Privatizadores carentes de argumentos

“Pemex y el petróleo pertenecen a los mexicanos”, dijo Germán Martínez, presidente del PAN. Pero todos sus alegatos consisten en un grosero discurso de adjetivos y la insistencia en contravenir la Constitución mediante sesgada interpretación privatizadora. El PAN no tiene elementos para defender las iniciativas de Calderón, mismas que deben ser retiradas del debate.

Martinez no ha leído las iniciativas

En su comparecencia al Foro sobre la Reforma Energética del 13 de mayo, el presidente nacional del PAN dijo que “Queremos hacer de PEMEX un instrumento efectivo del desarrollo del país ... Queremos con claridad de propósito y con la mirada puesta en el mañana, sin nostalgias ancladas en falsos tabúes, fortalecer a Petróleos Mexicanos … PEMEX y el petróleo pertenecen a los mexicanos, y así se mantendrán”. Hueco discurso en apoyo a la privatización de Pemex.

Martínez señaló que “El gobierno del Presidente Calderón y el Partido Acción Nacional nunca han pretendido la transferencia a particulares de los activos, bienes o del dominio sobre la renta petrolera”. ¡Caray! Se necesita ser cara dura porque las iniciativas de reformas a la legislación petrolera secundaria, precisamente, proponen el otorgamiento de concesiones y contratos a los particulares en materia de hidrocarburos, hecho expresamente prohibido por la Constitución.

“Miente quien afirma que el Presidente o el PAN queremos convertir a PEMEX en una empresa privada. Miente quien afirma que queremos venderla al capital extranjero”. Bueno, el que miente es el panista. Basta leer las iniciativas presentadas al Senado para notar la incongruencia entre el discurso y las propuestas. Obviamente, también hay manejo manipulador. Las iniciativas no hablan de “vender” sino de ceder funciones constitucionales estratégicas (al capital extranjero) que es peor.

Privatizadores de la política

En un discurso dirigido a atacar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO); Germán Martínez dijo que “Con la fuerza de esa convicción de futuro defenderemos a PEMEX de la verdadera amenaza privatizadora, de esa privatización política que algunos buscan para desestabilizar a la democracia mexicana y para conseguir lo que no obtuvieron en las urnas”.

Provocador, el presidente del PAN expresó que “La privatización política de hoy no es lejana, en intención y finalidad, a la quema de pozos petroleros de hace un par de décadas o a la reciente colocación de explosivos en los ductos de PEMEX”.

Luego dio su particular definición de privatización al expresar que “Se privatiza a PEMEX cuando se busca conseguir fines políticos propios, cuando se atizan los resentimientos de derrotas electorales … Se privatiza y se traiciona a PEMEX, cuando se usa al petróleo para fomentar odio, división y violencia entre mexicanos”. ¡El burro hablando de orejas!

Ya encarrerado, espetó que “PEMEX no debe ser rehén ni botín de nadie. Acción Nacional no pretende la privatización económica, ni permitirá la privatización política de los recursos que pertenecen a todos”. Luego dijo que “La primera condición de entendimiento político, de convergencia socialmente útil en la pluralidad democrática, es aceptar que PEMEX y el petróleo mexicano son recursos estratégicos para el desarrollo de la Nación; es asumir que PEMEX y el petróleo mexicano no son capillas de interesada veneración ideológica” (sic).

Yéndose a fondo aseveró que “El tema del petróleo es un recurso gastado y premoderno del falso nacionalismo que algunos vehementemente insisten en proclamar … El falso nacionalismo como ideología se inventa enemigos para desplazar la conciencia de los males y desafíos internos … El falso nacionalismo como ideología inventa fantasías, conspiraciones y complots para dejar las cosas como están y seguir lucrando políticamente con PEMEX”. Martínez olvida que el PAN se opuso a la Expropiación Petrolera en 1938 y cree que la industria debe ser regresada a las compañías extranjeras.

Toda esta catalinaria la mencionó para criticar a quienes se oponen a la privatización de Pemex. “Desde ese nacionalismo falsario, se ha intentado combatir a la iniciativa que ha presentado el Presidente Felipe Calderón y que respalda, sin reservas, el Partido Acción Nacional. Ese falso nacionalismo, que en el fondo, que paradoja, es un argumento conservador, no permite tocar ni reformar nada”. Ahora resulta que los conservadores son quienes se oponen a la privatización. ¡Faltaba más!

Martínez se refirió a la participación privada exitosa señalando la compra de acciones por Pemex de la refinería Deer Park en asociación con Shell. Luego preguntó qué ¿no sería bueno que esos empleos y esa recaudación fiscal estuvieran en México? Si fuera honesto se hubiera contestado de inmediato. La respuesta es simple: la política petrolera oficial en manos del PRI y el PAN ha sido desastrosa, hace 30 años que no se construye en México ninguna refinería. ¿Porqué? Simplemente porque no han querido, su “política” es otra.

