Referendo por la libertad

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

¡Al diablo con las instituciones! Tal es el mensaje que envía Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego sin ensuciarse las manos ni molestarse en dar la cara, pues para eso tienen empleados que ante la audiencia se comportan como divas, pero frente a los primeros actúan como lacayos que divulgan juicios elementales en el mejor de los casos, calumnias y manipulaciones de los hechos.

Los líderes de opinión y comunicadores de la telecracia se sometieron por gusto y seguramente también por comisión a un torneo de fidelidades a los intereses de los consejos de administración de Televisa y de Televisión Azteca. La célebre actitud lacayuna con los poderosos de Pedro Ferriz de Con lo condujo a competir en la Torre del Caballito con los senadores en cuanto a representatividad ciudadana.

Los ditirambos de Eric Guerrero Rosas de plano turbaron a los conductores Javier Alatorre Soria y Patricia Chapoy, a los analistas --en cada vez mas frecuentes funciones de propagandistas-- Sergio Sarmiento, Pablo Hiriat Lebert y Jaime Sánchez Susarrey, durante la mesa de tergiversaciones organizada por el Canal 13, el martes 11.

Con estos defensores del establecimiento comunicacional mexicano, los 39 propietarios del país están dando peligrosos pasos en la escalada de confrontación que puede ser eficaz para efectos de presionar al Senado, pero no repara en que los efectos inmediatos provocan la cohesión y fortalecimiento de la alianza de los tres grandes partidos que representan 90 por ciento de la votación del 2 de julio de 2006, y sobre todo para asustar a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien guarda un silencio más que prudente, preocupante, mientras el Legislativo –uno de los tres poderes de la Unión-- está sometido a una asonada empresarial sin precedente desde 1982. Todo gracias a la aprobación en comisiones y después por el pleno de las iniciativas de reformas constitucionales que sepultaron “la dictadura de los espots”, el inolvidable 12 de septiembre.

Involucrar primero a las principales estrellas de las televisoras, enseguida a cámaras patronales tan desacreditadas políticamente como el Consejo Coordinador Empresarial, en esta crucial batalla que libran los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional por la libertad de expresión, el derecho a la información y el sufragio efectivo --por encima del poder del dinero lícito e ilícito que ha predominado en la última docena de años--, va a tener altos costos para el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico en materia de audiencia, anunciantes e imagen.

La propuesta que hace la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que el Instituto Federal Electoral organice un referendum por la libertad pone de relieve su ignorancia política, también de los asesores que no acaban de atinarle a una, pues ni el IFE tiene facultades para ello ni la ciudadanía goza aún de ese elemental derecho. Evidencia también la soberbia de los que siempre bregaron y muchas veces lograron que su voluntad e intereses se convirtieran en ley.

Las 39 familias que integran el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico se resisten tozudamente a asimilar lo que evidenció el 6 de julio de 1988 y reconfirmó la movilización contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador: ya no son decisivos en la formación y sobre todo en la deformación de la ciudadanía.

Todos encienden y ven la programación de televisión abierta y por cable, pero la mayor parte toma una clara distancia cuando las televisoras emprenden campañas --no se diga rebeliones políticas-- para presionar a las instituciones del Estado con el propósito de mantener y multiplicar sus gigantescas utilidades, así sea a costa de perder de vista lo más elemental: el espacio radioeléctrico es un bien público concesionado por el gobierno.

Acuse de recibo

El Comité Eureka y la senadora Rosario Ybarra de la Garza denuncian que el 3 de septiembre “fue víctima de un secuestro exprés nuestra compañera Leticia Tecla Figueroa, junto con su hija, al abordar un taxi cuando se dirigían a su casa. Fueron liberadas después de que obtuvieron toda la información que llevaban”... Joel Sánchez Rodríguez informa que Antonio Cruz Zumaya fue denunciado penalmente por autoridades municipales de San Felipe Orizatlán, “por revelar públicamente una serie de irregularidades existentes en un Centro de Atención Infantil Comunitario”. El reportero de Sucesos “hizo públicas las quejas de algunas madres de familia cuyos hijos menores de edad acuden al CAIC y que aseguran existe maltrato” y “adicionalmente, las responsables de la institución lucran indebidamente al cobrar por el servicio de guardería”... Padres de familia denunciaron aquí, el 22 de agosto, que en el jardín de niños Joaquín Arcadio Pagaza, ubicado en Tlalnepantla, estado de México, les cobraron 400 pesos por inscribir a sus hijos... El Senado publicita mañana, tarde y noche que legisló para que bajo ningún motivo se cobren cuotas en las escuelas públicas.

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