Comunicado del Gobierno Legítimo de México

Actúa Calderón contra los intereses de sobrecargos y mineros, porque está pagando facturas a empresarios que lo impusieron en la Presidencia: Luján

México, Distrito Federal
Jueves 09 de agosto de 2007

* Se convirtió la Secretaría del Trabajo del gobierno usurpador en despacho de los dueños de la aerolínea Mexicana, aclara


* Considera ilegal la declaratoria de inexistencia de huelga contra los trabajadores mineros

* Exige respeto a las garantías constitucionales y a los derechos laborales de la clase trabajadora


Con las resoluciones laborales en contra de los intereses de los trabajadores mineros y de los sobrecargos de Mexicana de Aviación, el gobierno espurio muestra su servilismo con los grandes empresarios de nuestro país y que sigue pagando facturas a quienes lo impusieron en el cargo, aseguró la secretaria del Trabajo, Bertha Elena Luján.

“No contento con entregar la empresa Mexicana de Aviación a quienes lo apoyaron económicamente, al Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga, el presidente pelele, Felipe Calderón, a través de las autoridades laborales, hoy golpea directamente a los trabajadores con una resolución que lesiona gravemente los derechos laborales”, puntualizó.

Asimismo –subrayó— el gobierno usurpador declara inexistente la huelga de los mineros en base a argumentos ilegales, con la deliberada intención de favorecer al Grupo México, un consorcio que se ha destacado por la intromisión directa en la vida sindical y por incumplir las normas sobre protección y seguridad en el trabajo.

Hizo énfasis en que “a partir de la demanda patronal de naturaleza económica que planteó desde hace dos meses, disminuir derechos y prestaciones a los sobrecargos de la línea Mexicana de Aviación, presentada con múltiples deficiencias porque nunca se precisó lo que se quería, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contando con el voto patronal y del representante del gobierno, resuelve que serán los trabajadores los que con la disminución del 35 por ciento de su salario, saquen a la empresa adelante”.

Explicó que el laudo se dicta con alto grado de parcialidad, que incluso amplía los reclamos patronales a temas que no aparecen en el expediente, como son las jornadas laborales, vacaciones y vuelos transoceánicos.

En cambio, los empresarios son llamados a invertir para dar liquidez a la empresa, sin precisar cómo y cuándo deben hacerlo, aclaró.

Luján Uranga manifestó que el precio de compra de la empresa Mexicana de Aviación debió contemplar necesariamente los pasivos, incluyendo los de carácter laboral. “Esto quiere decir, que el comprador descontó de lo que la empresa tenía o de sus activos, lo que debía, incorporando lo que se derivara de los créditos laborales existentes en ese momento”.

Además los nuevos propietarios de Mexicana se comprometieron a invertir, “pues estaba claro que éste era uno de los objetivos en la transacción: la posibilidad de mantenerse y crecer. Sin embargo, en su demanda, los nuevos empresarios comprometieron la inversión al cambio de reglas para disminuir los costos y créditos laborales, como si éstos nunca se hubiesen tomado en cuenta en la negociación”, agregó.

Mencionó la secretaria del Trabajo del Gobierno Legítimo de México que en todo momento los trabajadores dieron muestras de disposición a colaborar, “para sacar adelante la situación planteada por los nuevos dueños, aceptando en ocasiones dejar en ceros el incremento salarial. Sin embargo, se ha comprobado que la crisis de Mexicana no se debe a los trabajadores o a los costos laborales”, precisó.

Según los peritos contratados por la empresa, las causas de la crisis son de otra índole, inclusive una pésima administración en distintos periodos o la falta de inversión, por ejemplo, destacó.

En el caso de los mineros, expuso, las causales por las cuales se declaró inexistente la huelga no están consideradas por la ley.

La norma dispone que las huelgas serán inexistentes solamente en casos de falta de forma, fondo y de mayoría. Los mineros cumplieron con los requisitos previstos en la ley; sin embargo, la declaración de la autoridad se dicta por razones distintas, con lo cual se acredita la ilegalidad de la resolución, estableció.

Dijo que “la causal de inexistencia es la reproducción de una receta aplicada en los tiempos de Arsenio Farell, la cual consiste en que no fue clara la voluntad de los trabajadores en la redacción de las actas que deben anexarse al pliego de peticiones”.

La ley establece como medio ideal para comprobar la voluntad de los trabajadores el recuento y el sindicato lo exigió, pero la Junta Federal se negó a que se realizara para evitar que quedara demostrado que la voluntad de los trabajadores era la huelga, abundó.

Con estos dos importantes casos, aseguró Bertha Elena Luján, queda en evidencia que la política laboral del gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón, atiende solo al interés patronal.

Los derechos laborales y la ley no cuentan. “Estos atentados contra los intereses de los trabajadores deben ser denunciados, además de exigir el cumplimiento del estado de derecho y el respeto a las garantías constitucionales que protegen al trabajador”, enfatizó.