En la misma línea sesgada de su argumentación, el panista volvió a insistir que “El falso nacionalismo también es nocivo y hasta inútil para defender el petróleo”.

Guardianes de la Constitucionalidad

Martínez se lanzó contra los legisladores del FAP a quienes acusó de violar la Constitución (sic) y dijo que “La reforma propuesta por el Presidente, en modo alguno, contraviene lo dispuesto por el texto constitucional”.

Explicó que “La prohibición de otorgar concesiones o contratos, establecida para petróleo e hidrocarburos solamente está relacionada con la actividad de explotación, es decir, la extracción de recursos del subsuelo, no así con otras actividades relacionadas con el mismo objeto”.

Se trata, por supuesto, de una interpretación sesgada. Se nota que Martínez no ha leído la Constitución. Esta NO se refiere solamente a la “explotación” (producción) de “recursos del subsuelo” sino a todas las actividades que constituyen el proceso de trabajo relacionado con los hidrocarburos.

Dijo Martínez que “La iniciativa del Presidente Calderón bajo ninguna circunstancia transfiere a los particulares la posibilidad de explotar para sí la riqueza natural del petróleo y de los hidrocarburos, ni compromete un sólo peso de la renta petrolera”. Martínez tampoco ha leído las iniciativas de su Jefe; en todas se indica claramente la transferencia a los particulares de las funciones constitucionales que el Estado, a través de Pemex, debe realizar de manera exclusiva.

Dándole vuelta al discurso, Martínez se enredó en su propias contradicciones al señalar que “Si bien es cierto que los cambios legales propuestos tienen como finalidad permitir la participación de la sociedad (sic) a través de figuras como la prestación de servicios o el régimen de permisos, en ningún caso la iniciativa abre la puerta a que PEMEX o el gobierno Federal concesionen o contraten la explotación de los yacimientos de petróleo o de hidrocarburos”.

Una vez más, Martínez se ve mal por no leer las propuestas que apoya. En las diversas iniciativas reiteradamente se habla de otorgar concesiones o permisos (privados) en TODAS las fases del proceso de trabajo petrolero, incluyendo la exploración y explotación (producción) de yacimientos.

El otorgamiento de esos contratos y permisos propuestos por la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, serían parte de las nuevas atribuciones de la Secretaría de Energía, indicadas en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para concretar esos permisos, se modifica la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y se crea a la Comisión del Petróleo para “regular” (privatizar) lo concerniente al petróleo crudo.

Interpretación sesgada de la Constitución

Repitiendo a Georgina Kesseel, secretaria de energía, Germán Martínez trató de disertar acerca de la interpretación a la Constitución. “Quiero subrayar que muchas de las referencias al artículo 27 constitucional en el debate político, suelen olvidar la última frase del párrafo correspondiente, cito: “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señala la Ley Reglamentaria respectiva”. Técnicamente, esa expresión constituye una reserva de ley.

Con toda la técnica y reservas del caso que Martínez quiera, la Constitución NO autoriza a nadie a contravenirla en su propia reglamentación. En cualquier caso debe haber coherencia. Resultaría absurdo que la Constitución establezca ciertas disposiciones y las leyes reglamentarias (secundarias) dijeran lo contrario. La Constitución expresa las decisiones políticas fundamentales de la nación y las leyes derivadas las concretan, por eso son reglamentarias.

Según Martínez, “La Constitución ha ordenado al legislador democrático (sic) que defina las modalidades y términos de la explotación del petróleo y de los hidrocarburos, así como las condiciones de realización de las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de esos recursos naturales.

Al trasladar al legislador esa responsabilidad, la Constitución ha habilitado (sic) a la mayoría (sic) a decidir, según la realidad y la necesidad, sobre los derroteros institucionales y normativos que la Nación demanda (sic)”. No, Martínez está mal; el petróleo NO es de los legisladores, ni del gobierno, ni siquiera es del Estado sino de la nación.

Las “modalidades y términos” a que hace referencia Martínez, en ningún caso autorizan a ningún legislador a contravenir la Constitución. Si así fuera, una Ley Reglamentaria también podría ser contradicha por su correspondiente Reglamento y así sucesivamente. Eso no lo hace ningún Estado a menos que sea totalitario, fascistoide o bárbaro. Las propuestas del PAN y la “argumentación” del PAN son, evidentemente, tramposas.

Lo anterior revela una grotesca debilidad de los promotores de la privatización que carecen de los mínimos argumentos, políticos, técnicos, económicos, teóricos y culturales para defender la privatización compulsiva de Pemex.

Las iniciativas privatizadoras del gobierno federal deben ser RETIRADAS del debate parlamentario. Ese debate muestra que el PRI y el PAN proceden solamente con base en la ideología y compromisos imperialistas. Se trata de una verdadera “rebelión neoliberal” que implica la ruptura del Pacto político de la nación en materia energética.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México