¿Religión o Petróleo?

sábado, 24 de noviembre de 2007

Ifigenia Martínez

El Universal

El escándalo desatado por la incursión de un grupo no identificado de personas a la Catedral Metropolitana que protestaban por un inusual repique de campanas de 12 minutos, el cual impidió escuchar a la oradora que en esos momentos se dirigía a un auditorio de cerca de 100 mil personas en el zócalo, ha opacado el llamado de Andrés Manuel López Obrador en defensa de Pemex (18-XI-07).
Tampoco se ha aclarado cómo, minutos después de ocurrido el suceso, empezó a ser publicitado en la radio y posteriormente en la televisión y en la prensa noticiosa y editorial. ¿Fue una provocación “sembrada” por los intereses que orquestaron la campaña “AMLO es un peligro para México” o realmente fue una manifestación espontánea de quienes no pudieron escuchar a la senadora Rosario Ibarra? Yo, que estaba atrás de la senadora, no pude escuchar una sola palabra de su discurso ni de su llamado a aclarar el molesto zumbido.
En cambio sí ha quedado de manifiesto el “silencio” sobre un tema trascendente que afecta a la nación, a los mexicanos todos y que consiste en el mal uso que los gobiernos neoliberales le han dado a la cuantiosa renta petrolera, en los proyectos inmediatos que tienen para la concesión o transferencia de viejos y nuevos yacimientos en tierra o en la plataforma marítima, y en sus inconstitucionales contratos con corporativos transnacionales. Este fue el principal mensaje de la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo de la ciudad de México.
Hay que tener presente que la política energética de los gobiernos neoliberales consiste en vender el petróleo crudo al extranjero e importar cantidades crecientes de refinados y productos petroquímicos, disminuyendo nuestras reservas en perjuicio del patrimonio nacional y revirtiendo la política energética de los anteriores gobiernos de abastecer las necesidades internas, tanto de crudo como de refinados.
Frecuentemente nos hemos preguntado por qué los presidentes neoliberales tomaron la decisión de “vender” la riqueza no renovable contenida en las entrañas de nuestro territorio y de nuestra plataforma marítima, disputada y defendida con tenacidad y patriotismo, y dilapidaron esos recursos para financiar los gastos corrientes del gobierno, en lugar de haberlos invertido. El haber despojado a la nación de su renta petrolera equivale a una venta de las entrañas del territorio sin haber asegurado algún provecho permanente para los mexicanos presentes y futuros.
Recordemos que en 1970 los ingresos fiscales del petróleo representaban 5% de la recaudación de un volumen de producción inferior a un millón de barriles diarios, mientras en la actualidad, con una producción de 3 millones de barriles diarios, representan ¡39% de la recaudación!
Desde hace 25 años los gobiernos neoliberales no construyen una refinería y se han deteriorado las plantas petroquímicas. La política energética, incluyendo la generación de energía eléctrica y el gas, no ha respondido al interés de la nación, ni se ha integrado a un plan de desarrollo; deliberadamente o por descuido, se mantiene una estructura de tarifas eléctricas perjudicial para la pequeña y mediana empresa, y demasiado alta para las familias de bajos y medios ingresos que viven en el trópico.
Sin cambio constitucional, Pemex, en los hechos, responde a intereses ajenos; se financia con una deuda que no requiere; sus operaciones (exploración, perforación, producción) las realizan compañías privadas (frecuentemente extranjeras); su calificado personal es despedido o jubilado; se descuidan las normas de seguridad y mantenimiento al costo de irreparables pérdidas humanas y de recursos naturales; el preciado recurso no se industrializa; no agrega valor, ni genera empleo.
Ante esa realidad insistimos en que es urgente cambiar la política petrolera e integrar toda la industria energética en favor del desarrollo económico y social del país y en beneficio del pueblo de México. El petróleo puede y debe ser palanca del desarrollo nacional.
Recapitulemos: estamos de acuerdo en que se condene cualquier acto de violencia e intolerancia. Sin embargo, y considerando la gravedad de los daños que la política neoliberal le ha impuesto innecesariamente a la nación, dilapidando un recurso no renovable en lugar invertirlo en el aumento de su capacidad productiva, del empleo y del bienestar social, consideramos que corresponde al Congreso de la Unión y a la Auditoría Superior de la Federación realizar las investigaciones, fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan a quienes resulten responsables de tan grave e irreparable daño.

Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD