Mañana 1 de abril, y como cada primero de mes, es día de Ni Perdón Ni olvido al Usurpador, la cita es afuera del metro Constituyentes a las 10:45 AM, además se les pide que lleven orejas de Foamy.
lunes, 31 de marzo de 2008
NI PERDÓN NI OLVIDO
Mahatma Gandhi
1869-1948. Político y pensador indio.
Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.
No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible.
Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego
Realmente soy un soñador práctico; mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad.
La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo sino que avance llevando en mí nada más que el temor a Dios.
Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria.
No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.
Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga.
Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos.
La casa de adobe (1/3
Gustavo Iruegas
La casa de adobe (1/3)
El reconocimiento de beligerancia1 es una figura del derecho internacional usada con más frecuencia en el siglo XIX que permitía a las potencias reconocer ese carácter a un grupo insurrecto suficientemente fuerte para controlar una parte del territorio del Estado donde ocurría el conflicto. Los primeros reconocimientos de esta clase los hizo Estados Unidos a los independentistas iberoamericanos. Después, durante la guerra de secesión en Estados Unidos, varios gobiernos europeos reconocieron el carácter beligerante de los confederados. Estados Unidos siguió practicando el reconocimiento de beligerancia2; destaca aquel que, con claras intenciones intervencionistas, dio a la insurrección cubana contra la dominación española de 1895 a 1897.
Los conflictos susceptibles del reconocimiento de beligerancia son guerras intestinas – guerras civiles, guerras de independencia o revoluciones sociales– que llaman el interés de las potencias extranjeras cuando éstas sienten la necesidad de hacer ese reconocimiento porque el Gobierno ya no es capaz de proteger sus intereses (sus ciudadanos, sus bienes, etc.) de acuerdo a lo previsto en el derecho internacional. Una vez que son reconocidos, los beligerantes asumen las obligaciones internacionales que el gobierno ya no puede cumplir. Por su parte, quien los ha reconocido se obliga a la neutralidad, tal como estaba establecida en el derecho de la guerra.
La figura ha recobrado su vigencia en América Latina desde que los países andinos reconocieron el carácter beligerante del Frente Sandinista de Liberación Nacional en junio de 1979, durante la ofensiva final para derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle. México desempeñó un papel tangencial en ese renacimiento, pero su actuación ha sido mucho más importante desde el punto de vista de las razones y los propósitos y, sobre todo, de los nuevos usos que tiene el reconocimiento de beligerancia en el derecho internacional y la estrategia de las revoluciones sociales latinoamericanas de la segunda mitad del siglo veinte. La primera de ellas fue la mexicana, misma que en sus inicios marcó una ley de la naturaleza de las revoluciones sociales: Revolución que tranza, revolución perdida.
La casa de adobe era una rústica construcción en las afueras de Ciudad Juárez en la que don Francisco Ignacio Madero se instaló como Presidente Provisional del gobierno revolucionario, acompañado por el Consejo de Estado que designó. Lo integraban como titulares de las carteras de Gobernación, Federico González Garza; de Relaciones Exteriores, Francisco Vázquez Gómez; de Justicia, José María Pino Suárez; de Comunicaciones, Manuel Bonilla; y de Guerra, don Venustiano Carranza.
La casa se conocía entre los revolucionarios como “Palacio Nacional” y el Consejo de Estado, como “el Gabinete”. Era abril de 1911. Con la reluctante participación de los revolucionarios, Madero negociaba con los representantes de don Porfirio el que después se conoció como El Convenio de Ciudad Juárez. El 21 de mayo se concluyó el acuerdo que en su único artículo decía: “Desde hoy cesarán en todo el territorio de la república las hostilidades que han existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz y las de la Revolución, debiendo estas ser licenciadas a medida que en cada Estado se vayan dando los pasos necesarios para establecer y garantizar la tranquilidad y el orden públicos.” Todo a cambio de una promesa de renuncia del dictador para un mes después.
El pacto de Ciudad Juárez fue muy mal recibido por la población. Se esperaba que la renuncia del Presidente Díaz se presentara a la cámara de Diputados el día 24. Cuando esto no sucedió, nos dice el ilustre diplomático y revolucionario don Isidro Fabela, “…la multitud enardecida pidió a gritos, fuera del recinto parlamentario y después en manifestaciones cada vez más y más agresivas, la ansiada dimisión. Una masa popular como de veinte mil almas, cantando el himno nacional, penetró por las avenidas cinco de mayo y San Francisco – hoy Madero – hasta el Zócalo, con pretensiones de invadir el Palacio Nacional. Entonces sobrevino la catástrofe: las fuerzas federales dispararon sobre la muchedumbre, haciendo multitud de muertos y heridos. El hecho trágico llevó el espíritu público al paroxismo, siendo entonces cuando exigió, con apremios terribles, la renuncia del general Díaz, que al fin fue presentada, después de la hecatombe que el propio dictador pudo haber evitado con sólo adelantar unas horas su prometida dimisión.”
Los revolucionarios que acompañaban a Madero en la Casa de Adobe no estaban de acuerdo con la negociación. El general Francisco L. Urquizo relata, quizá de manera un tanto dramatizada, un episodio de esas negociaciones, el ocurrido el 7 de mayo de 1911, cuando el representante porfirista alegaba en tono vehemente: “¿Queréis la renuncia del general Díaz? ¡Pedís demasiado! Se os dan cuatro ministros y catorce gobernadores y aún esto, que es mucho ¿se os hace poco? ¿Es que no os dais cuenta de vuestra situación? ¡Reflexionad!, ¡reflexionad!”
Antes de que don José María Pino Suárez, que presidía la reunión, reaccionara, una voz grave y sonora irrumpió diciendo:
? Pues precisamente porque hemos reflexionado con toda atención y madurez nuestra situación frente al gobierno, por eso mismo rechazamos vuestros argumentos y no aceptamos lo que se nos propone.” […]
?Revolución que transa es revolución perdida. Las grandes reformas sociales sólo se llevan a cabo por medio de victorias decisivas. Si nosotros no aprovechamos la oportunidad de entrar en la Ciudad de México al frente de cien mil hombres y tratamos de encauzar a la revolución por la senda de una positiva legalidad, pronto perderemos nuestro prestigio y reaccionarán los amigos de la dictadura.”
“Las revoluciones, para triunfar de un modo definitivo, necesitan ser implacables. ¿Qué ganamos con la retirada de los señores Díaz y Corral? Quedarán sus amigos en el poder; quedará el sistema corrompido que hoy combatimos. El interinato será una prolongación viciosa, anémica y estéril de la dictadura. Al lado de esa rama podrida el elemento sano de la revolución se contaminaría. Sobrevendrán días de luto y miseria para la república y el pueblo nos maldecirá, porque por un humanismo enfermizo, por ahorrar unas cuantas gotas de sangre culpable, habremos malogrado el fruto de tantos esfuerzos y de tantos sacrificios. Lo repito: La revolución que transa, se suicida.”
“Palabras de vidente – dice el General Urquizo – fueron aquellas que pronunciara aquel orador reposado, sí, pero convencido. […] Venustiano Carranza, que fuera el orador que las pronunciara.”
En efecto el gobierno del Presidente Madero fue hostilizado por las elites económicas y sociales y después traicionado y asesinado por el jefe del ejército, Victoriano Huerta, con la complicidad del Embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson.
Cumplidas las predicciones de Carranza, el gobierno del traidor Huerta se vio enfrascado en una ridícula disputa con Estados Unidos porque los marinos de un buque de guerra norteamericano anclado en Tampico, tras un incidente menor, exigieron que las tropas de Huerta saludaran a la bandera norteamericana, en desagravio. El incidente se tomó como pretexto para la ocupación de Veracruz. Las tropas de Huerta abandonaron el puerto sin combatir y solamente la Escuela Naval, que ahí ganó el calificativo de Heroica que se antepone a su nombre, junto con unos cuantos soldados patriotas y la valiente población del puerto, hizo resistencia a los treinta buques que cañonearon la ciudad. Ya era Presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, quien aseguraba simpatizar con los revolucionarios y alegaba un pretendido castigo al usurpador, arrogándose el papel de factótum de nuestra vida nacional que de ninguna manera le correspondía.
Venustiano Carranza, que como Gobernador de Coahuila había desconocido al gobierno del usurpador Huerta, encabezaba al Ejército Constitucionalista. En diversas ocasiones el Primer Jefe fue objeto de gestiones por parte de los cónsules y otros personeros norteamericanos orientadas a que declarara justificada la intervención por la necesidad de obtener una reparación ante las ofensas alegadas. Invariablemente, Carranza contestó que, antes de cualquier otra cosa, era necesario desocupar Veracruz y dirigir al gobierno constitucionalista las reclamaciones de Estados Unidos. Los intercambios diplomáticos fueron numerosos y, aunque se amenazaba con la guerra y de hecho se estaba al borde de ella, el Primer Jefe mantuvo su postura de exigir la desocupación de Veracruz sin condiciones.
Se argumenta que el presidente Wilson no deseaba la guerra con México, pero tenía la necesidad de dar satisfacción a la opinión pública de su país que clamaba por la guerra. No faltó quien dijera que era la oportunidad de extender Estados Unidos hasta Panamá. La disyuntiva se presentó en la forma de la participación los gobiernos de Argentina Brasil y Chile (el ABC) como mediadores en la desocupación de Veracruz. Aunque la iniciativa se reputa como del gobierno norte americano, rápidamente se mostró el propósito intervencionista de los mediadores que lo eran entre Estados Unidos y México y pretendían serlo también entre el usurpador y el gobierno constitucionalista. Esa última parte de la gestión fue tajantemente rechazada por Carranza que canceló la negociación. Huerta terminó huyendo del país y, el 15 de septiembre de 1914, el presidente Wilson ordenó la desocupación de Veracruz. Durante la ceremonia del grito de independencia, el Primer Jefe anunció ante la jubilosa muchedumbre reunida en el Zócalo, la desocupación de Veracruz, lograda sin el menor desdoro de la dignidad nacional.
En estos dos episodios de la historia de la revolución se concentran los elementos que dieron fundamento a la postura y la práctica del gobierno de México frente a la negociación de conflictos internos: Las revoluciones no se hacen para ser negociadas. Si tranzan, se suicidan.
Pasaron sesenta y cuatro años en los que México, a lo largo de una larga cadena de eventos en los que hubo de bregar por el reconocimiento de su gobierno legítimo y revolucionario, de su derecho a disponer de sus riquezas nacionales, principalmente del petróleo, y de practicar una diplomacia independiente. En ese tiempo ocurrieron la primera y la segunda guerras mundiales, el proceso de descolonización y las guerras de Corea y de Vietnam, y una larga cadena de intervenciones de Estados Unidos en los países latinoamericanos, hechas todas con abuso de la fuerza y desprecio del derecho internacional y de la justicia. Había triunfado la revolución cubana e igualmente se habían producido en prácticamente toda la región alzamientos guerrilleros y luchas populares, muchos de los cuales ya habían sido aplastados. También ocurrieron los movimientos sociales del 68, con manifestaciones en Europa, en América Latina y en Asia.
En Centroamérica la lucha continuaba, creciente, en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En septiembre de 1978 se produjo en Nicaragua una insurrección popular en siete ciudades simultáneamente.
Anastasio Somoza Debayle era el tercero de una sangrienta dinastía que se había iniciado en 1933, con la designación de su padre Anastasio Somoza García3 como el primer jefe de la Guardia Nacional creada por Estados Unidos para controlar el país. Después de asesinar a Sandino4 en 1934, dio un golpe de estado al presidente Juan Bautista Sacasa, tomó el poder y lo mantuvo hasta 1956 en que él mismo fue ajusticiado por un patriota. Su hijo Luis lo siguió en el poder, pero murió en 1967, y fue sustituido por su hermano menor, Tachito, Anastasio II, quien ya preparaba a su hijo, Anastasio III, para ocupar la presidencia cuando ocurrieron los hechos que enseguida relatamos.
