viernes, 16 de agosto de 2013

Echará Pemex a mil 800 empleados y dará 58% de activos a IP, acusan


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- El complejo petroquímico Pajaritos será entregado en su totalidad a la empresa Mexichem, que mantendrá el control de la nueva entidad con 58 por ciento de los activos; los trabajadores confirmaron que 70 por ciento de la plantilla laboral será liquidada o “transferida” a otros complejos para aburrirlos y lograr que pidan su jubilación anticipada.

De los 2 mil 500 puestos de trabajo sólo mantendrán su contrato 778 trabajadores del área de operación; sostienen que mantendrán las movilizaciones, ya que aseguran que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) les estará aplicando una cláusula para ir sacando al personal.

Los trabajadores de Pajaritos dieron a conocer que se filtró la lista de las personas que se quedarán trabajando con Mexichem, después del análisis operativo que realizo la empresa privada. De acuerdo con esto, Petróleos Mexicanos (Pemex) recortará mil 800 empleos del complejo petroquímico como parte del convenio de asociación.

Este jueves se realizó una nueva reunión entre el personal sindicalizado y de confianza de Pemex dentro de las instalaciones del complejo petroquímico Pajaritos para analizar su situación laboral y las acciones que emprenderán para defender sus espacios de trabajo, ya que el sindicato no los esta apoyando.

Los trabajadores confirmaron que Mexichem sólo estará requiriendo 778 personas, los cuales trabajan en su mayoría en la operación de las plantas de proceso de Etileno y monómero de cloruro de vinilo.

A nivel operativo también se mantendrá personal de proceso de quemadores, vapor, transporte y protección ambiental, aunque por cada departamento están recortando 70 por ciento de las plazas de trabajo.

Hasta el momento, los trabajadores desconocen a dónde serán enviados para laboral, ya que la empresa y el STPRM no les “han querido dar la cara”, además denunciaron que existen represalias contra los que están participando en los movimientos de defensa del complejo.

Denunciaron que el sindicato les está informando que la empresa puede aplicar la cláusula 20 del contrato colectivo de trabajo, donde se establece que se puede mover al personal de departamentos, jubilar de manera anticipada y despedir al personal que tenga menos de 15 años trabajando, ya sea de base o transitorio.

Actualmente, señalaron, el personal de plantas que fueron cerradas es movilizado por varias instalaciones para realizar servicios generales, esto afecta al trabajador, ya que tiene que mover su residencia temporalmente. Este esquema ya se está aplicando con los trabajadores de las plantas de amoniaco de Escolín, ubicada en el norte del estado.

Irma Ruiz Peña una de las integrantes del movimiento señaló que se esperaba que este 15 de agosto tomara posesión Mexichem del complejo, pero a raíz de las manifestaciones el personal de la empresa disminuyó su presencia. Los petroleros confirmaron que mantendrán las movilizaciones para impedir que la empresa de Antonio Del Valle Ruiz se apodere de las instalaciones.

Violan convenio

De acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso el personal de Pemex, la alianza entre la paraestatal y Mexichem solo beneficia a la empresa de Antonio del Del Valle, que mantendrá 58 por ciento de las acciones, lo que le permite controlar todos los activos del complejo petroquímico Pajaritos.

El diario Oficial de la Federación, publicó un acuerdo de la Secretaría de Función Pública (DYPE32720/1310 ), donde autoriza el proceso “por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación, un inmueble e instalaciones industriales a él adheridas, con una superficie de 476,386.00 metros cuadrados, localizado en el municipio de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, a efecto de que el organismo público descentralizado Pemex-Petroquímica lleve a cabo su enajenación a título oneroso”.

Aunque el convenio de enajenación sólo especifica que dejó de ser activo el 40 por ciento de los activos del complejo, no se incluye la planta de etileno que suministra de materia prima la planta de derivados clorados.

“El inmueble con superficie de 476,386.00 metros cuadrados, objeto de la presente desincorporación, forma parte del Complejo Petroquímico Pajaritos, este último con superficie total de 990,528.00 metros cuadrados, propiedad del organismo público descentralizado Pemex-Petroquímica, localizado en el municipio de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, cuya propiedad se acredita mediante escritura pública número 53,855 de fecha 29 de marzo de 2007, otorgada ante el titular de la Notaría Pública número 139 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Federal, en el Folio Real número 91525 de fecha 27 de julio de 2007”.

