martes, 5 de agosto de 2008

EN BOLIVIA LA DERECHA ESTÁ AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

Por Pablo Siris, de ABN.

Hasta hace poco menos de un mes, pocos bolivianos conocían a la magistrada suplente del Tribunal Constitucional Dra. Silvia Salame Farjat.

Pero cuando el 21 de julio dictaminó que el referendo revocatorio de los mandatos del presidente Evo Morales, su vicepresidente y la totalidad de los nueve prefectos del país no debía realizarse, Salame repentinamente adquirió una notoriedad similar a la de una “rock star”.

Quién es Silvia Salame

Y es que la abogada chuquisaqueña descendiente de libaneses -nombrada en 2003 magistrada suplente en ese órgano de reciente creación- no imaginaba que ascendería por renuncia de todos los titulares, y menos aún que quedaría como única magistrada por la renuncia de todos los suplentes.

Aquellos días de octubre de 2003 eran intensos: el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, anunció su intención de exportar la práctica totalidad del gas boliviano. Esta exportación se realizaría en condiciones de desventaja extrema para la población, que vería incrementado el precio del vital combustible, y a precios internacionales irrisorios.

Adicionalmente, la operación dirigida a la costa oeste de los EE.UU. y México se realizaría por puertos chilenos (país al que Bolivia le reclama su salida al mar), lo que provocó intensas movilizaciones sociales particularmente en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz.

El Congreso -reunión de ambas cámaras legislativas, en el que el gobierno del presidente Sánchez de Lozada (Goni) tenía mayoría- tuvo buen cuidado en designar los magistrados del Tribunal Constitucional titulares y suplentes necesarios para poder resolver a favor de Goni cualquier recurso de inconstitucionalidad que pudiera interponerse a las decisiones emanadas de su gobierno: la privatización de innumerables servicios públicos, particularmente la distribución del agua potable; el impuesto sobre los salarios; la extranjerización de la producción de gas natural, entre otras.

Los innumerables conflictos sociales que culminaron con la salida de Sánchez de Lozada del cargo y su auto-exilio en los Estados Unidos, provocaron también la renuncia de varios magistrados de principales poderes del Estado, que no querían verse envueltos en el desprestigio que caracterizó la etapa final del gobierno de Sánchez de Lozada y de su vicepresidente (quien a la postre culminara el mandato), Carlos Mesa.

Si bien la magistrada no renunció en ese período, ni frente a las acusaciones de prevaricato que formuló el Poder Ejecutivo cuando el Tribunal Constitucional pretendió bloquear la designación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, se ha constituido en una fiel representante de un período de la historia institucional de Bolivia que el pueblo de ese país busca superar.

El Congreso, aún dominado por los mismos sectores que la designaron hace cinco años atrás, ha bloqueado la designación de nuevos integrantes para este tribunal, porque ninguno de los sectores en pugna maneja los dos tercios de los votos que se requieren para el nombramiento de magistrados de ese organismo.

Por otro lado, al estar acéfala la institución, no pueden decidirse los recursos interpuestos a la nueva Constitución, ni a los ilegales estatutos autonómicos promovidos por los prefectos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.

Cuál es la resolución

Si bien el Tribunal Constitucional de Bolivia está impedido de tomar decisiones con su actual integración, la magistrada suplente en ejercicio de la titularidad, Silvia Salame, ha utilizado la Ley de una forma que -de no ser por lo empecinado de la realidad- nos parecería increíble. Veamos...

La Dra. Salame no ha dictaminado que estos referendos revocatorios sean inconstitucionales. No puede hacerlo, porque no tiene las atribuciones para hacerlo, porque el Tribunal Constitucional tiene cinco miembros y sus decisiones se toman por mayoría (tres miembros).

Ahora bien, la magistrada suplente, convertida por fuerza de las renuncias de sus colegas en titular, es también la más antigua de las magistradas (por ser la única), y en ausencia temporal del presidente del tribunal, la presidencia del mismo pasa al magistrado Decano (el más antiguo). De forma que nuestra magistrada suplente, asumió la titularidad, el decanato y la presidencia.