La insurrección popular del 9 de septiembre de 1978, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización revolucionaria heredera de las luchas de Sandino, produjo gran alarma en Estados Unidos y expectación en toda Latinoamérica. Mientras Somoza se ocupaba de la represión sistemática en cada una de las ciudades insurrectas, en la OEA se gestaba una misión diplomática que mediara entre los sandinistas y el dictador. Desde la propia Managua se invitó a México a participar en una misión mediadora acompañando a Estados Unidos y a Guatemala. La cancillería mexicana, encabezada entonces por don Santiago Roel, instruyó a sus diplomáticos en Managua y en Washington, que declinaran la participación de México en ese esfuerzo y les comentó que fundaba su decisión en la frase que don Venustiano Carranza pronunció en la casa de adobe: Revolución que transa, revolución perdida.
En ausencia de México, la misión mediadora de la OEA se completó con la participación de la República Dominicana, en esos días, una democracia de una semana de edad. Bajo el manto de la OEA y en presencia de Estados Unidos, los sandinistas se sentaron con el canciller de Somoza a discutir nada menos que el poder de la república. No tenían ninguna intención de interrumpir el proceso revolucionario, pero sacaron buen provecho de haberse sentado con Somoza a discutir el poder. Ya habían demostrado su capacidad para enfrentar a Somoza por las armas, lo hacían ahora en la arena internacional.
A diferencia de lo que sucedió en México, donde la legitimidad de la revolución no era ni podía ser puesta en duda, los sandinistas, necesitaban dar el paso que los legitimara internacionalmente. La negociación duró poco porque los mediadores, como en el caso del ABC en México, entendían su misión como si se tratara de ayudar a bien morir a la revolución.
Un buen día los representantes del sandinismo se levantaron de la mesa, cancelaron las negociaciones y obtuvieron asilo diplomático en la embajada de México. De ahí en adelante se dedicaron a organizar el ejército que debía enfrentar a la Guardia Nacional y dar paso a la insurrección popular. Ya no eran solamente una fuerza subversiva y clandestina. Eran, internacionalmente, una legítima opción de poder.
Unos días antes de que los sandinistas iniciaran la que acertadamente llamaron ofensiva final, el gobierno de México decidió romper relaciones con el gobierno de Somoza. No como reacción a algún gesto impropio del dictador. Fue un acto político concertado y calculado para servir como el detonante del aislamiento internacional de Somoza.
La ruptura se dio en ocasión de una visita del presidente de Costa Rica, que también había roto relaciones meses antes por problemas fronterizos ocasionados por la guerra. Los presidentes de México y Costa Rica decidieron, y lo anunciaron públicamente, enviar una misión a los países andinos para explicar la posición que habían asumido y pedir a esos gobiernos hacer lo mismo: craso error. Conseguir que un gobierno rompa relaciones con otro por la recomendación pública de un tercero es prácticamente imposible. El tropezón era mayor porque, por su parte, los países andinos ya habían concertado con los sandinistas su propia ruptura con Somoza, pero la simple recomendación mexicana, pública, la hacía imposible. Los sandinistas no se conformaron con perder el respaldo andino y actuaron rápidamente. Lograron una declaración andina en la que se reconoció el carácter beligerante a los sandinistas.
El apoyo de los países andinos no tuvo mayores efectos en el desenlace de la ofensiva final que ya estaba en su apogeo y su efecto publicitario fue apagado por las noticias de la guerra. En donde sí hizo mella profunda fue en el imaginario político de otros revolucionarios que, impacientes, esperaban su turno para entrar en la historia de sus patrias y de la región.
Con el grado de Coronel, Farabundo Martí sirvió como Secretario del general Sandino en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Pero Farabundo era comunista y Sandino no. Pronto el salvadoreño se fue a su país en donde organizó una rebelión principalmente indígena que fue brutalmente aplastada por el ejército al costo de treinta mil vidas de indígenas salvadoreños. La resistencia civil en las dos naciones se prolongó hasta que en los años sesenta y setenta se reorganizaron ambas fuerzas revolucionarias. Los salvadoreños participaron solidariamente en la insurrección sandinista y, el 10 de enero de 1981, lanzaron su propia ofensiva.
La reacción de Estados Unidos fue la de evitar a toda costa otra revolución triunfante en la región. Había aprendido la lección de Nicaragua y además de respaldar militar y económicamente al gobierno salvadoreño, asumió una fuerte posición que negaba cualquier posibilidad de legitimidad a las fuerzas revolucionarias. En las directivas de información pública ya no se permitía hablar de guerrilleros, revolucionarios o insurrectos. Ahora se trataba de delincuentes, subversivos y terroristas. Más importante aún, se negaba cualquier posibilidad de diálogo o negociación. No se legitimaría a la subversión comunista por vía de la negociación.
El conflicto fue extremadamente cruento y no se guardaban consideraciones humanitarias de ninguna naturaleza. Varios países europeos y latinoamericanos, entre ellos México, hicieron esfuerzos por inducir una mediación internacional en el conflicto salvadoreño. La respuesta fue siempre negativa. En mayo de 1982, los gobiernos de México y Francia emitieron una declaración conjunta que alertaba a la comunidad internacional sobre la existencia de un conflicto armado de carácter interno en El Salvador entre el gobierno militar de ese país y una fuerza política representativa de la población y sobre la necesidad de que se aplicara el derecho internacional humanitario.5 La validez de la declaración estaba en la realidad objetiva que reflejó; su importancia descansaba en la reputación de los declarantes6; y su efecto consistió en que ya no fue necesario esperar a que Estados Unidos o el propio gobierno salvadoreño aceptaran negociar para que los hijos de Farabundo legitimaran su existencia como opción de poder ante la comunidad internacional.
Los sandinistas cobraron legitimidad internacional por vía de la negociación con el enemigo; los revolucionarios salvadoreños por vía del reconocimiento de su carácter beligerante. La expresión “fuerza política representativa” fue adoptada para conveniencia de Francia, ya que el término beligerancia resultaba incómodo para su relación con los movimientos africanos, que podrían aspirar al mismo trato.
Escandalizados, la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos –las dictaduras militares de la época– acusaron a México de intervencionismo. México contestó por boca de su presidente: “México no ha enviado a El Salvador ni un hombre, ni un rifle ni un peso”. Los acusadores no podían decir lo mismo.
Pronto se iniciaron las conversaciones, pero igualmente rápido se hizo evidente que ninguna de las partes negociaba estratégicamente; ambas lo hacían tácticamente. Los rebeldes para consolidar su acreditación como una fuerza que legítimamente aspira al poder político y el gobierno para atenuar su posición como gobierno militar represivo responsable de mil atrocidades. Así transcurrió prácticamente toda la década de los años ochentas.
Sólo el desmoronamiento del socialismo europeo y el colapso de la Unión Soviética hicieron comprender a los revolucionarios salvadoreños que su proyecto original – algo así como la República Popular de El Salvador – se había agotado. No era posible pensar que, aún si lograban tomar el poder por las armas (cosa que no era un imposible según la evolución de la contienda) podrían conservarlo. La pequeña república productora de café, algodón y azúcar, no podría sostenerse sin un poderoso respaldo extranjero que solamente podría concebirse en la solidaridad socialista. Pero no era cosa de rendirse. ¿Y los cincuenta mil muertos? ¿Y los diez años de lucha? ¿Y los combatientes, las milicias, las bases de apoyo popular comprometidas? Desmovilizar a las tropas e irse cada quien a su casa era impensable. Los hijos de Farabundo entendieron que su lucha no sería en vano si convertían el proyecto socialista de la revolución en la democracia como objeto de la negociación. Para un país con la historia de El Salvador, alcanzar la democracia podía entenderse como un triunfo revolucionario.
Pero la situación de negociación no se había configurado todavía. La oligarquía, el gobierno y el ejército salvadoreños, al igual que el gobierno de Estados Unidos mal interpretaron el cambio de actitud de los revolucionarios; pensaron que estaban en vías de rendición y no correspondieron a la negociación estratégica. La respuesta de los revolucionarios fue terminante: lanzaron sobre San Salvador el ataque más importante de la guerra y demostraron con ello que si bien el proyecto se agotó en el exterior, en el interior estaban muy lejos de ser derrotados. En ese momento se configuró la situación de negociación. Sus adversarios lo comprendieron así y la negociación avanzó rápidamente hasta la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, el 16 de enero de 1992. Farabundo no tomó el poder, pero cambió el sistema.
Los revolucionarios guatemaltecos lucharon treinta y seis años y solamente la caída del socialismo europeo, su propio desgaste y el impulso de la negociación en El Salvador los condujo a un proceso de negociación. En Guatemala no fue necesario ni el reconocimiento ni la negociación para obtener la legitimación. La situación de negociación se hizo evidente por si misma y la paz se negoció y firmó a principios de 1992.
La noche del 31 de diciembre del 1993 estalló en México la rebelión zapatista. Inmediatamente surgió el reclamo de los insurrectos para que el gobierno les reconociera la condición de beligerantes y el gobierno no sabía como reaccionar. La cuestión duró poco tiempo porque ambas partes se asesoraron convenientemente y pronto comprendieron que declarar la beligerancia en ese caso era tan improcedente como inútil.
El otro gran conflicto armado ocurre en Colombia. Ahí se dirime el conflicto interno más largo, cruento y complejo de los que se dieron en la segunda mitad del siglo veinte en América Latina. En el medio siglo que lleva su desarrollo confluyen modalidades de guerra revolucionaria, guerra civil, intervención extranjera y delincuencia organizada nacional e internacional. Sus múltiples episodios encierran ejercicios de negociación exitosos y fallidos así como grupos desmovilizados que fueron respetados en la vida civil y, se dice, alguno exterminado después de la desmovilización. Pero la confrontación entre las fuerzas principales aún persiste: el gobierno y las FARC.
Los últimos ejercicios de negociación han fracasado básicamente porque la situación de negociación no se ha alcanzado –y en ocasiones se ha perdido– y las partes todavía participan en ellos táctica y no estratégicamente. Sin embargo parecería que de parte de las FARC ya se ha asumido el hecho de que el propósito original, la implantación del sistema socialista, no es una opción al alcance de la mano en un mundo por un lado globalizado y por otro regido por un orden internacional hegemonista. Sin embargo la contraparte, el gobierno, parece confiar en poder infligir la derrota militar a su enemigo revolucionario. Todo esto en medio de la lucha contra el narcotráfico y las agrupaciones armadas menores de izquierda y de derecha.
Recientemente, en ocasión de nuevos intentos de intercambios de prisioneros se produjo la apelación del Presidente de Venezuela de que se reconociera, por parte de terceros países y la propia Colombia, el carácter beligerante de las FARC. La propuesta levantó expectativas en los medios pero los resultados que produjo fueron, previsiblemente, nulos. Una segunda propuesta parece tener más contenido: Que se elimine a las FARC el calificativo de narco-terrorista. Mientras esa calificación se mantenga la negociación será imposible. Hay que recordar que en la negociación de un conflicto armado sin carácter internacional –una revolución, una guerra civil– lo que se negocia es el poder y no es posible negociar el poder con el narcotráfico. Sería importante que los países que la han incluido en sus listas la eliminen, pero solamente cuando el gobierno de Colombia lo haga se podrán iniciar negociaciones. No se trata de algo impensable, ya ha ocurrido en las diversas ocasiones en que ambas partes se han sentado a negociar.
De los antecedentes ya expuestos y la observación de cómo se ha llevado en la práctica la negociación de los conflictos armados internos se pueden extraer ciertas enseñanzas:
Las grandes reformas sociales sólo se llevan a cabo por medio de victorias decisivas. Las revoluciones, para triunfar de un modo definitivo, necesitan ser implacables. Revolución que tranza, revolución perdida. Así se planteó en el discurso revolucionario mexicano y, en efecto, una revolución no se inicia para negociar su final pues eso significaría, además de una simulación dolosa, que se olvidan las causas que le dieron origen y se abandonan los objetivos que busca.
