San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 27 de mayo de 2008
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas reprueba enérgicamente los tratos crueles e inhumanos y el traslado forzado en contra de los presos políticos del penal de El Amate, Chiapas.
La dispersión de presos es una forma de castigo que viola los derechos de los detenidos.
La decisión gubernamental contraviene los compromisos del gobierno y es un golpe al proceso iniciado de búsqueda de la justicia.
El día de hoy, 27 de mayo, a las 2:30 horas, una unidad policíaca estatal, denominada Grupo Lobo, entró al Centro Estatal para
La medida represiva responde a la iniciativa tomada por dichos presos de hacer una jornada de ayuno, programada para el día de hoy, como protesta ante los compromisos incumplidos del Gobierno del Estado, de revisar 14 expedientes pendientes después de la liberación de presos del 7 de abril pasado…
Los testimonios que hasta ahora hemos recibido, señalan que a las 10 de la noche del día 26, la población carcelaria fue encerrada en sus celdas con candados, debido a que en otras ocasiones la misma población ha protegido a los presos políticos de estas organizaciones de agresiones por parte de las autoridades; que esta mañana, los supuestos representantes de módulos al interior del CERSS No 14, conocidos como precisos, han obligado a la misma población a firmar hojas en blanco, al parecer con el fin de legitimar el traslado como una petición de los propios internos, lo cual indicaría la connivencia arbitraria de las autoridades; que la redada y desalojo se realizó de manera violenta, atentando con la integridad física de los presos, que no les permitieron recoger sus pertenencias, e incluso, les hicieron salir descalzos; que antes de ser trasladados a diversos penales fueron concentrados en un lugar desconocido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron golpeados.
Es hasta la tarde de hoy, que un funcionario del Gobierno del Estado informó a los familiares de los presos castigados, el destino de cada uno de ellos, sin saber aún la condición de su integridad física:
Miguel Gómez Gómez, trasladado al CERSS No 3 en Tapachula;
Antonio Gómez Díaz, trasladado al CERSS No 9 en Acapetahua;
Alberto Patishtán Gómez, trasladado al CERSS 15 en Copainalá;
José Pérez Pérez, trasladado al CERSS 10 en Comitán de Domínguez;
Julio César Pérez Ruiz, trasladado al CERSS 13 en Tonalá;
Genaro Gutiérrez Velasco, trasladado al CERSS 13 en Tonalá;
Rosario Díaz López, trasladado al CERSS No 7 en Huixtla;
Marcelino Díaz González, trasladado al CERSS No 8 en Villaflores;
María Delia Pérez Arizmendi continúa en el área femenil del CERSS 14 El Amate en Cintalapa; y
Jesús López López, el único de
Lejos de cumplir con los compromisos hechos a los presos, de resarcir sin condiciones la libertad de los excarcelados, de reparar e indemnizarlos por haber sido presos por error judicial, de entablar procesos en contra de quienes dolosamente han encarcelado de manera injusta a más de doscientos presos, y de establecer mecanismos de no repetición, la acción negligente del Gobierno del Estado, agrava la situación de salud y de certeza jurídica de las víctimas, y premeditadamente genera nuevas violaciones a derechos que son protegidos en Los Principios y Buenas Prácticas sobre
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas reprueba la espiral de arbitrariedades y violaciones que ha generado el Gobierno del Estado. La falta de atención a las legítimas demandas de los presos y excarcelados, provoca hacer uso del derecho de protesta, que al castigarla, genera nuevos enconos sociales y responsabilidades por violaciones a derechos humanos.
Exigimos al gobierno del Estado, en virtud de las obligaciones internacionales de derechos humanos, a desandar sus acciones para atender las demandas de los presos, excarcelados y familiares:
- Respetando y protegiendo la integridad física de los presos de
- Liberando de manera inmediata e incondicional, a los 16 presos, cuyos expedientes debían ser revisados por contener vicios de origen y error judicial;
- Investigando y sancionando a los funcionarios involucrados en la injusta encarcelación de más de 200 presos, como ha sido reconocido por el gobernador, y la indemnización por los daños ocasionados durante el tiempo en que fueron recluidos;
- Eximiendo a los excarcelados de las condiciones de proporcionar comprobantes de domicilio, firmar asistencia cada mes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y eliminar los antecedentes penales, dado que su propia administración aceptó que fueron encarcelados injustamente por error judicial, probando su inocencia.
- Investigando y sancionando a los funcionarios involucrados en la decisión y acción de traslado, en virtud de las violaciones a derechos humanos que se han producido;
- Respetando el derecho de manifestación de los familiares de los presos que tiene lugar frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, y de los presos de
Sin derechos humanos, no hay democracia.
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