Irma Ruiz refirió que la empresa también controlara la planta de Etileno y Pemex sólo se quedará con dos, Morelos y La Cangrejera; con esto, la iniciativa privada (Mexichem y Braskem) estaría controlando 50 por ciento de etileno del país.

El temor de los trabajadores actualmente que el esquema de trabajo de Pemex se amplie a los otros complejos petroquímicos, quedando fuera muchos de los trabajadores. Cabe señalar que en el plan de Pemex-Petroquímica (PPQ) 2012-2025, el objetivo a corto y largo plazo es el “desarrollo de alianzas estratégicas en cadenas específicas y como complemento de capacidades y habilidades de la subsidiaria”.

En este análisis se especifica que actualmente se tiene una participación en el mercado nacional de 60 por ciento en los principales productos y como meta en los próximos 10 años se pretende establecer “nuevos polos petroquímicos para desarrollo de las cadenas de Derivados del Metano y Etano”, aprovechando el gas de esquisto (shale gas).

“A través de alianzas, PPQ puede acceder a mercados finales reduciendo de manera importante el riesgo, lo que sirve de complemento a privados en cuanto al riesgo de acceder a las materias primas que requieren, señala el documento.

El grupo regiomontano Alfa podría seguir el modelo de Mexichem con el complejo petroquímico de La Cangrejera para reducir sus problemas de integración, mientras que en el complejo Morelos estaría interesado Idesa para desarrollar las cadenas del etileno.

También PPQ plantea como meta construir, con apoyo de empresas privadas y participación de los estados, un nuevo complejo petroquímico en la cuenca de Sabinas, entre los estados de Sinaloa y Nuevo León, donde actualmente se mantiene el mayor potencial de Shale gas.

Poniatowska llamó a la defensa del petróleo; “los mexicanos tienen todo el derecho”, señaló


Paula Carrizosa

La escritora, activista y periodista Elena Poniatowska señaló que los mexicanos están en todo su derecho de defender el petróleo; por ello, señaló que el próximo 8 de septiembre participará en la asamblea convocada por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que se hará en la Ciudad de México.

“El 8 de septiembre habrá una movilización, estaré al lado de Andrés Manuel como lo he estado. Vamos a ver qué dice y qué surge. Yo creo que los mexicanos podemos muy bien defender nuestro petróleo; tenemos todo el derecho de hacerlo”, señaló.

Tras la presentación de libro para niños Sansimonsi, en el que colaboró al lado de Rafael Barajas “El Fisgón”, mencionó, además, que no es válido que el presidente Enrique Peña Nieto use la imagen del ex presidente Lázaro Cárdenas para que sea aceptada la reforma energética presentada esta semana.

Agregó que es errónea la narrativa utilizada por Peña Nieto, ya que la situación es distinta entre la época en que gobernó Lázaro Cárdenas y la actual. “Yo creo que no tiene porque invocar a Cárdenas, si se quiere apoyar en el discurso es válido, pero no para usarlo como una estrategia para darle legitimidad a su iniciativa”.

Comparó que con Cárdenas la gente acudió a él, a su esposa Amalia Solórzano, pues llegaban “a Bellas Artes con sus canastas de huevo, sus gallinas, sus guajolotes, con todo, con sus aportaciones, con sus monedas. Fue una de las cosas más conmovedoras que ha vivido nuestro país”.

Sobre Sansimonsi, la autora de Las siete cabritas refirió que se gestó tras la invitación de Rodrigo Cruz para hacer una suerte de biografía de Monsiváis (Ciudad de México, 4 de mayo de 1938–19 de junio de 2010), sobre quien tiene “miles de entrevistas” desde 1958, además de fotografías.

Al final, dijo que se decidieron por un libro para niños –pero también para adultos–, que cuenta sobre el “muchachito con lentes de intelectual que andaba por las calles de Bucareli y Madero al lado de José Emilio Pacheco, a quien no se le despegaba”.

“Eran dos muchachitos, Carlos con el pelo largo y desarreglado, José Emilio, alto, delgado y blanco, siempre vestido de negro”, que en ese entonces escribían en el suplemento México en la cultura que dirigía Fernando Benítez.

Sobre Monsiváis, a manera de anécdota, contó que si bien todos lo conocen como un crítico y un cronista hay una faceta de él poco divulgada: la de crítico de poesía. “Carlos quiso ser poeta porque se lo tragó la vida política de México o quizá porque pensó que no sería tan importante como lo fue siendo cronista”.