Con la creciente mundialización de la política, los movimientos sociales internos son afectados por el entorno internacional. A diferencia de otras épocas, es posible si no frecuente, que un movimiento revolucionario encuentre que la consecución de sus objetivos finales depende en gran medida de circunstancias externas sobre las que no tiene control y, aún sin haber sido derrotado ni militar ni políticamente en lo interno, deba modificar el proyecto original y ajustarlo a las posibilidades de la realidad del momento.
Para que ese ajuste sea posible debe existir una situación de negociación, concepto equivalente al de “situación revolucionaria” en la que las condiciones sociales objetivas, subjetivas y de organización se presentan favorables al lanzamiento del movimiento revolucionario. La situación de negociación exige que, para ambas partes, la victoria no esté a la vista, la derrota no sea inminente y la prolongación de la contienda se estime insostenible, por lo que la negociación de la paz se convierte en la opción óptima para ambas partes.
Al convenir la negociación se garantiza la supervivencia de ambas partes y se eliminan los dos extremos de la solución del conflicto: la victoria y la derrota. Lo que queda como materia de negociación es el poder. La repartición se corresponde más con el poder militar, político y social de cada parte que con la habilidad de los negociadores.
La diferencia entre una negociación y una capitulación está en que el contendiente más débil conserve la existencia de sus integrantes y de su organización, aún cuando deba cambiar su naturaleza. Transformar una organización armada en un partido político, por ejemplo. La sola desmovilización, aún cuando sea a cambio de ciertas prebendas, sin la permanencia de la organización y sus objetivos políticos, es una simple rendición.
La última gran lección está en comprender que la negociación de un conflicto se da entre las partes que toman parte en él. Que la participación de terceros sólo es aceptable cuando ambas partes la requieren. Buscar la cancelación de la lucha en procuración de la paz por sí misma es en realidad tomar partido por el statu quo y resulta contraria a la revolución. Por lo tanto la única participación legítima es aquella en la que, habiendo acordado las partes iniciar un proceso de negociación soliciten a un tercero sus buenos oficios para facilitarla. De otra manera, la mediación, con iniciativas y propuestas de solución, aún la que se supondría aséptica y neutral, resulta en una dolosa intervención.
Cuando ocurrió el colapso del estado soviético y del socialismo europeo, se asumió con ligereza que la historia había concluido; que la eterna disputa entre débiles y poderosos había llegado a su fin y que las guerras intestinas que proliferaron en el último decenio del siglo veinte eran simplemente los conflictos a los que la guerra fría les había impedido aflorar, mismos que se dirimirían por el simple expediente de su propio agotamiento.
Como se sabe, las cosas no resultaron de esa manera. Vivimos una época en que el orden internacional gira alrededor de una potencia hegemónica y el derecho internacional ha sido relegado a estadios más primitivos que los que tenía al final del siglo diecinueve. Las guerras no han terminado y podemos estar seguros de que se verán más en el porvenir.
Libertad, democracia y libre empresa, ha dicho el presidente Bush, son la fórmula del éxito nacional y no hay otra. El desencanto con la democracia que se registra en Latinoamérica – lo registran las Naciones Unidas – demuestra que no es así. La formula bushiana no reduce la miseria ni la desigualdad social. A la ecuación le hace falta el elemento justicia. Las guerras revolucionarias seguirán ocurriendo en tanto prevalezca la injusticia como vórtice del orden social.
Podría ocurrir que, por parte de México, el gobierno de facto ceda a la tentación de buscar algún papel en la negociación colombiana. Ya en una ocasión reciente protagonizó un lamentable papel de mediador en el conflicto Colombiano del que salió porque uno de los actores le retiró la invitación. El buen desempeño en esa negociación requiere de dos componentes esenciales con los que gobierno espurio no cuenta: la capacidad para inducir el entendimiento y la reputación de actuar sin intereses ocultos.
En México existe una situación revolucionaria. Las condiciones objetivas han estado presentes por décadas; las condiciones subjetivas fueron creadas por la oligarquía que hurtó la voluntad popular. La organización del poder popular está en marcha y la resistencia pacífica es el método. Actualmente se desarrolla un profundo movimiento revolucionario encaminado a refundar la república sobre bases éticas. Una revolución que se inicia en las conciencias y se extiende a la defensa de las garantías individuales, de los intereses populares, del patrimonio nacional y de la humanidad misma. No requiere que nadie en el extranjero sancione su legitimidad porque la tiene en su naturaleza. No hay impasse posible, los tiempos políticos del país no lo permiten. Sí, en cambio, debe observar la histórica lección de la casa de adobe: no debe olvidar que revolución que tranza, revolución perdida.
1 Asociada a esa figura existía el reconocimiento de insurgencia. La diferencia entre ambas es solamente de grado. Los insurgentes pueden no controlar territorio pero sí ser una fuerza capaz de impedir al gobierno el control del territorio o de una parte de él. En este texto se trata ambos casos con la designación única de beligerancia.
2 Durante la Sexta Conferencia Interamericana, celebrada en La Habana en 1928, se adoptó la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles. En su artículo primero incluye, como la tercera regla a observar, la siguiente: “Prohibir el tráfico de armas y material de guerra salvo cuando fueren destinadas al gobierno, mientras no esté reconocida la beligerancia de los rebeldes, caso en que se aplicarán las reglas de neutralidad.”
3 Se atribuye al Presidente Franklin D. Roosevelt haber dicho de Anastasio Somoza: “He may be a son-of-a-bitch, but he is our son-of-a-bitch” .
4 Por contraposición a Augusto Cesar Sandino se le conoce como “El General de hombres libres”.
5 El derecho aplicable eran las disposiciones mínimas contenidas en el artículo 3, común a las cuatro convenciones firmadas el 12 de agosto de 1949, que se refiere al “…caso de un conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes…” .
6 El conflicto fue considerado como parte de la guerra fría y los gobiernos de México y Francia eran insospechables de estar coludidos con el Kremlin. Distinto hubiera sido si, por ejemplo, Cuba y Nicaragua hubieran hecho la misma declaración.
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/15/index.php?section=opinion&article=027a1mun
La casa de adobe (1/3)
El reconocimiento de beligerancia1 es una figura del derecho internacional usada con más frecuencia en el siglo XIX que permitía a las potencias reconocer ese carácter a un grupo insurrecto suficientemente fuerte para controlar una parte del territorio del Estado donde ocurría el conflicto. Los primeros reconocimientos de esta clase los hizo Estados Unidos a los independentistas iberoamericanos. Después, durante la guerra de secesión en Estados Unidos, varios gobiernos europeos reconocieron el carácter beligerante de los confederados. Estados Unidos siguió practicando el reconocimiento de beligerancia2; destaca aquel que, con claras intenciones intervencionistas, dio a la insurrección cubana contra la dominación española de 1895 a 1897.
Los conflictos susceptibles del reconocimiento de beligerancia son guerras intestinas – guerras civiles, guerras de independencia o revoluciones sociales– que llaman el interés de las potencias extranjeras cuando éstas sienten la necesidad de hacer ese reconocimiento porque el Gobierno ya no es capaz de proteger sus intereses (sus ciudadanos, sus bienes, etc.) de acuerdo a lo previsto en el derecho internacional. Una vez que son reconocidos, los beligerantes asumen las obligaciones internacionales que el gobierno ya no puede cumplir. Por su parte, quien los ha reconocido se obliga a la neutralidad, tal como estaba establecida en el derecho de la guerra.
La figura ha recobrado su vigencia en América Latina desde que los países andinos reconocieron el carácter beligerante del Frente Sandinista de Liberación Nacional en junio de 1979, durante la ofensiva final para derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle. México desempeñó un papel tangencial en ese renacimiento, pero su actuación ha sido mucho más importante desde el punto de vista de las razones y los propósitos y, sobre todo, de los nuevos usos que tiene el reconocimiento de beligerancia en el derecho internacional y la estrategia de las revoluciones sociales latinoamericanas de la segunda mitad del siglo veinte. La primera de ellas fue la mexicana, misma que en sus inicios marcó una ley de la naturaleza de las revoluciones sociales: Revolución que tranza, revolución perdida.
La casa de adobe era una rústica construcción en las afueras de Ciudad Juárez en la que don Francisco Ignacio Madero se instaló como Presidente Provisional del gobierno revolucionario, acompañado por el Consejo de Estado que designó. Lo integraban como titulares de las carteras de Gobernación, Federico González Garza; de Relaciones Exteriores, Francisco Vázquez Gómez; de Justicia, José María Pino Suárez; de Comunicaciones, Manuel Bonilla; y de Guerra, don Venustiano Carranza.
La casa se conocía entre los revolucionarios como “Palacio Nacional” y el Consejo de Estado, como “el Gabinete”. Era abril de 1911. Con la reluctante participación de los revolucionarios, Madero negociaba con los representantes de don Porfirio el que después se conoció como El Convenio de Ciudad Juárez. El 21 de mayo se concluyó el acuerdo que en su único artículo decía: “Desde hoy cesarán en todo el territorio de la república las hostilidades que han existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz y las de la Revolución, debiendo estas ser licenciadas a medida que en cada Estado se vayan dando los pasos necesarios para establecer y garantizar la tranquilidad y el orden públicos.” Todo a cambio de una promesa de renuncia del dictador para un mes después.
El pacto de Ciudad Juárez fue muy mal recibido por la población. Se esperaba que la renuncia del Presidente Díaz se presentara a la cámara de Diputados el día 24. Cuando esto no sucedió, nos dice el ilustre diplomático y revolucionario don Isidro Fabela, “…la multitud enardecida pidió a gritos, fuera del recinto parlamentario y después en manifestaciones cada vez más y más agresivas, la ansiada dimisión. Una masa popular como de veinte mil almas, cantando el himno nacional, penetró por las avenidas cinco de mayo y San Francisco – hoy Madero – hasta el Zócalo, con pretensiones de invadir el Palacio Nacional. Entonces sobrevino la catástrofe: las fuerzas federales dispararon sobre la muchedumbre, haciendo multitud de muertos y heridos. El hecho trágico llevó el espíritu público al paroxismo, siendo entonces cuando exigió, con apremios terribles, la renuncia del general Díaz, que al fin fue presentada, después de la hecatombe que el propio dictador pudo haber evitado con sólo adelantar unas horas su prometida dimisión.”
Los revolucionarios que acompañaban a Madero en la Casa de Adobe no estaban de acuerdo con la negociación. El general Francisco L. Urquizo relata, quizá de manera un tanto dramatizada, un episodio de esas negociaciones, el ocurrido el 7 de mayo de 1911, cuando el representante porfirista alegaba en tono vehemente: “¿Queréis la renuncia del general Díaz? ¡Pedís demasiado! Se os dan cuatro ministros y catorce gobernadores y aún esto, que es mucho ¿se os hace poco? ¿Es que no os dais cuenta de vuestra situación? ¡Reflexionad!, ¡reflexionad!”
Antes de que don José María Pino Suárez, que presidía la reunión, reaccionara, una voz grave y sonora irrumpió diciendo:
? Pues precisamente porque hemos reflexionado con toda atención y madurez nuestra situación frente al gobierno, por eso mismo rechazamos vuestros argumentos y no aceptamos lo que se nos propone.” […]
?Revolución que transa es revolución perdida. Las grandes reformas sociales sólo se llevan a cabo por medio de victorias decisivas. Si nosotros no aprovechamos la oportunidad de entrar en la Ciudad de México al frente de cien mil hombres y tratamos de encauzar a la revolución por la senda de una positiva legalidad, pronto perderemos nuestro prestigio y reaccionarán los amigos de la dictadura.”
“Las revoluciones, para triunfar de un modo definitivo, necesitan ser implacables. ¿Qué ganamos con la retirada de los señores Díaz y Corral? Quedarán sus amigos en el poder; quedará el sistema corrompido que hoy combatimos. El interinato será una prolongación viciosa, anémica y estéril de la dictadura. Al lado de esa rama podrida el elemento sano de la revolución se contaminaría. Sobrevendrán días de luto y miseria para la república y el pueblo nos maldecirá, porque por un humanismo enfermizo, por ahorrar unas cuantas gotas de sangre culpable, habremos malogrado el fruto de tantos esfuerzos y de tantos sacrificios. Lo repito: La revolución que transa, se suicida.”
