadamente 30 mil millones de pesos (aproximadamente 3 mil millones de dólares), de los cuáles 13 millones de pesos (1.3 millones de dólares aproximadamente) fueron canalizados a la Secretaría de Asuntos Indígenas, representando el 0.04%, destinado a programas y proyectos indígenas. Tanto en el escenario local, nacional y regional, los porcentajes financieros no son justos ni equitativos.
En América Latina, sólo México, Chile y Ecuador disponen de información financiera destinada a las PPI. En la mayoría de los países es complicado determinar el monto del presupuesto público asignado a los pueblos indígenas. Sin temor a equivocarme, podría afirmar que son montos financieros insignificantes que no impactan para mejorar el nivel de vida de los pueblos indígenas.
Ninguna política pública puede tener éxito si no se garantiza el derecho al consentimiento libre, previo e informado de cualquier acción institucional hacia los pueblos indígenas. Antes de adoptar y aplicar cualquier política pública orientada a los pueblos indígenas, debe asegurarse que el principio del consentimiento libre, previo e informado, se cumpla cabalmente.
Aprender del pasado exige no aplicar políticas gubernamentales erróneas que llevaron en el pasado, a la ruptura y desconfianza institucional. No deben repetirse los mismos errores.
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* Ponencia presentada en la Reunión sobre “Política Pública y Legislación Indígena en América Latina”, organizado por la Comisión Indígena del Parlatino. Mérida Yucatán, 5 y 6 de septiembre del 2008.
** Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
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