Dinero, manzana de discordia en el IEDF

Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez
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■ Dinero, manzana de discordia en el IEDF

■ Cuatro consejeros sin hartazgo

Hace no más de dos o tres sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, un grupo de consejeros, cuatro para ser exactos, impidieron que se formalizara un proyecto de acuerdo mediante el cual ese organismo podría contratar nuevo personal en apoyo a los trabajos electorales que deberá emprender para las elecciones del año próximo.

Al parecer, la contratación de nuevos asesores es casi ineludible, por lo que tarde o temprano tendrá que hacerse, cuestión en la que están de acuerdo, ahí sí, todos los consejeros. El asunto que los divide, y por el que el proyecto no ha podido ser ratificado, es el dinero. Pecata minuta.

Para la presidencia del organismo el pago a los asesores deberá provenir de los ahorros que la propia institución ha realizado y deberán realizarse conforme se vaya obteniendo ese dinero. Además, la ministración del recurso será ejecutado por los órganos correspondientes del mismo IEDF, cosa que tampoco les parece bien a los cuatro que se oponen.

Esos cuatro prefieren que sea el gobierno de la ciudad el que cargue con el gasto, y que el dinero llegue sin mayor fiscalización a cada uno de ellos, es decir, quieren absoluta libertad para manejar esos dineros, cosas en las que la presidencia del organismo está en total desacuerdo.

El pleito, desde luego, no es por cacahuates. Según los datos que se han podido recabar, se trata de una suma que supera los 6 millones de pesos, dado que se erogarían 85 mil pesos al mes por cada asesor, en un periodo de ocho meses.

La discrecionalidad que piden los consejeros, o más bien cuatro de ellos para manejar el recurso, de entrada huele mal. ¿Por qué o para qué quieren esa libertad si el supuesto es que los dineros deberán utilizarse en lo que mandata el proyecto de acuerdo, sin ningún tipo de desviación?

Para esa última pregunta no hay respuesta oficial, pero sí existe toda una idea de conseguir eso, que maliciosamente se puede entender como impunidad en el manejo del dinero del erario, y que bien podría caer en los bolsillos de los consejeros, o bien en chambas para aminorar los compromisos que cada uno tiene con los partidos políticos que los apoyaron para obtener la chamba que detentan.

Ahora los cuatro –Astrid Humphrey Jordan, cuyos nexos con el PAN la llevarán en breve al matrimonio; Fernando José Díaz Naranjo; Ángel Rafael Díaz Ortiz y Yolanda Columba León– exigieron, después de reventar la sesión en la se debería discutir el punto, crear un aparato de análisis con el que pretenden justificar la no rendición de cuentas.

Los tiempos ya están encima, el trabajo de preparación hacia la elección intermedia de 2009 debe iniciarse ya; sin embargo, la guerra de intereses políticos y económicos que se han suscitado en el Instituto Electoral del Distrito Federal han ido acercando al organismo a un caos que podría derivar en otra cosa que en el cumplimiento de las funciones para las que fue creado.

En el ejercicio anterior, el de 2006, no hubo tacha en la labor desempeñada por la institución. Las cuentas, pese a lo que sucedió, por ejemplo en el IFE, fueron claras y eso permitió que el reparto del poder político en el Distrito Federal se diera conforme al deseo de la población.

Eso, la honestidad, no parece hacerle buena digestión a panistas y algunos perredistas, por lo que ahora se pretende destruir el organismo desde adentro, y provocar con eso que las anomalías e irregularidades que impacten la elección queden en el libro de las anécdotas electorales, con la complicidad, desde luego, de un nuevo presidente de la institución que puedan manejar a su antojo.

De pasadita

El asunto ya es alarmante. Ahora resulta que los voceros de Acción Nacional, los de la llamada coalición socialdemócrata, buscan sancionar a los legisladores que tomen la tribuna para protestar por las leyes que aprueben grupos o partidos con intereses bastardos, contrarios a la gente. Es más, hablan incluso de aplicar medidas en contra de los que ejerzan presión para impedir que se apruebe algún proyecto de ley, aunque esa ley pudiera ser contraria al interés de la mayoría. En pocas palabras, se habla de suprimir la oposición. ¡Qué barbaridad, es la democracia de los servidores del PAN!

La Jornada