“Palabras de vidente – dice el General Urquizo – fueron aquellas que pronunciara aquel orador reposado, sí, pero convencido. […] Venustiano Carranza, que fuera el orador que las pronunciara.”
En efecto el gobierno del Presidente Madero fue hostilizado por las elites económicas y sociales y después traicionado y asesinado por el jefe del ejército, Victoriano Huerta, con la complicidad del Embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson.
Cumplidas las predicciones de Carranza, el gobierno del traidor Huerta se vio enfrascado en una ridícula disputa con Estados Unidos porque los marinos de un buque de guerra norteamericano anclado en Tampico, tras un incidente menor, exigieron que las tropas de Huerta saludaran a la bandera norteamericana, en desagravio. El incidente se tomó como pretexto para la ocupación de Veracruz. Las tropas de Huerta abandonaron el puerto sin combatir y solamente la Escuela Naval, que ahí ganó el calificativo de Heroica que se antepone a su nombre, junto con unos cuantos soldados patriotas y la valiente población del puerto, hizo resistencia a los treinta buques que cañonearon la ciudad. Ya era Presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, quien aseguraba simpatizar con los revolucionarios y alegaba un pretendido castigo al usurpador, arrogándose el papel de factótum de nuestra vida nacional que de ninguna manera le correspondía.
Venustiano Carranza, que como Gobernador de Coahuila había desconocido al gobierno del usurpador Huerta, encabezaba al Ejército Constitucionalista. En diversas ocasiones el Primer Jefe fue objeto de gestiones por parte de los cónsules y otros personeros norteamericanos orientadas a que declarara justificada la intervención por la necesidad de obtener una reparación ante las ofensas alegadas. Invariablemente, Carranza contestó que, antes de cualquier otra cosa, era necesario desocupar Veracruz y dirigir al gobierno constitucionalista las reclamaciones de Estados Unidos. Los intercambios diplomáticos fueron numerosos y, aunque se amenazaba con la guerra y de hecho se estaba al borde de ella, el Primer Jefe mantuvo su postura de exigir la desocupación de Veracruz sin condiciones.
Se argumenta que el presidente Wilson no deseaba la guerra con México, pero tenía la necesidad de dar satisfacción a la opinión pública de su país que clamaba por la guerra. No faltó quien dijera que era la oportunidad de extender Estados Unidos hasta Panamá. La disyuntiva se presentó en la forma de la participación los gobiernos de Argentina Brasil y Chile (el ABC) como mediadores en la desocupación de Veracruz. Aunque la iniciativa se reputa como del gobierno norte americano, rápidamente se mostró el propósito intervencionista de los mediadores que lo eran entre Estados Unidos y México y pretendían serlo también entre el usurpador y el gobierno constitucionalista. Esa última parte de la gestión fue tajantemente rechazada por Carranza que canceló la negociación. Huerta terminó huyendo del país y, el 15 de septiembre de 1914, el presidente Wilson ordenó la desocupación de Veracruz. Durante la ceremonia del grito de independencia, el Primer Jefe anunció ante la jubilosa muchedumbre reunida en el Zócalo, la desocupación de Veracruz, lograda sin el menor desdoro de la dignidad nacional.
En estos dos episodios de la historia de la revolución se concentran los elementos que dieron fundamento a la postura y la práctica del gobierno de México frente a la negociación de conflictos internos: Las revoluciones no se hacen para ser negociadas. Si tranzan, se suicidan.
Pasaron sesenta y cuatro años en los que México, a lo largo de una larga cadena de eventos en los que hubo de bregar por el reconocimiento de su gobierno legítimo y revolucionario, de su derecho a disponer de sus riquezas nacionales, principalmente del petróleo, y de practicar una diplomacia independiente. En ese tiempo ocurrieron la primera y la segunda guerras mundiales, el proceso de descolonización y las guerras de Corea y de Vietnam, y una larga cadena de intervenciones de Estados Unidos en los países latinoamericanos, hechas todas con abuso de la fuerza y desprecio del derecho internacional y de la justicia. Había triunfado la revolución cubana e igualmente se habían producido en prácticamente toda la región alzamientos guerrilleros y luchas populares, muchos de los cuales ya habían sido aplastados. También ocurrieron los movimientos sociales del 68, con manifestaciones en Europa, en América Latina y en Asia.
En Centroamérica la lucha continuaba, creciente, en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En septiembre de 1978 se produjo en Nicaragua una insurrección popular en siete ciudades simultáneamente.
Anastasio Somoza Debayle era el tercero de una sangrienta dinastía que se había iniciado en 1933, con la designación de su padre Anastasio Somoza García3 como el primer jefe de la Guardia Nacional creada por Estados Unidos para controlar el país. Después de asesinar a Sandino4 en 1934, dio un golpe de estado al presidente Juan Bautista Sacasa, tomó el poder y lo mantuvo hasta 1956 en que él mismo fue ajusticiado por un patriota. Su hijo Luis lo siguió en el poder, pero murió en 1967, y fue sustituido por su hermano menor, Tachito, Anastasio II, quien ya preparaba a su hijo, Anastasio III, para ocupar la presidencia cuando ocurrieron los hechos que enseguida relatamos.
La insurrección popular del 9 de septiembre de 1978, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización revolucionaria heredera de las luchas de Sandino, produjo gran alarma en Estados Unidos y expectación en toda Latinoamérica. Mientras Somoza se ocupaba de la represión sistemática en cada una de las ciudades insurrectas, en la OEA se gestaba una misión diplomática que mediara entre los sandinistas y el dictador. Desde la propia Managua se invitó a México a participar en una misión mediadora acompañando a Estados Unidos y a Guatemala. La cancillería mexicana, encabezada entonces por don Santiago Roel, instruyó a sus diplomáticos en Managua y en Washington, que declinaran la participación de México en ese esfuerzo y les comentó que fundaba su decisión en la frase que don Venustiano Carranza pronunció en la casa de adobe: Revolución que transa, revolución perdida.
En ausencia de México, la misión mediadora de la OEA se completó con la participación de la República Dominicana, en esos días, una democracia de una semana de edad. Bajo el manto de la OEA y en presencia de Estados Unidos, los sandinistas se sentaron con el canciller de Somoza a discutir nada menos que el poder de la república. No tenían ninguna intención de interrumpir el proceso revolucionario, pero sacaron buen provecho de haberse sentado con Somoza a discutir el poder. Ya habían demostrado su capacidad para enfrentar a Somoza por las armas, lo hacían ahora en la arena internacional.
A diferencia de lo que sucedió en México, donde la legitimidad de la revolución no era ni podía ser puesta en duda, los sandinistas, necesitaban dar el paso que los legitimara internacionalmente. La negociación duró poco porque los mediadores, como en el caso del ABC en México, entendían su misión como si se tratara de ayudar a bien morir a la revolución.
Un buen día los representantes del sandinismo se levantaron de la mesa, cancelaron las negociaciones y obtuvieron asilo diplomático en la embajada de México. De ahí en adelante se dedicaron a organizar el ejército que debía enfrentar a la Guardia Nacional y dar paso a la insurrección popular. Ya no eran solamente una fuerza subversiva y clandestina. Eran, internacionalmente, una legítima opción de poder.
Unos días antes de que los sandinistas iniciaran la que acertadamente llamaron ofensiva final, el gobierno de México decidió romper relaciones con el gobierno de Somoza. No como reacción a algún gesto impropio del dictador. Fue un acto político concertado y calculado para servir como el detonante del aislamiento internacional de Somoza.
La ruptura se dio en ocasión de una visita del presidente de Costa Rica, que también había roto relaciones meses antes por problemas fronterizos ocasionados por la guerra. Los presidentes de México y Costa Rica decidieron, y lo anunciaron públicamente, enviar una misión a los países andinos para explicar la posición que habían asumido y pedir a esos gobiernos hacer lo mismo: craso error. Conseguir que un gobierno rompa relaciones con otro por la recomendación pública de un tercero es prácticamente imposible. El tropezón era mayor porque, por su parte, los países andinos ya habían concertado con los sandinistas su propia ruptura con Somoza, pero la simple recomendación mexicana, pública, la hacía imposible. Los sandinistas no se conformaron con perder el respaldo andino y actuaron rápidamente. Lograron una declaración andina en la que se reconoció el carácter beligerante a los sandinistas.
El apoyo de los países andinos no tuvo mayores efectos en el desenlace de la ofensiva final que ya estaba en su apogeo y su efecto publicitario fue apagado por las noticias de la guerra. En donde sí hizo mella profunda fue en el imaginario político de otros revolucionarios que, impacientes, esperaban su turno para entrar en la historia de sus patrias y de la región.
Con el grado de Coronel, Farabundo Martí sirvió como Secretario del general Sandino en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Pero Farabundo era comunista y Sandino no. Pronto el salvadoreño se fue a su país en donde organizó una rebelión principalmente indígena que fue brutalmente aplastada por el ejército al costo de treinta mil vidas de indígenas salvadoreños. La resistencia civil en las dos naciones se prolongó hasta que en los años sesenta y setenta se reorganizaron ambas fuerzas revolucionarias. Los salvadoreños participaron solidariamente en la insurrección sandinista y, el 10 de enero de 1981, lanzaron su propia ofensiva.
La reacción de Estados Unidos fue la de evitar a toda costa otra revolución triunfante en la región. Había aprendido la lección de Nicaragua y además de respaldar militar y económicamente al gobierno salvadoreño, asumió una fuerte posición que negaba cualquier posibilidad de legitimidad a las fuerzas revolucionarias. En las directivas de información pública ya no se permitía hablar de guerrilleros, revolucionarios o insurrectos. Ahora se trataba de delincuentes, subversivos y terroristas. Más importante aún, se negaba cualquier posibilidad de diálogo o negociación. No se legitimaría a la subversión comunista por vía de la negociación.
El conflicto fue extremadamente cruento y no se guardaban consideraciones humanitarias de ninguna naturaleza. Varios países europeos y latinoamericanos, entre ellos México, hicieron esfuerzos por inducir una mediación internacional en el conflicto salvadoreño. La respuesta fue siempre negativa. En mayo de 1982, los gobiernos de México y Francia emitieron una declaración conjunta que alertaba a la comunidad internacional sobre la existencia de un conflicto armado de carácter interno en El Salvador entre el gobierno militar de ese país y una fuerza política representativa de la población y sobre la necesidad de que se aplicara el derecho internacional humanitario.5 La validez de la declaración estaba en la realidad objetiva que reflejó; su importancia descansaba en la reputación de los declarantes6; y su efecto consistió en que ya no fue necesario esperar a que Estados Unidos o el propio gobierno salvadoreño aceptaran negociar para que los hijos de Farabundo legitimaran su existencia como opción de poder ante la comunidad internacional.
Los sandinistas cobraron legitimidad internacional por vía de la negociación con el enemigo; los revolucionarios salvadoreños por vía del reconocimiento de su carácter beligerante. La expresión “fuerza política representativa” fue adoptada para conveniencia de Francia, ya que el término beligerancia resultaba incómodo para su relación con los movimientos africanos, que podrían aspirar al mismo trato.
Escandalizados, la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos –las dictaduras militares de la época– acusaron a México de intervencionismo. México contestó por boca de su presidente: “México no ha enviado a El Salvador ni un hombre, ni un rifle ni un peso”. Los acusadores no podían decir lo mismo.
Pronto se iniciaron las conversaciones, pero igualmente rápido se hizo evidente que ninguna de las partes negociaba estratégicamente; ambas lo hacían tácticamente. Los rebeldes para consolidar su acreditación como una fuerza que legítimamente aspira al poder político y el gobierno para atenuar su posición como gobierno militar represivo responsable de mil atrocidades. Así transcurrió prácticamente toda la década de los años ochentas.
