José Francisco Gallardo Rodríguez
Por el contrario, Amnistía Internacional (AI) lanzó una acción urgente, el 22 de febrero, en la que recomienda enviar llamamientos al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo –del cual es secretario de Seguridad Pública el general Juan Salinas Altés, antiguo comandante de esa región militar–, para que realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial y castigue a los responsables del asesinato del destacado miembro de
Dentro de la acción urgente 49/08 AI destaca que los miembros de
Lorenzo fue secuestrado el 9 de febrero de este año (día en que se conmemora la “marcha de la lealtad”) y hallado muerto con “señales de tortura” al día siguiente en Ayutla de los Libres. Ahí fue recogido por personal de
Antes de la desaparición de Lorenzo Fernández, tres hombres armados se habían acercado al lugar de trabajo. Llevaban una lista de nombres, y preguntaron a los aldeanos si conocían a Lorenzo; después los hombres se marcharon. Días antes, Lorenzo le dijo a su hermana Inés y a otros familiares, que temía por su seguridad y la de otros miembros de
Agrega AI que “como miembro de
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de
El centro añadió que “todas estas acciones al margen de la ley permanecen en la impunidad a causa de que las autoridades competentes han asumido una actitud tibia y poco comprometida con las víctimas, es decir, estas omisiones forman parte del ambiente de impunidad que prevalece en la región y el grado de descomposición social en que están sumidos los pueblos indígenas”.
Tlachinollan destacó que “con estos hechos, no hay garantía para el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos y por tanto los familiares de las víctimas se quedan en un estado de indefensión”; y agrega, “hemos detectado que la averiguación previa (ALLE/SC/01/032/2008) que abrió la autoridad ministerial de Ayutla en el caso Lorenzo, está mal integrada”.
Así las cosas,
Nada más amoral y antitético puede ser que un violador de derechos humanos ahora sea encargado de protegerlos. Ya habíamos dicho que la intención del mando supremo al decretar la creación de esta organización, aparte de resolver un asunto de carácter laboral: es formar un blindaje para impedir que los militares que cometan abusos en contra de la población en la aplicación del Plan México –impuesto por el Pentágono–, puedan ser juzgados por la justicia civil tal cual lo marca el artículo 13 constitucional: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Un símil a las “leyes de inmunidad” que ha conseguido el gobierno estadunidense para proteger a sus militares cuando cometen abusos en contra de la población donde tiene asentadas sus bases militares.
Esta organización que da cabida a 75 plazas más en la estructura burocrática militar, tiene bastante trabajo: encubrir las violaciones a los derechos humanos, perseguir a las víctimas que se atrevan a denunciarlos y maquillar la imagen del Ejército ante la opinión pública. Es decir, fortalecer la impunidad, socavar el estado de derecho y desnaturalizar la función constitucional del Ejército.
Para muestra un botón, el año pasado soldados mexicanos cometieron notorios abusos mientras llevaban a cabo actividades de policía, alertó Human Rigth Watch en su informe 2007, y citó varios casos en los que decenas de personas fueron detenidas, incomunicadas y golpeadas en bases militares por soldados. Recordó el caso de cuatro menores violadas por los soldados en mayo pasado; así como la muerte de cinco miembros de una familia en Sinaloa, entre ellos tres niños, abatidos en un retén militar.
El sistema de justicia mexicano, añadió el documento, rutinariamente deja la tarea de investigar y procesar los abusos del Ejército a la autoridad militar, la cual carece de la independencia necesaria y adolece de una ausencia general de transparencia.
Fuente: Forum en linea.
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