Discriminadores, los mexicanos

Pablo Cabañas Díaz

pcabanas@correo.unam.mx

* Nueve de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas opinan que existe discriminación por su condición * Una de cada tres personas pertenecientes a dichos grupos, dice haber sido segregada * 30% ha sido discriminado en el trabajo * Más del 40 por ciento está dispuesto a organizarse para evitar que se establezca un grupo étnico cerca de su casa * La discriminación “tiene mucho más que ver con el clasismo que con el racismo. Hay más bien una discriminación socioeconómica”: Beatriz Urías

La discriminación en México es un problema generalizado que involucra factores culturales, económicos, jurídicos y políticos, y que además se reproduce a lo largo y ancho del territorio, lo que agrava las desigualdades e impide el pleno desarrollo de las personas, comunidades y las sociedades. En la actualidad, una idea central que ocupa la agenda política del desarrollo es que la reducción de la pobreza sólo se puede alcanzar a través del aumento de la equidad. Se entiende que para superar los rezagos de determinados grupos poblacionales, no se deben acotar las medidas a correcciones en el mercado de trabajo sino también atacar las asimetrías en acceso a los servicios de educación y de salud, así como de representación política. Se visualizan entonces nuevos factores que explican la exclusión estructural tales como las relaciones de género y de etnicidad, que no habían sido considerados en el pasado en el diseño de políticas.

El 7 de marzo de 2001, se instaló la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, estuvo integrada por 160 personas, y que fue presidida por Gilberto Rincón Gallardo. La comisión dio a conocer un estudio en el que señalaba que en México persistían prácticas discriminatorias humillantes que vulneraban los derechos, libertades y oportunidades tanto de personas como de grupos y comunidades.

De acuerdo con el estudio La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad, se advierte que no se trata de una problemática restringida o que solamente toque los márgenes del tejido social. Por el contrario, la discriminación en México es un problema de carácter estructural.

Para abatir esta problemática fue aprobada la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entró en vigor el 9 de junio de 2003. Este ordenamiento jurídico considera entre otras cosas, como conducta discriminatoria que se niegue o limite información sobre derechos reproductivos o se impida el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. También obliga a validar las medidas compensatorias a favor de la igualdad para las mexicanas, como serían la creación de centros de desarrollo infantil y las medidas que obligaron a los partidos desde este año a incluir un mínimo de 30 por ciento de candidatas femeninas en sus listas a puestos de elección popular. A la par de esta ley, también fue creado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, para regir las políticas públicas en materia de combate a la discriminación y vigilar el cumplimiento de la ley.

Los cambios legislativos para acotar la discriminación han sido mínimos teniendo en cuenta la dimensión del problema. En 1992 se reconocía por primera vez en la Constitución la “naturaleza pluricultural de la nación mexicana”, al cumplirse 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. La enmienda constitucional al artículo 4º dio inicio a una serie de cambios en la legislación secundaria. Por primera vez los indígenas sujetos a procesos penales o involucrados en juicios agrarios tendrían derecho a contar con un traductor. No obstante, estos cambios fueron más conmemorativos que efectivos, porque el artículo 4º nunca se reglamentó.

El 1 de enero de 1994 irrumpía en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo lema “Nunca más un México sin nosotros”, expresaría el sentir de la exclusión de la que han sido objeto los indígenas. La Constitución fue modificada en 2001, como respuesta a los compromisos adquiridos por el gobierno federal con el EZLN, compromisos establecidos en los Acuerdos de San Andrés y firmados en febrero de 1996.

En 2001 se modificaron los artículos 1º, 2º, 18 y 115 de la Constitución. En ellos se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, entre otras cosas.

Al respecto, el artículo Violencia en las relaciones interétnicas y racismo en la ciudad de México, de Cristina Oehmichen, que apareció en la revista electrónica Cultura y Representaciones Sociales, en marzo de 2007, menciona que de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México –realizada en mayo de 2005 y que ha sido poco difundida por los resultados que arroja– en 2005, el 43% de los mexicanos opinaba que los indígenas tendrán siempre una limitación social por sus características raciales. Uno de cada tres opinaba que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas. El 40% manifestó estar dispuesto a organizarse con otras personas para solicitar que no permitieran a un grupo de indígenas establecerse cerca de su comunidad.

Un total de 765 indígenas formaron parte de la muestra y los resultados son elocuentes: nueve de cada 10 indígenas opina que en México existe discriminación debido a su condición; 90.3% de los indígenas siente que tiene menos oportunidades para conseguir trabajo. Tres de cada cuatro indígenas consideran que tienen menos oportunidades para ir a la escuela que el resto de las personas. Dos de cada tres indígenas opinan que tienen pocas o nulas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida. 45% afirma que no se le ha respetado sus derechos debido a su condición. Uno de cada tres en el último año, por ser indígena, ha sido sujeto de discriminación. A uno de cada cinco se le ha negado trabajo por el simple hecho de ser indígena.

Los datos de la encuesta coinciden con otras condiciones de violencia estructural. En 1990, se contabilizaron a 17 millones de personas que vivían en la pobreza extrema. Los indicadores del censo de ese año presentaron una gran coincidencia entre pobreza extrema y regiones con alta densidad de población indígena (Programa Nacional de Solidaridad, 1990).

El censo del año 2000 muestra que la mayoría de los indígenas continúa viviendo en esas condiciones: el 52.6% de la población indígena de 15 años y más, es económicamente activa, pero sus ingresos por producto del trabajo no tienen una situación aceptable: 25% de los indígenas no recibe ingreso por su trabajo; 56% recibe hasta dos salarios mínimos mensuales y, solamente 19.4% recibe más de dos salarios mínimos al mes.

A los bajos o nulos ingresos por su trabajo se agregan problemas de marginalidad: el 25% de la población indígena de 15 años y más no sabe leer ni escribir; el 39% de quienes tienen entre cinco y 24 años no asiste a la escuela y el 40% de quienes tienen 15 años de edad y más, no cuenta con el nivel de primaria concluido. En todos los casos, la situación afecta en mayor medida a las mujeres.

Según Miguel Székely, quien era subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social, la encuesta “desnuda las percepciones del grueso de los mexicanos con respecto a la discriminación”, hecho que se observa en las siguientes cifras:

Uno de cada cinco hombres considera como algo natural que a las mujeres se les prohíban más cosas.

El 15 por ciento de los hombres opina que no hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan.

Nueve de cada 10 mujeres en el país afirma que sí hay discriminación contra ellas y señalan que los derechos que menos se les respetan es tener un trabajo con salario justo y un trato igualitario ante la ley.

El 48.5 por ciento de las mujeres considera que tiene menos libertad que sus hermanos varones.

El 44 por ciento ha vivido una situación en que las tareas de las casas las hacen sólo las mujeres, señala la encuesta.

Las cifras arrojadas por la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México establecen que “nueve de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas opinan que existe discriminación por su condición”, así como “una de cada tres personas (30.4 por ciento) pertenecientes a dichos grupos” dice haber sido segregada por su condición durante el último año” y “30 por ciento ha sido discriminado en el trabajo”. Uno de los sectores más afectados es el de los indígenas, poco más del 40 por ciento de los mexicanos están dispuestos a organizarse para evitar que se establezca un grupo étnico cerca de su lugar de residencia.

El estudio expone que la persona con la que menos estarían dispuestos a compartir su casa sería, en primer lugar, con un homosexual, ya que 48.4 por ciento opinó así; 20.1 con un indígena y 15 por ciento con una persona con discapacidad, entre otros. La encuesta arrojó también que ocho de cada 10 mexicanos consideran que revertir este fenómeno es tan importante como abatir la pobreza. La encuesta tuvo una muestra de 5 mil 608 cuestionarios en todo el país y reveló que pese a que “a primera impresión el mexicano promedio (hombre) no da un trato discriminatorio a las mujeres”, los hechos hablan de lo opuesto.

“Uno de cada cinco considera que es natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres (39.2 por ciento), casi 15 por ciento opina que no hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan, uno de cada cuatro pediría un examen de embarazo a una mujer al solicitar empleo (24.4 por ciento) y casi 40 por ciento opina que las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo.”

En historias secretas del racismo en México 1920-1950 (Tusquets, 2007), la investigadora Beatriz Urías menciona que la investigación es resultado de un trabajo previo sobre la transformación racial que “se buscó en el siglo XIX, sobre todo en el porfiriato. En el texto aparece documentado cómo el proyecto para crear “un hombre nuevo” era seguido por antropólogos, demógrafos, médicos, psiquiatras y gobernantes. “Lo que buscaban era crear una sociedad de masas, una raza trabajadora en la que no habría vicios como el alcoholismo o las toxicomanías, una raza trabajadora y productiva que participara en las organizaciones corporativas y las instituciones que arrojó la Revolución”. A decir de la investigadora, estas ideas cayeron en desuso durante y después de la II Guerra Mundial, debido al desprestigio de las ideas de eugenesia y superioridad racial promovidas por el gobierno nazi del Tercer Reich.

Desde su perspectiva, en la actualidad “no sería posible” la búsqueda de esta unificación “porque hay mucha diversidad”. Y, agrega, en México ahora la discriminación “tiene mucho más que ver con el clasismo que con el racismo. Hay más bien una discriminación socioeconómica”. Urías agrega que el reciente interés de algunos gobiernos por el rescate de las culturas indígenas “probablemente es un reclamo a través del reconocimiento de una diversidad. Porque durante mucho tiempo hubo un proyecto de la Secretaría de Educación Pública que promovió la integración cultural de los indígenas a través de la españolización de su lengua y su cultura”.

La ONU denominó al año 1993 como el de los pueblos indígenas y de 1995 a 2005 la década de los pueblos indígenas de todo el mundo. Pero la realidad es muy distinta. La investigadora Cristina Oehmichen, señala que desde pequeños, quienes se muestran como indígenas reciben insultos y burlas por parte de otros niños. Entre los insultos están: “indio cochino”, “hijo de la india María” o “pinche oaxaco”. Esta situación ha obligado a las madres a cambiar su atuendo para pasar “inadvertidas” y evitar así que sus hijos reciban burlas.

La investigadora menciona que la discriminación en las escuelas la viven todos los que son identificados como indígenas. Los profesores de la escuela Ponciano Arriaga, ubicada detrás de Palacio Nacional, informan que los niños triquis que acuden a dicho plantel sufren graves problemas al relacionarse con los niños mestizos, ya que no desarrollan amistad y tienden a crear círculos cerrados y separados del resto de la población infantil.