Sólo el desmoronamiento del socialismo europeo y el colapso de la Unión Soviética hicieron comprender a los revolucionarios salvadoreños que su proyecto original – algo así como la República Popular de El Salvador – se había agotado. No era posible pensar que, aún si lograban tomar el poder por las armas (cosa que no era un imposible según la evolución de la contienda) podrían conservarlo. La pequeña república productora de café, algodón y azúcar, no podría sostenerse sin un poderoso respaldo extranjero que solamente podría concebirse en la solidaridad socialista. Pero no era cosa de rendirse. ¿Y los cincuenta mil muertos? ¿Y los diez años de lucha? ¿Y los combatientes, las milicias, las bases de apoyo popular comprometidas? Desmovilizar a las tropas e irse cada quien a su casa era impensable. Los hijos de Farabundo entendieron que su lucha no sería en vano si convertían el proyecto socialista de la revolución en la democracia como objeto de la negociación. Para un país con la historia de El Salvador, alcanzar la democracia podía entenderse como un triunfo revolucionario.
Pero la situación de negociación no se había configurado todavía. La oligarquía, el gobierno y el ejército salvadoreños, al igual que el gobierno de Estados Unidos mal interpretaron el cambio de actitud de los revolucionarios; pensaron que estaban en vías de rendición y no correspondieron a la negociación estratégica. La respuesta de los revolucionarios fue terminante: lanzaron sobre San Salvador el ataque más importante de la guerra y demostraron con ello que si bien el proyecto se agotó en el exterior, en el interior estaban muy lejos de ser derrotados. En ese momento se configuró la situación de negociación. Sus adversarios lo comprendieron así y la negociación avanzó rápidamente hasta la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, el 16 de enero de 1992. Farabundo no tomó el poder, pero cambió el sistema.
Los revolucionarios guatemaltecos lucharon treinta y seis años y solamente la caída del socialismo europeo, su propio desgaste y el impulso de la negociación en El Salvador los condujo a un proceso de negociación. En Guatemala no fue necesario ni el reconocimiento ni la negociación para obtener la legitimación. La situación de negociación se hizo evidente por si misma y la paz se negoció y firmó a principios de 1992.
La noche del 31 de diciembre del 1993 estalló en México la rebelión zapatista. Inmediatamente surgió el reclamo de los insurrectos para que el gobierno les reconociera la condición de beligerantes y el gobierno no sabía como reaccionar. La cuestión duró poco tiempo porque ambas partes se asesoraron convenientemente y pronto comprendieron que declarar la beligerancia en ese caso era tan improcedente como inútil.
El otro gran conflicto armado ocurre en Colombia. Ahí se dirime el conflicto interno más largo, cruento y complejo de los que se dieron en la segunda mitad del siglo veinte en América Latina. En el medio siglo que lleva su desarrollo confluyen modalidades de guerra revolucionaria, guerra civil, intervención extranjera y delincuencia organizada nacional e internacional. Sus múltiples episodios encierran ejercicios de negociación exitosos y fallidos así como grupos desmovilizados que fueron respetados en la vida civil y, se dice, alguno exterminado después de la desmovilización. Pero la confrontación entre las fuerzas principales aún persiste: el gobierno y las FARC.
Los últimos ejercicios de negociación han fracasado básicamente porque la situación de negociación no se ha alcanzado –y en ocasiones se ha perdido– y las partes todavía participan en ellos táctica y no estratégicamente. Sin embargo parecería que de parte de las FARC ya se ha asumido el hecho de que el propósito original, la implantación del sistema socialista, no es una opción al alcance de la mano en un mundo por un lado globalizado y por otro regido por un orden internacional hegemonista. Sin embargo la contraparte, el gobierno, parece confiar en poder infligir la derrota militar a su enemigo revolucionario. Todo esto en medio de la lucha contra el narcotráfico y las agrupaciones armadas menores de izquierda y de derecha.
Recientemente, en ocasión de nuevos intentos de intercambios de prisioneros se produjo la apelación del Presidente de Venezuela de que se reconociera, por parte de terceros países y la propia Colombia, el carácter beligerante de las FARC. La propuesta levantó expectativas en los medios pero los resultados que produjo fueron, previsiblemente, nulos. Una segunda propuesta parece tener más contenido: Que se elimine a las FARC el calificativo de narco-terrorista. Mientras esa calificación se mantenga la negociación será imposible. Hay que recordar que en la negociación de un conflicto armado sin carácter internacional –una revolución, una guerra civil– lo que se negocia es el poder y no es posible negociar el poder con el narcotráfico. Sería importante que los países que la han incluido en sus listas la eliminen, pero solamente cuando el gobierno de Colombia lo haga se podrán iniciar negociaciones. No se trata de algo impensable, ya ha ocurrido en las diversas ocasiones en que ambas partes se han sentado a negociar.
De los antecedentes ya expuestos y la observación de cómo se ha llevado en la práctica la negociación de los conflictos armados internos se pueden extraer ciertas enseñanzas:
Las grandes reformas sociales sólo se llevan a cabo por medio de victorias decisivas. Las revoluciones, para triunfar de un modo definitivo, necesitan ser implacables. Revolución que tranza, revolución perdida. Así se planteó en el discurso revolucionario mexicano y, en efecto, una revolución no se inicia para negociar su final pues eso significaría, además de una simulación dolosa, que se olvidan las causas que le dieron origen y se abandonan los objetivos que busca.
Con la creciente mundialización de la política, los movimientos sociales internos son afectados por el entorno internacional. A diferencia de otras épocas, es posible si no frecuente, que un movimiento revolucionario encuentre que la consecución de sus objetivos finales depende en gran medida de circunstancias externas sobre las que no tiene control y, aún sin haber sido derrotado ni militar ni políticamente en lo interno, deba modificar el proyecto original y ajustarlo a las posibilidades de la realidad del momento.
Para que ese ajuste sea posible debe existir una situación de negociación, concepto equivalente al de “situación revolucionaria” en la que las condiciones sociales objetivas, subjetivas y de organización se presentan favorables al lanzamiento del movimiento revolucionario. La situación de negociación exige que, para ambas partes, la victoria no esté a la vista, la derrota no sea inminente y la prolongación de la contienda se estime insostenible, por lo que la negociación de la paz se convierte en la opción óptima para ambas partes.
Al convenir la negociación se garantiza la supervivencia de ambas partes y se eliminan los dos extremos de la solución del conflicto: la victoria y la derrota. Lo que queda como materia de negociación es el poder. La repartición se corresponde más con el poder militar, político y social de cada parte que con la habilidad de los negociadores.
La diferencia entre una negociación y una capitulación está en que el contendiente más débil conserve la existencia de sus integrantes y de su organización, aún cuando deba cambiar su naturaleza. Transformar una organización armada en un partido político, por ejemplo. La sola desmovilización, aún cuando sea a cambio de ciertas prebendas, sin la permanencia de la organización y sus objetivos políticos, es una simple rendición.
La última gran lección está en comprender que la negociación de un conflicto se da entre las partes que toman parte en él. Que la participación de terceros sólo es aceptable cuando ambas partes la requieren. Buscar la cancelación de la lucha en procuración de la paz por sí misma es en realidad tomar partido por el statu quo y resulta contraria a la revolución. Por lo tanto la única participación legítima es aquella en la que, habiendo acordado las partes iniciar un proceso de negociación soliciten a un tercero sus buenos oficios para facilitarla. De otra manera, la mediación, con iniciativas y propuestas de solución, aún la que se supondría aséptica y neutral, resulta en una dolosa intervención.
Cuando ocurrió el colapso del estado soviético y del socialismo europeo, se asumió con ligereza que la historia había concluido; que la eterna disputa entre débiles y poderosos había llegado a su fin y que las guerras intestinas que proliferaron en el último decenio del siglo veinte eran simplemente los conflictos a los que la guerra fría les había impedido aflorar, mismos que se dirimirían por el simple expediente de su propio agotamiento.
Como se sabe, las cosas no resultaron de esa manera. Vivimos una época en que el orden internacional gira alrededor de una potencia hegemónica y el derecho internacional ha sido relegado a estadios más primitivos que los que tenía al final del siglo diecinueve. Las guerras no han terminado y podemos estar seguros de que se verán más en el porvenir.
Libertad, democracia y libre empresa, ha dicho el presidente Bush, son la fórmula del éxito nacional y no hay otra. El desencanto con la democracia que se registra en Latinoamérica – lo registran las Naciones Unidas – demuestra que no es así. La formula bushiana no reduce la miseria ni la desigualdad social. A la ecuación le hace falta el elemento justicia. Las guerras revolucionarias seguirán ocurriendo en tanto prevalezca la injusticia como vórtice del orden social.
Podría ocurrir que, por parte de México, el gobierno de facto ceda a la tentación de buscar algún papel en la negociación colombiana. Ya en una ocasión reciente protagonizó un lamentable papel de mediador en el conflicto Colombiano del que salió porque uno de los actores le retiró la invitación. El buen desempeño en esa negociación requiere de dos componentes esenciales con los que gobierno espurio no cuenta: la capacidad para inducir el entendimiento y la reputación de actuar sin intereses ocultos.
En México existe una situación revolucionaria. Las condiciones objetivas han estado presentes por décadas; las condiciones subjetivas fueron creadas por la oligarquía que hurtó la voluntad popular. La organización del poder popular está en marcha y la resistencia pacífica es el método. Actualmente se desarrolla un profundo movimiento revolucionario encaminado a refundar la república sobre bases éticas. Una revolución que se inicia en las conciencias y se extiende a la defensa de las garantías individuales, de los intereses populares, del patrimonio nacional y de la humanidad misma. No requiere que nadie en el extranjero sancione su legitimidad porque la tiene en su naturaleza. No hay impasse posible, los tiempos políticos del país no lo permiten. Sí, en cambio, debe observar la histórica lección de la casa de adobe: no debe olvidar que revolución que tranza, revolución perdida.
1 Asociada a esa figura existía el reconocimiento de insurgencia. La diferencia entre ambas es solamente de grado. Los insurgentes pueden no controlar territorio pero sí ser una fuerza capaz de impedir al gobierno el control del territorio o de una parte de él. En este texto se trata ambos casos con la designación única de beligerancia.
2 Durante la Sexta Conferencia Interamericana, celebrada en La Habana en 1928, se adoptó la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles. En su artículo primero incluye, como la tercera regla a observar, la siguiente: “Prohibir el tráfico de armas y material de guerra salvo cuando fueren destinadas al gobierno, mientras no esté reconocida la beligerancia de los rebeldes, caso en que se aplicarán las reglas de neutralidad.”
3 Se atribuye al Presidente Franklin D. Roosevelt haber dicho de Anastasio Somoza: “He may be a son-of-a-bitch, but he is our son-of-a-bitch” .
4 Por contraposición a Augusto Cesar Sandino se le conoce como “El General de hombres libres”.
5 El derecho aplicable eran las disposiciones mínimas contenidas en el artículo 3, común a las cuatro convenciones firmadas el 12 de agosto de 1949, que se refiere al “…caso de un conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes…” .
6 El conflicto fue considerado como parte de la guerra fría y los gobiernos de México y Francia eran insospechables de estar coludidos con el Kremlin. Distinto hubiera sido si, por ejemplo, Cuba y Nicaragua hubieran hecho la misma declaración.
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/15/index.php?section=opinion&article=027a1mun
Conafor: la obra no debe hacerse si afecta manglares
De La Jornada Guerrero
Desconoce la dependencia conflicto por proyecto
Conafor: la obra no debe hacerse si afecta manglares
CORRESPONSALIA
Zihuatanejo, 30 de marzo. Salvador Anta Fonseca, gerente de la región V Pacífico Sur de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), afirmó que el proyecto Ix Extremo no debería realizarse si va a afectar a los mangles –como admiten los concesionarios en su Manifiesto de Impacto Ambiental– pues ésta es una especie que debe protegerse.
