Calderón vendió Pemex en California

■ Calderón vendió Pemex en California

■ Se comprometió con gaseras de México y Canadá

■ Despilfarró 19 millones de pesos el 15 de septiembre


Durante una reunión patrocinada por Igasamex –conglomerado de firmas de México y Canadá, que hacen negocios con gas natural y productos petroquímicos–, Felipe Calderón aseguró que “61 por ciento de los mexicanos está en favor de una reforma” que modifique el régimen legal de los hidrocarburos en nuestro país.

También dijo que durante los próximos 10 años, “México requerirá una inversión de 140 mil millones de dólares para desarrollar su energía”, y garantizó que, en materia de petróleo y gas natural, “el potencial de nuestro país es enorme”, y subrayó este adjetivo, “enorme”, antes de advertir que no podía “hablar de muchas cosas (al respecto) porque es un tema muy peligroso en términos políticos y si queremos ir hacia delante hay que hacerlo paso a paso”.

Sus palabras quedaron registradas en un video que grabó el Instituto de las Américas, en una charla que Calderón sostuvo con el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow en La Jolla, California, el 10 de noviembre de 2003. (Ustedes pueden consultarlo en YouTube, bajo el nombre de “Encuentros: Davidow and Calderon November 2003”).

¿Qué insinuó el entonces secretario de Energía con eso de “si queremos ir hacia adelante hay que hacerlo paso a paso”? Claro: que tenía que obtener, primero, la candidatura del PAN a las elecciones de 2006 y después llegar a Los Pinos “como haiga sido”. Aquel encuentro con Davidow en realidad fue una entrevista de trabajo, en la que el autodenominado “presidente del empleo” le pidió a Estados Unidos el empleo de presidente de México.

La comparecencia fue auspiciada por la Reinhart Foundation, de San Diego, California, que fomenta “proyectos para México y Guatemala” bajo el lema “ayudando a otros a ayudarse a sí mismos”, y por el consorcio Servicios Integrados de Gas de México (Igasamex, en inglés) que en su página web se anuncia como una empresa establecida en 1996, dueña de “13 gasoductos en México con los cuales sirve a 86 clientes que representan todas las ramas de negocios del país”.

De acuerdo con su propio portal, Igasamex tiene presencia en todo el Golfo de México, desde Altamira, Tamaulipas, hasta Yucatán, pero, ojo, no en Campeche, territorio exclusivo de la familia Mouriño. Socios de Igasamex, y por lo tanto copatrocinadores del encuentro de Calderón con Davidow, fueron asimismo Fergus Thermes, Corporativo San Ángel y Saks Energy.

Fergus Thermes, “empresa mexicana con 60 años de experiencia”, posee una múltiple personalidad que le permite fabricar equipos de refrigeración, importar/exportar petroquímicos, alquilar bodegas en el estado de México y oficinas en la colonia Del Valle y dar toda clase de asesorías, mientras Corporativo San Ángel, con oficinas en la calle de Altavista, DF, lleva “80 años distribuyendo combustóleo, diesel y combustibles marinos”, desde que alguien la fundó en 1927 y, por lo visto, no se enteró de la expropiación petrolera de 1938. Lo misterioso del asunto es que en Internet, ni Fergus Thermes ni Corporativo San Ángel revelan los nombres de sus propietarios, como tampoco hacen los de Sask Energy, que “suministra gas natural a 314 mil clientes a través de 64 mil kilómetros de ductos en Canadá”.

Estos magnates sin rostro impulsaron la precandidatuta de Calderón ante Davidow, un embajador de carrera que estuvo en Chile antes y después del golpe contra Salvador Allende, más tarde en países petroleros de África y por último en México, donde se jubiló a mediados de 2001, antes de asumir, en junio de 2003, la presidencia del Instituto de las Américas, creado por intelectuales de la Universidad de California en San Diego para “promover discusiones y debates sobre políticas públicas en países de la región”.

Aquella noche de noviembre de 2003, Davidow dijo que Calderón estaba sentado en “la silla más caliente del gabinete de Fox” y le pidió su opinión sobre la industria petrolera. El aspirante al empleo, hablando un inglés de campesino pese a que estudió en Harvard, dijo, además de todo lo que ustedes ya han leído, que México “requiere de una reforma fiscal que le permita librar a Pemex de la tremenda carga impositiva que soporta”.

Hoy, esa reforma fiscal, diseñada por Agustín Carstens, es todo un hecho, pero Pemex no se libró de ninguna carga impositiva. Por lo tanto, Calderón propuso una “solución” que se llevó a la práctica y no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué habrían de funcionar entonces las medidas que desea aplicarle a Pemex para cumplir sus compromisos secretos con Igasamex, Saks y las petroleras anglosajonas?

En una sociedad democrática, una reforma como la que pretende la derecha (Manlio Fabio Beltrones incluido, a estas alturas no va a engañar a nadie con sus desplantes y sus alianzas con lo peor del hampa política), tendría que empezar por un debate a fondo, difundido por todos los medios y con la participación de todos los sectores, después de lo cual, como siguiente paso, debería efectuarse un plebiscito nacional, cuyo resultado determinaría, por último, la conducta de los legisladores en las cámaras. Esto, como todos sabemos, no es posible en México. Aquí no sólo no existe la figura del plebiscito sino que tampoco contamos con instituciones electorales confiables.

Aparte de perder el debate antes de iniciarlo, Calderón se quedó sin mano derecha para negociar nada, y al llegar a la ceremonia del 18 de marzo en compañía de Juan Camilo Mouriño y declamar asombrosamente que “quien viola la ley ofende al prócer”, convirtió el homenaje a Benito Juárez, como bien señala Joaquín Romo de Vivar desde Monterrey, “en un homenaje a Maximiliano que ofende a todo el país”.

Pero si la sociedad mexicana está preocupada por Pemex, y más activa que nunca (hay quienes ya no duermen porque se pasan la noche quemando cds para divulgar información contra el anuncio del tesorito), otros fiscalizan a Felipe Calderón y descubren, como Óscar A. García, del portal de la resistencia atsyber, que el 15 de septiembre pasado el gobierno espurio despilfarró 19 millones de pesos en el Zócalo.

De acuerdo con un reporte del IFAI, los gastos del Grito ascendieron a 18 millones 813 mil 743 pesos, que fueron repartidos así: 6 millones 207 mil pesos para “talento artístico” (?); 320 mil pesos para la conductora Mariana Seoane (que estuvo imitando a Gabriela Cuevas), 2 millones 282 mil pesos para la banda El Recodo y 2 millones 800 mil pesos para K-Paz de La Sierra (cuyo vocalista fue asesinado por el narcotráfico tiempo después). ¿Este es el gobierno que merecen los mexicanos?

(Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com)

http://www.jornada.unam.mx/2008/03/29/index.php?section=opinion&article=004o1pol