En tanto presidenta, la magistrada Salame asume que le corresponde la competencia determinada por el parágrafo 3º del artículo 7º de la Ley 1.863 de creación del Tribunal Constitucional, que dice “velar por la correcta y pronta administración de justicia en materia constitucional”.

Como el referendo revocatorio está fijado para el 10 de agosto, la Presidenta del TC se arroga la protección de la “correcta y pronta administración” y decide en el Decreto Expediente 18149-37-RII admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado de Unidad Nacional (oposición) Arturo Murillo Prijic, pretendiendo detener el referendo revocatorio del presidente, vicepresidente y prefectos, pautado para el segundo domingo de agosto.

La Corte Nacional Electoral tiene que abstenerse de continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad”, declaró Salame a la Agencia Boliviana de Información ese mismo día.

Como el Tribunal Constitucional no puede decidir hasta que tenga su integración completa, y como la oposición y el gobierno no tienen las mayorías necesarias para designar a los magistrados, el Tribunal Constitucional permanecerá vacante indefinidamente y la decisión sobre la constitucionalidad de los referendos permanecerá también indefinida. Sin definir nada, con sólo admitir el recurso, se pretende “trancar el juego”.

Por qué el nerviosismo

El referendo revocatorio de los mandatos del presidente, vicepresidente y prefectos departamentales, fue propuesto por los prefectos de la “media luna” (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) cuando empezó el debate sobre las autonomías departamentales, y como una forma de presionar al ejecutivo nacional.

Ante este planteo de los prefectos, los diputados del MAS -que controlan la Cámara de Diputados- elaboraron una ley que regula este tipo de consultas y la pasaron al Senado.

A su vez, el principal grupo de oposición (Poder Democrático Social, Podemos), que controla la Cámara de Senadores, recogió el guante y refrendó este proyecto de ley. Inmediatamente, el presidente Evo Morales promulga la ley y elabora el decreto convocando al pueblo a pronunciarse sobre el mandato de estas autoridades nacionales y departamentales.

¿Por qué, entonces, se busca ahora frenar los revocatorios? Pues porque las más diversas encuestas afirman que el presidente Morales ganaría por amplia mayoría, y que prácticamente todos los prefectos departamentales serían revocados.

¿Fue entonces un error de cálculo de la oposición? Pues pareciera que no, sino que el principal partido conservador, Podemos, dirigido por Jorge “Tuto” Quiroga -vicepresidente durante el gobierno constitucional del ex-dictador Hugo Banzer, y presidente cuando éste renunció por razones de salud-, pretende hacerse del control de la oposición, sacudiéndose a los prefectos opositores que sin embargo no responden a este partido.

O sea, el poder ejecutivo nacional -aprovechando una bravuconada de los prefectos opositores- busca relegitimarse al mismo tiempo que mina la autoridad de los prefectos opositores y secesionistas de la “media luna”.

Al mismo tiempo, Podemos busca capitalizar el hartazgo que la población tiene en la misma zona del oriente de Bolivia ante el permanente conflicto mantenido por los prefectos y la muy escasa gestión de gobierno, pero apostando a convertirse en el gran partido de la oposición.

La Corte Nacional Electoral ya ratificó -por unanimidad de sus miembros, incluyendo los de oposición- la realización de la consulta revocatoria de mandatos, pese a las solicitudes en sentido contrario de las cortes departamentales de la “media luna” oriental.

La tabla de salvación que para los prefectos disidentes significa el “decreto” de la magistrada Salame no es otra cosa que una invitación a las Cortes Departamentales electorales -afectas a estos mismos sectores- a desoír la instrucción de la Corte Nacional Electoral de organizar el 10 de agosto la jornada refrendaria.

Una decisión ésta que, en caso de ser tomada por los organismos electorales departamentales, pondría a Bolivia al borde de la más grave crisis institucional.

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