En una reunión que sostuvo ayer con ambientalistas de SOS Bahía, de Zihuatanejo; la Organización de Mujeres Ambientalistas de la Sierra de Petatlán y profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como funcionarios de la Conafor, Anta Fonseca expresó su oposición a un proyecto de esta naturaleza, aunque aclaró, no obstante, que no lo conoce todavía.
También se refirió a la deforestación en la sierra, y anunció que este año se esperan entre 280 y 300 millones de pesos para reforestación y sustentabilidad.
En una conferencia de prensa sostenida en el Museo Regional de la Costa Grande, estuvieron Adriana Zoletto Sánchez, Natalia y Enrique Rodríguez Krebs de SOS Bahía; y Celsa Valdovinos, presidenta de las mujeres ecologistas de Petatlán, sedio cuenta de la situación actual de los bosque del país.
Al preguntarle al funcionario sobre las denuncias que se hacen de los problemas en la Sierra de Petatlan comentó que se busca trabajar con las comunidades. También refirió en cuanto al presupuesto para Guerrero que el año pasado fue de 280 millones de pesos y eso se divide en otros conceptos como reforestación, proyectos sustentables, e inversiones, pero para este año se espera que sean 300.
Sobre si tiene información del conflicto ambiental por el muelle de cruceros que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere desarrollar en este puerto, y del proyecto en la isla de Ixtapa llamado Ix-Extremo, de la empresa Isla Extremo SA de CV, dijo desconocer esta situación.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/03/31/index.php?section=regiones&article=010n2reg
http://ghatospardosenlucha.blogspot.com/
Desconoce la dependencia conflicto por proyecto
Conafor: la obra no debe hacerse si afecta manglares
CORRESPONSALIA
Zihuatanejo, 30 de marzo. Salvador Anta Fonseca, gerente de la región V Pacífico Sur de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), afirmó que el proyecto Ix Extremo no debería realizarse si va a afectar a los mangles –como admiten los concesionarios en su Manifiesto de Impacto Ambiental– pues ésta es una especie que debe protegerse.
En una reunión que sostuvo ayer con ambientalistas de SOS Bahía, de Zihuatanejo; la Organización de Mujeres Ambientalistas de la Sierra de Petatlán y profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como funcionarios de la Conafor, Anta Fonseca expresó su oposición a un proyecto de esta naturaleza, aunque aclaró, no obstante, que no lo conoce todavía.
También se refirió a la deforestación en la sierra, y anunció que este año se esperan entre 280 y 300 millones de pesos para reforestación y sustentabilidad.
En una conferencia de prensa sostenida en el Museo Regional de la Costa Grande, estuvieron Adriana Zoletto Sánchez, Natalia y Enrique Rodríguez Krebs de SOS Bahía; y Celsa Valdovinos, presidenta de las mujeres ecologistas de Petatlán, sedio cuenta de la situación actual de los bosque del país.
Al preguntarle al funcionario sobre las denuncias que se hacen de los problemas en la Sierra de Petatlan comentó que se busca trabajar con las comunidades. También refirió en cuanto al presupuesto para Guerrero que el año pasado fue de 280 millones de pesos y eso se divide en otros conceptos como reforestación, proyectos sustentables, e inversiones, pero para este año se espera que sean 300.
Sobre si tiene información del conflicto ambiental por el muelle de cruceros que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere desarrollar en este puerto, y del proyecto en la isla de Ixtapa llamado Ix-Extremo, de la empresa Isla Extremo SA de CV, dijo desconocer esta situación.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/03/31/index.php?section=regiones&article=010n2reg
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La astucia del general
José Antonio Almazán González
La astucia del general
Como parte del debate nacional en torno a la pretensión de abrir Pemex a la inversión del capital privado, algunos privatizadores, huérfanos de pensamiento propio, han comentado públicamente que ¡hasta el general Cárdenas estuvo de acuerdo con la participación del capital privado en la industria del petróleo en México!, apoyándose en los contenidos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, de 1939. Conviene, pues, analizar el contenido de dicha ley reglamentaria para valorar el alcance de tan temerarias declaraciones. Cito textualmente parte de la exposición de motivos y del articulado de la misma:
“…la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión que, por una tradición muy arraigada en nuestro sistema legislativo, se supone que, aunque en forma limitada y precaria, concede ciertos derechos a la explotación directa del subsuelo”.
Esta colaboración de los particulares fue definida a partir de los siguientes criterios: “a) la necesidad de que el contratista sea en todo caso o una persona física mexicana o una sociedad constituida íntegramente por nacionales y en una forma en que sea posible en todo instante la comprobación de esta circunstancia; y d) fijación del criterio de que el contratista no adquirirá un derecho directo a la explotación del petróleo, sino sólo a obtener una compensación que deberá ser equivalente a las inversiones que efectúe más la utilidad que razonablemente deberá tener por su inversión y por su esfuerzo”.
Se agrega además que “la Constitución sólo ha prohibido la explotación mediante concesiones del petróleo, pero no la posibilidad de la construcción de oleoductos, refinerías y sistemas de distribución para gas...” Y precisa en su artículo 9: “los contratos de que hablan los artículos anteriores sólo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador”.
Como he señalado, tanto la reforma adición al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución como la Ley Reglamentaria de este artículo en materia de petróleo fueron expedidas por el presidente Lázaro Cárdenas el 27 y 30 de diciembre de 1939, respectivamente, pero fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, es decir, 10 meses después. Veintiún días antes de que concluyera el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas.
Varios hechos nacionales e internacionales explican este retraso entre su aprobación y su publicación, así como su aparente contradicción. Por un lado las relaciones con el poderoso vecino del norte habían alcanzado su nivel de conflicto más agudo a raíz de la expropiación del petróleo que había afectado a empresas estadunidenses, “que impidieron el transporte y la venta de petróleo mexicano, y exigieron la restitución de sus posesiones anteriores o una indemnización. El gobierno de Estados Unidos suspendió la compra de plata mexicana, prácticamente boicoteó el petróleo mexicano, rompió las negociaciones sobre un acuerdo comercial y negó créditos estatales para el vecino del sur”; por otra parte, México tenía pendiente el pago de compensaciones a los ciudadanos estadunidenses que perdieron sus bienes durante la Revolución ( Jürgen Müller, 1995). El otro hecho significativo fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, que colocó a México en una situación geopolítica extremadamente complicada, en virtud de su posición de neutralidad y del papel que venía desarrollando en la exportación de petróleo a nivel internacional.
En tal virtud, la promulgación inmediata de la reforma constitucional al artículo 27 hubiera agudizado el conflicto con las empresas petroleras y sus respectivos gobiernos. En el mismo sentido, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, puede interpretarse como un gesto orientado a suavizar el conflicto, habida cuenta de las acusaciones en contra del gobierno de Cárdenas. En todo ello, como puede reconocerse, obró la astucia del general Cárdenas para defender la expropiación y nacionalización del petróleo y sortear con éxito un conjunto de fuertes presiones político diplomáticas.
Empero, más allá de esta interpretación, lo cierto es que, a la lectura y análisis de la citada ley secundaria en materia de petróleo, es evidente el acotamiento de la colaboración a particulares mexicanos, lo que la hizo prácticamente inocua, y el rechazo explícito al capital extranjero. Fue por esto que Ávila Camacho propuso su derogación a los tres meses de asumir la presidencia de la República, sustituyéndola por otra ley reglamentaria que explícitamente propiciaba lo que hoy Calderón anhela: la inconstitucional asociación de Pemex con las grandes trasnacionales petroleras.
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/31/index.php?section=opinion&article=022a2pol
La astucia del general
Como parte del debate nacional en torno a la pretensión de abrir Pemex a la inversión del capital privado, algunos privatizadores, huérfanos de pensamiento propio, han comentado públicamente que ¡hasta el general Cárdenas estuvo de acuerdo con la participación del capital privado en la industria del petróleo en México!, apoyándose en los contenidos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, de 1939. Conviene, pues, analizar el contenido de dicha ley reglamentaria para valorar el alcance de tan temerarias declaraciones. Cito textualmente parte de la exposición de motivos y del articulado de la misma:
“…la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión que, por una tradición muy arraigada en nuestro sistema legislativo, se supone que, aunque en forma limitada y precaria, concede ciertos derechos a la explotación directa del subsuelo”.
Esta colaboración de los particulares fue definida a partir de los siguientes criterios: “a) la necesidad de que el contratista sea en todo caso o una persona física mexicana o una sociedad constituida íntegramente por nacionales y en una forma en que sea posible en todo instante la comprobación de esta circunstancia; y d) fijación del criterio de que el contratista no adquirirá un derecho directo a la explotación del petróleo, sino sólo a obtener una compensación que deberá ser equivalente a las inversiones que efectúe más la utilidad que razonablemente deberá tener por su inversión y por su esfuerzo”.
Se agrega además que “la Constitución sólo ha prohibido la explotación mediante concesiones del petróleo, pero no la posibilidad de la construcción de oleoductos, refinerías y sistemas de distribución para gas...” Y precisa en su artículo 9: “los contratos de que hablan los artículos anteriores sólo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador”.
Como he señalado, tanto la reforma adición al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución como la Ley Reglamentaria de este artículo en materia de petróleo fueron expedidas por el presidente Lázaro Cárdenas el 27 y 30 de diciembre de 1939, respectivamente, pero fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, es decir, 10 meses después. Veintiún días antes de que concluyera el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas.
Varios hechos nacionales e internacionales explican este retraso entre su aprobación y su publicación, así como su aparente contradicción. Por un lado las relaciones con el poderoso vecino del norte habían alcanzado su nivel de conflicto más agudo a raíz de la expropiación del petróleo que había afectado a empresas estadunidenses, “que impidieron el transporte y la venta de petróleo mexicano, y exigieron la restitución de sus posesiones anteriores o una indemnización. El gobierno de Estados Unidos suspendió la compra de plata mexicana, prácticamente boicoteó el petróleo mexicano, rompió las negociaciones sobre un acuerdo comercial y negó créditos estatales para el vecino del sur”; por otra parte, México tenía pendiente el pago de compensaciones a los ciudadanos estadunidenses que perdieron sus bienes durante la Revolución ( Jürgen Müller, 1995). El otro hecho significativo fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, que colocó a México en una situación geopolítica extremadamente complicada, en virtud de su posición de neutralidad y del papel que venía desarrollando en la exportación de petróleo a nivel internacional.
En tal virtud, la promulgación inmediata de la reforma constitucional al artículo 27 hubiera agudizado el conflicto con las empresas petroleras y sus respectivos gobiernos. En el mismo sentido, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, puede interpretarse como un gesto orientado a suavizar el conflicto, habida cuenta de las acusaciones en contra del gobierno de Cárdenas. En todo ello, como puede reconocerse, obró la astucia del general Cárdenas para defender la expropiación y nacionalización del petróleo y sortear con éxito un conjunto de fuertes presiones político diplomáticas.
Empero, más allá de esta interpretación, lo cierto es que, a la lectura y análisis de la citada ley secundaria en materia de petróleo, es evidente el acotamiento de la colaboración a particulares mexicanos, lo que la hizo prácticamente inocua, y el rechazo explícito al capital extranjero. Fue por esto que Ávila Camacho propuso su derogación a los tres meses de asumir la presidencia de la República, sustituyéndola por otra ley reglamentaria que explícitamente propiciaba lo que hoy Calderón anhela: la inconstitucional asociación de Pemex con las grandes trasnacionales petroleras.
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/31/index.php?section=opinion&article=022a2pol
Intelectuales aceptan debate sobre Pemex
El Correo Ilustrado
Ayer, 30 de marzo, el gobierno federal, al hacer la presentación de su diagnóstico sobre Pemex, convoca a un diálogo amplio, a un debate de toda la sociedad sobre el tema. Esto, de entrada, habla del suficiente tiempo, sin prisas legislativas, para conocer documentos, intercambiar críticas y reflexionar personal y colectivamente. Ese debate, que hemos reclamado desde hace mucho, es una promesa que nos importa, y, por tanto, en función de nuestro interés ciudadano, y como parte de la sociedad, lo aceptamos. Esperamos a la brevedad que nos informen qué entienden por la “revisión del marco jurídico de la industria petrolera”, qué tipo de debate y en qué medios electrónicos y escritos debe darse.
Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Margo Glantz, Laura Esquivel, Lorenzo Meyer, Hugo Gutiérrez Vega, Enrique González Pedrero, José María Pérez Gay, Enrique Semo, Luis Javier Garrido, Carlos Payán, Héctor Vasconcelos, David Ibarra, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova y Carlos Pellicer López
Ayer, 30 de marzo, el gobierno federal, al hacer la presentación de su diagnóstico sobre Pemex, convoca a un diálogo amplio, a un debate de toda la sociedad sobre el tema. Esto, de entrada, habla del suficiente tiempo, sin prisas legislativas, para conocer documentos, intercambiar críticas y reflexionar personal y colectivamente. Ese debate, que hemos reclamado desde hace mucho, es una promesa que nos importa, y, por tanto, en función de nuestro interés ciudadano, y como parte de la sociedad, lo aceptamos. Esperamos a la brevedad que nos informen qué entienden por la “revisión del marco jurídico de la industria petrolera”, qué tipo de debate y en qué medios electrónicos y escritos debe darse.
Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Margo Glantz, Laura Esquivel, Lorenzo Meyer, Hugo Gutiérrez Vega, Enrique González Pedrero, José María Pérez Gay, Enrique Semo, Luis Javier Garrido, Carlos Payán, Héctor Vasconcelos, David Ibarra, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova y Carlos Pellicer López
AMLO EN TV AZTECA
Del Sendero del Peje
A todos los renegados:
Nos acaban de avisar que este lunes 31 de Marzo Andrés Manuel López Obrador estará en el noticiero de canal 13 de TV Azteca a las 7:10 AM, hora del centro de México. Así que estén al pendiente para verlo y grabarlo.
Una razón más para apoyar al peje en el 2008.
Publicado por Victor Hernandez
A todos los renegados:
Nos acaban de avisar que este lunes 31 de Marzo Andrés Manuel López Obrador estará en el noticiero de canal 13 de TV Azteca a las 7:10 AM, hora del centro de México. Así que estén al pendiente para verlo y grabarlo.
Una razón más para apoyar al peje en el 2008.
Publicado por Victor Hernandez
AMLO: puede venir disfrazada iniciativa para privatizar Pemex
AMLO: puede venir disfrazada iniciativa para privatizar Pemex
Alianzas con empresas privadas y contratos de usos múltiples, vías para disimularla, dijo.
Ángeles Mariscal, corresponsal y Notimex
Publicado: 30/03/2008 18:23
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Andrés Manuel López Obrador advirtió que la iniciativa de ley para privatizar los hidrocarburos puede venir disfrazada en forma de contrato de usos múltiples, asociaciones o alianzas con empresas privadas.
Durante la presentación de las 12 brigadas que se conformaron en Chiapas, pidió a los comités de defensa del petróleo a no caer en provocaciones y mantener el control de quienes son sus integrantes, a fin de evitar que se infiltren en ellos “orejas” del gobierno federal.
El perredista se reunió con unas dos mil personas -casi todos indígenas- maestros, académicos y activistas independientes.
Además, el ex candidato presidencial se pronunció porque sean atendidos los presos que se encuentran en huelga de hambre en tres penitenciarías del estado.
En gira por la entidad, sostuvo que por una cuestión social y humanitaria, el principal derecho humano es a la vida y "eso, todos tenemos la obligación de respetarlo y hacerlo valer".
Comentó que "no quiero entrar a profundidad, no voy a entrar en contradicciones, no quiero de ninguna manera calificar lo que se está haciendo, lo que doy es mi opinión, creo que por razones humanitarias se debe de liberar a los detenidos".
Señaló que tiene buena relación con el gobernador Juan José Sabines Guerrero, y agregó que "Chiapas es importantísimo, no se podría entender México sin Chiapas, muy interesante, por eso recorro todos los estados".
"Los que estamos luchando es para que haya una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, del presupuesto nacional por eso es indignante que haya tanta desigualdad", mencionó.
"No tengo ningún exhorto al gobernador, ya escucharon lo que dije, no quiero que se malinterprete. No vengo a pelear con el gobernador ni hablar de los asuntos interno del Partido de la Revolución Democrática (PRD)", recalcó.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/03/30/la-iniciativa-privatizadora-del-petroleo-podria-venir-disfrazada-amlo
Alianzas con empresas privadas y contratos de usos múltiples, vías para disimularla, dijo.
Ángeles Mariscal, corresponsal y Notimex
Publicado: 30/03/2008 18:23
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Andrés Manuel López Obrador advirtió que la iniciativa de ley para privatizar los hidrocarburos puede venir disfrazada en forma de contrato de usos múltiples, asociaciones o alianzas con empresas privadas.
Durante la presentación de las 12 brigadas que se conformaron en Chiapas, pidió a los comités de defensa del petróleo a no caer en provocaciones y mantener el control de quienes son sus integrantes, a fin de evitar que se infiltren en ellos “orejas” del gobierno federal.
El perredista se reunió con unas dos mil personas -casi todos indígenas- maestros, académicos y activistas independientes.
Además, el ex candidato presidencial se pronunció porque sean atendidos los presos que se encuentran en huelga de hambre en tres penitenciarías del estado.
En gira por la entidad, sostuvo que por una cuestión social y humanitaria, el principal derecho humano es a la vida y "eso, todos tenemos la obligación de respetarlo y hacerlo valer".
Comentó que "no quiero entrar a profundidad, no voy a entrar en contradicciones, no quiero de ninguna manera calificar lo que se está haciendo, lo que doy es mi opinión, creo que por razones humanitarias se debe de liberar a los detenidos".
Señaló que tiene buena relación con el gobernador Juan José Sabines Guerrero, y agregó que "Chiapas es importantísimo, no se podría entender México sin Chiapas, muy interesante, por eso recorro todos los estados".
"Los que estamos luchando es para que haya una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, del presupuesto nacional por eso es indignante que haya tanta desigualdad", mencionó.
"No tengo ningún exhorto al gobernador, ya escucharon lo que dije, no quiero que se malinterprete. No vengo a pelear con el gobernador ni hablar de los asuntos interno del Partido de la Revolución Democrática (PRD)", recalcó.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/03/30/la-iniciativa-privatizadora-del-petroleo-podria-venir-disfrazada-amlo
Diagnóstico para PeUSA
No es diagnóstico sino cabildeo
Según el diagnóstico para el fortalecimiento de Pemex, que el gobierno de Calderón envió a los legisladores del PRI, todos los males de la paraestatal se resolverían mediante las alianzas estratégicas con las transnacionales. Su prisa por traicionar a la nación es supersticiosa. Para ello, toman como modelo a los Estados Unidos (sic) confundiendo a PeMEX con PeUSA.
En el diagnóstico se dice que “ilustrativo observar que la explotación del Golfo de México en las aguas profundas de Estados Unidos, se lleva a cabo únicamente mediante la asociación de diversas empresas. La explotación de las aguas profundas del Golfo de México en la jurisdicción de Estados Unidos ha sido exitosa; se prevé que para el año 2012 la producción de esa zona será cercana a los 2 millones de barriles diarios; actualmente alcanza el millón de barriles al día. No obstante, eso ha sido resultado de más de 15 años de exploración y desarrollo, en el que han participado a través de diversas asociaciones prácticamente todas las empresas petroleras del mundo”.
Ese, en todo caso, sería el diagnóstico para Estados Unidos NO para México. La diferencia es que, el primero, es la metrópoli del imperialismo y la propiedad es totalmente privada, mientras que, en el segundo, la industria petrolera es propiedad es de la nación.
Tratándose de México, el diagnóstico asegura que “el potencial de hidrocarburos en las aguas profundas, en jurisdicción nacional, alcanza los 45 mil millones de barriles (monto superior al de Cantarell), sin embargo, es impensable que Pemex por sí solo pueda materializar estos recursos en un tiempo razonable en beneficio del país. Petróleos Mexicanos es la única empresa petrolera del mundo a la que no se le permite asociarse con terceros”.
¿De dónde salieron esos 45 mil millones de barriles? En
La asociación con terceros se llama privatización. Si a Pemex no se le permite esa asociación (privatización) es porque así lo decidió la nación y así esta escrito en el Pacto político surgido de una Revolución, misma que NO ha terminado. Esta decisión sigue vigente y está corroborada en la amplísima oposición del pueblo de México a la privatización de sus recursos naturales.
Fe supersticiosa en las alianzas
El supuesto diagnóstico insiste en que “se le debe permitir a Pemex la celebración de asociaciones para la exploración de campo, que por su complejidad demanda multiplicar la capacidad de ejecución de Pemex o incorporar nuevas tecnologías”.
Deliberadamente, el diagnóstico omite las condiciones en que se harían tales alianzas que, simplemente, implican compartir la renta petrolera. Esto significa, entregar a las corporaciones parte de los recursos naturales energéticos, además de cederles funciones constitucionales estratégicas. Tales alianzas contravienen explícitamente a
Tibia respuesta del PRI
Un grupo de legisladores del PRI, encabezados por Francisco Rojas, exdirector de Pemex y presidente de
El PRI no rechaza la reforma energética, solamente la acomoda a sus intereses. En el pliego se argumenta “aprovechar mejor nuestro petróleo con una reforma energética integral, con una visión de largo plazo, que permita una transición ordenada y gradual para los próximos 30 años, donde se combinen el mejor aprovechamiento de los combustibles con las energías alternativas”.
Se dice que “partir del principio fundamental de que la renta petrolera y el usufructo del valor agregado del mercado interno, debe ser íntegramente para los mexicanos. Llegar a los acuerdos necesarios para que la paraestatal pueda erogar sus significativas disponibilidades sin alterar los equilibrios macroeconómicos”.
También se pide “revisar el destino de los excedentes petroleros y evitar la discrecionalidad en su distribución, para destinar más recursos a la inversión de Pemex; despetrolizar las finanzas públicas al mismo tiempo que se le dejen más recursos a la empresa, sin descuidar los requerimientos sociales y las participaciones a los estados.”
Asimismo, se solicita “absorber las deudas de los Pidiregas y el pasivo laboral por parte del gobierno federal para permitirle a Petróleos Mexicanos obtener los recursos en mejores condiciones para financiar sus inversiones y servir la deuda asumida”.
Los planteamientos de los priístas son MUY tibios y bastante generales, tanto que el mismo Calderón y el PAN podrían decir que están de acuerdo. Más que propuestas alternas las acciones (sic) del pliego parecen tosca demagogia. Peor aún, hay propuestas priístas inaceptables. Una es la referida a la “autonomía de gestión”, propuesta sostenida por TODOS los partidos políticos para otorgar a las cúpulas corruptas las decisiones de la política petrolera nacional.
Discurso privatizador desgastado
Es evidente que el gobierno del PAN no convence a la sociedad mexicana ni podrá hacerlo. Cada vez es más patético el discurso privatizador. El supuesto “diagnóstico” no es tal, lo único que hace el gobierno es repetir los dictados de las transnacionales y sus cabilderos. Al gobierno no le checan las cifras, sus argumentos no son convincentes ni serios.
Respecto a la oposición priísta, su argumentación es débil haciendo caso omiso de la desastrosa política petrolera oficial llevada a cabo por los sucesivos gobiernos del PRI y el PAN. En vez de “reforma energética”, integral o parcial, lo que requiere la nación es una Política Petrolera Independiente, radicalmente opuesta a la actual política oficial. Esta sigue basada en la simple extracción de crudo y su exportación, la importación de petrolíferos, la privatización furtiva acelerada, la corrupción, el contratismo y el charrismo sindical. Estas son las lacras que hay que suprimir.
Sin haberse realizado un debate nacional formal, sin embargo, los argumentos expresados en múltiples espacios independientes han puesto en evidencia la falsedad del diagnóstico oficial. El discurso del gobierno está desgastado por falso. La oposición priísta es muy tibia e insuficiente. Los mexicanos concientes debemos continuar luchando incansables.
Frente de Trabajadores de
de México
Falso precio a tesoro NO descubierto
Sin bases firmes, el gobierno federal oferta subrepticiamente el “tesoro” de las aguas profundas. Con escenarios a 30 años se preparan contratos para 20 transnacionales. El “tesoro” se refiere a recursos prospectivos, es decir, petróleo que NO ha sido descubierto. Los proyectos exploratorios serían Golfo de México B, Golfo de México Sur y Area Perdido. Pemex plantea dos escenarios de perforación con tirantes de agua de más de 2 mil metros (m) pero estas cuencas tienen tirantes de
Según información dada a conocer por El Universal, con base en un documento de la secretaría de energía (Sener) con la leyenda “prohibida su reproducción”, difundido entre inversionistas, el gobierno de la ultraderecha tiene 2 escenarios posibles respecto del valor bruto del probable potencial petrolero de nuestro país a profundidades de más de 2 mil metros.
De acuerdo a estos escenarios, el “tesoro” petrolero que posee México en aguas profundas del Golfo alcanza un valor bruto probable, a 30 años, de entre 850 mil millones de dólares y 1 billón 500 mil millones de dólares, de acuerdo con cálculos del gobierno federal.
En el documento, el precio de referencia de la mezcla mexicana se considera de 50 dólares por barril no obstante que, actualmente, el precio es alrededor de 90 dólares por barril. Esto implicaría que, a 50 dólares el barril, el gobierno estima recursos petroleros entre 17 mil y 30 mil millones de barriles explotables en el período de 3 décadas. ¿De dónde salió ese petróleo? ¿Dónde está? ¿Quién lo exploró? ¡Nadie! Se trata de petróleo NO descubierto en el Golfo de México.
Los recursos prospectivos
Los recursos prospectivos NO son reservas sino una cantidad estimada, a una fecha dada, de acumulaciones que todavía NO se descubren. Se trata de cantidades inferidas de hidrocarburos que se consideran potencialmente explotables. La cuantificación de los recursos prospectivos está basada en información geológica y geofísica del área de estudio y en analogías con áreas donde un cierto volumen original de hidrocarburos ha sido descubierto.
Los recursos prospectivos estimados por Pemex se concentran principalmente en las cuencas de: Sabinas, Burgos, Tampico-Mizantla, Veracruz, el Sureste y el Golfo de México Profundo.
Las estimaciones del grupo prospectivo de Pemex-Exploración y Producción (PEP), de acuerdo a
La cuenca del Golfo de México, bajo tirantes de agua de
Según los
Inversiones extranjeras y malos negocios
Según
En el nuevo documento, Pemex y
Estas inversiones son superiores a las establecidas por
Según Pemex y
La cantidad que obtendría Pemex es realmente pobre. En 2007, Pemex obtuvo un rendimiento antes de impuestos y derechos por 660 mil 200 millones de pesos. Esto es, casi el doble o el triple de lo que obtendría en alianza con las transnacionales, dependiendo de los escenarios.
La razón es sencilla. Actualmente, el precio de (extracción) del barril de petróleo crudo le cuesta a Pemex 4.29 dólares. Al precio actual de 90 dólares por barril, la ganancia es de casi 86 dólares por barril. Con las alianzas, al compartir la renta petrolera con las transnacionales, Pemex obtendría acaso la mitad. Consecuentemente, los ingresos de Pemex y las aportaciones al Estado serían menores que ahora.
Pemex, en su ofensiva privatizadora, estima que el costo de extracción en las profundidades del Golfo sería de 13.63 dólares por barril (sic). NO indica, sin embargo, que los petroprecios están en ascenso y, cualesquiera que éstos sean, la ganancia seguirá siendo muy alta. En este escenario, también, Pemex obtendría una renta menor porque la compartiría con las transnacionales.
Escenarios de perforación
Los escenarios planteados por Sener y Pemex varían de acuerdo al número de pozos que podrían perforarse: En el escenario A, se obtendrían 17 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente con la perforación de 1,700 pozos a lo largo de tres décadas (57 pozos anuales), lo que permitiría una producción de 567 millones de barriles en promedio anual (1 millón 553 mil barriles diarios) con un capital de riesgo anual de 4 mil millones de dólares (42 mil 788 millones pesos) anuales (a la cotización actual del dólar). Eso significaría un costo de extracción aproximado de 7 dólares (sic) por barril.
El escenario B, prevé el desarrollo de recursos prospectivos de 30 mil millones de barriles con la perforación de 3 mil pozos (100 pozos anuales) en el mismo periodo y una producción anual de 1 mil millones de barriles (2 millones 740 mil barriles diarios) con un riesgo de capital por 7 mil 100 millones de dólares (75 mil 878 millones de pesos) anuales.
En cualquiera de los escenarios se trata de producir para exportar y obtener cuantiosas ganancias derivadas de los altos petroprecios. Comparados con los ingresos actuales por ventas externas, el “negocio” para Pemex es desfavorable. En 2007, SIN privatización y SIN aguas profundas, Pemex obtuvo 37 mil 932 millones de dólares (405 mil 378 millones de pesos). Aliarse con las transnacionales para privatizar NO es buen negocio, Pemex puede hacer sus propias inversiones sin compartir ganancias.
Para el gobierno, la tasa de éxito en los dos escenarios es la misma que se registra en el Golfo de México, en la zona petrolera norteamericana de aguas profundas, calculada en 30%, es decir, de cada 10 pozos perforados 3 resultarían exitosos. La obtención de estos recursos alargaría el periodo de vida de las actuales reservas 15 o 26 años más, según el volumen de hidrocarburos que finalmente encuentren en las regiones con recursos prospectivos y los actuales niveles de extracción.
Todas estas son suposiciones. Perforar NO es sinónimo de producir. El alargamiento en la vida de las actuales reservas es hipotético porque el gobierno no sabe cuanto petróleo NO descubierto es realmente existente, no sabe cuantos pozos serían productores, no sabe cuánto producirían, ni tampoco de qué calidades sería el crudo extraído.
Las 20 transnacionales
Pemex plantea que sólo una veintena de firmas podría contribuir al desarrollo de los programas de exploración y explotación del potencial petrolero mexicano en profundidades de más de 2 mil metros.
Carlos Morales, director de PEP dio una conferencia ante posibles inversionistas de
Con varias de estas corporaciones, Pemex ya ha firmado convenios “de entrada” disfrazados de falsa investigación científica y desarrollo tecnológico; con otras, existen contratos y ya operan en actividades reservadas constitucionalmente a Pemex.
Entretanto, desde 1996, en el Cinturón Plegado Perdido, al sur del Cañón de Alamitos, cerca de la frontera de EU con México, Shell, Chevron, Exxon, BP, Nexen, Total y Unical han perforado 18 pozos exploratorios, a profundidades de agua hasta de
En 2006, Petrobras anunció que había perforado (sic) con tirantes de agua de
El apresuramiento del gobierno, Pemex, Sener, PRI y PAN por entregar los recursos que NO son suyos sino de la nación, es lesivo a ésta. Todos los mexicanos concientes debemos impedirlo.
Frente de Trabajadores de
de México
Se organizan las brigadas de Flor y Canto, el colectivo 2 de julio y la Agenda LGBT
30 de Marzo de 2008. En el Ángel de la Independencia, se llevó a cabo la reunión organizativa de las 5 brigadas que coordina el compañero Froylán Yescas. Al evento acudieron los compañeros Lorena Sosa del Colectivo 2 de julio y Jaime López Vela de la Agenda LGBT. Asimismo, estuvieron presentes los diputados federales Alfonso Suárez del Real y Humberto Barreiro.
ACCION URGENTE: Violento asesinato del reconocido líder campesino Armando VILLAREAL MARTHA. Estado de Chihuahua. México.
México, Distrito Federal a 29 de marzo de 2008.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina Mora Icaza Lic. José Luis Soberanes Fernández
Procurador General de
Lic.
Gobernador del Estado de Chihuahua Presidente de
Dip.
Presidente de
de Coordinación
Política de
Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de
La
(Limeddh),
Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO),
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos
Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.,
Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité Cerezo México,
Asociación Mexicana
Asociación
Género (ASDDHEG),
(ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con
domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275,
Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F.,
con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336,
enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención ante el violento
asesinato del reconocido líder campesino Armando VILLARREAL MARTHA.
Estado de Chihuahua. México.
HECHOS
Entre las 13:30 y las 16:00 del viernes 14 de marzo, en el poblado de Nuevo Casas Grandes, estado de Chihuahua, fue asesinado el líder campesino Armando VILLARREAL MARTHA. El fundador de la agrupación Agrodinámica Nacional fue atacado cuando viajaba en una camioneta de su propiedad y conducida por su hijo, justo cuando pasaban frente a
ANTECEDENTES
Recordamos que Armando VILLARREAL era un líder de su comunidad reconocido nacional e internacionalmente por la defensa de los derechos del sector agropecuario. Así mismo, y de acuerdo a la nota de prensa publicada en
Desde
Por todo lo anterior solicitamos a cada instancia que de acuerdo a sus competencias:
i. Se inicie una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para identificar las causas del asesinato de Armando VILLARREAL y el castigo a los responsables. Así como llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
ii. Se lleven a cabo las medidas pertinentes para garantizar la integridad física, psicológica y jurídica de los familiares y amigos de Armando VILLARREAL, así como de todos los miembros de
iii. Garantizar la integridad física, psicológica y jurídica de los miembros de todas las organizaciones campesinas del país, que participan del legítimo ejercicio de defender sus derechos y promover y mejorar sus condiciones de vida.
iv. El fin de la política estatal de criminalización de los movimientos sociales, de la que fue víctima en vida Armando VILLAREAL.
v. De manera general, el respeto a todos los pactos y tratados internacionales ratificados por México en relación a la protección y salvaguarda de los Derechos Humanos.
ATENTAMENTE
Liga Mexicana por
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
Adrián Ramírez López; Presidente de
Mandar
ARMANDO VILLARREAL MARTHA, LIDER CAMPESINO - CHIHUAHUA con copia a
enlace.limeddh@gmail.com:
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
jcmourino@segob.gob.mx
Lic. Eduardo Medina Mora Icaza
Procurador General de
Av.
C.P. 06500. México DF.
wmaster@pgr.gob.mx
José Luis Soberanes Fernández,
Presidente de
Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F.
Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 E-mail:
correo@cndh.org.mx / correo@fmdh.cndh.org.mx /
aasatashvili@cndh.org.mx
Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 / 56 35 / + 55.568 18125
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad de Derechos Humanos del SEGOB.
Enviar comunicación a la atención de Lic. Rodrigo Espeleta Aladro
Av. Paseo de
respeleta@segob.gob.mx
Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador del Estado de Chihuahua
Palacio de Gobierno, Piso 1
C. Aldama 901, Col. Centro, C.P. 31000. Chihuahua.
Tel: +52 614 429 33 00
Fax: +52 614 429 33 00
webmaster@chihuahua.gob.mx
Lic. Leopoldo González Baeza
Presidente de
Décima y Mina 1000, Col. Centro, C.P. 31000. Chihuahua.
Tel: +52 01800 20 11 758
cedhch@prodigy.net.mx
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx
Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx
Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de
Humanos
cidhoea@oas.org
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México
en sus respectivos países. Con copia: enlace.limeddh@gmail.com
AREA DE ENLACE - COMUNICACION
Una llama encendida por los Derechos de los pueblos!
Liga Mexicana por
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.
Todos ellos con estatuto consultivo ante
Av. Azcapotzalco No. 275.
Col. Clavería. C. P. 02090,
México D.F.
Tel. 53 99 05 92.
Fax: 53 99 13 36.
enlace.limeddh@gmail.com
www.espora.org/limeddh
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