Para Elena Poniatowska, quien era interrumpida de vez en vez por los aplausos, es claro que Monsiváis murió antes de tiempo: “No le tocaba, no sabía que nos haría una falta terrible. No supo calcular la gravedad de su enfisema pulmonar, que se le manifestó en varias ocasiones. No imaginó que su estado era grave hasta que el doctor Gustavo Reyes Terán le dijo que se cuidara y a quien él mismo le preguntó si se iba a morir, porque no podía creer que así sería”.

Así, al libro de Sansimonsi lo llamó un “acto de amor hacia Carlos”, ya que en colaboración con “El Fisgón”, quien ilustró su “cuentito”, hizo uno de los primeros tributos que se le han hecho a Monsiváis a tres años de su muerte.

“Qué bueno que lo reciban aquí, y lo enseñen a sus hijos, los futuros lectores, para que lo conozcan cómo era de crítico, de maldito, de indispensable para la vida del país”, señaló y para cerrar destacó la labor de la editorial Uache, una empresa de jóvenes, “no de esas grandes con ínfulas y monolítica”, que merecen el apoyo y entusiasmo.

Carlos fue lo que es Elena, un intelectual público: Barajas

“Carlos Monsiváis fue lo que es Elena: un intelectual público, un hombre que puso su inteligencia al servicio de la sociedad”, afirmó el reconocido caricaturista, pintor y crítico de la política Rafael Barajas “El Fisgón”, al participar en la segunda presentación de este texto que él ilustró y que catalogó como una verdadera osadía, ya que al cronista no le gustaban ni se llevaba bien con los niños, ya que “nunca fue niño, pues nació con currículum”.

“Cuando era menor de edad no se peleaba, tenía debates intelectuales; no hacía travesuras, hacía ensayos”, dijo en tono de broma.

Para el colaborador de La Jornada, Carlos Monsiváis era uno de los más “extraordinarios y grandes intelectuales del país no sólo por su obvia inteligencia, su memoria fotográfica, sino porque sabía de cine, de historia y, por supuesto, de política”.

“Es el único hombre con súper poderes que he conocido, un tipo con dotes fuera de lo común, que más raro aún, los usaba para el bien, en un tiempo en donde el mundo no es así”, dijo sonriente.

Rafael Barajas agregó que además de escribir y conocer sobre multitud de temas lo más interesante es que llegó a ser un personaje importante en la vida de los mexicanos, quienes pese a no haberlo leído –como le aseguró el propio Monsiváis– reconocían que era un hombre inteligente, al que escuchaban y querían.

“Carlos fue un intelectual público, popular, que estaba al tanto de la situación, que era una voz autorizada, por lo que ahora, con este libro es importante para que no lo olvidemos nosotros ni los niños”.

Indicó que con actos como el libro y la presentación en Puebla, en una Casa de Cultura que lució llena con un público que aplaudía al escuchar los nombres de Elena y de Carlos, “es increíble cómo a tres años de su muerte él está presente”.

Sobre Sansimonsi reconoció, primero, haber trabajado al lado de Poniatowska y luego la pulcra edición de Ricardo Cruz García: “El texto de Elena es fantástico, que demuestra lo gran escritora que es, ya que con un texto breve logró algo: hacer de la vida de Carlos un cuento de niños y sintetizar su vida, con una prosa ligera y a la vez profunda, en unas cuantas cuartillas”.

Mientras que sobre el trabajo de la editorial Uache señaló que es un trabajo de alta calidad “que uno siente que no está leyendo la gran literatura”.

Al respecto, el joven editor Ricardo Cruz destacó que el mayor valor del libro es “haber juntado a Elena y a ‘El Fisgón’”, quienes se acercan y presentan la figura de Monsiváis, demostrando además la variedad, profundidad y vigencia de la obra del escritor y cronista, “que ha tres años de su muerte no se ha ido”.

Informó que este es el primer libro de la editorial Uache y que en lo que resta de 2013 saldrán publicados otros cinco volúmenes. Por último, explicó que el nombre es un término que refiere a la palabra “guache”, que es común escuchar en la tierra caliente con la que se llama cariñosamente a los niños.

Sansimonsi, un libro de autoría compartida

Para el historiador del arte y escritor Iván Ruiz, el libro Sansimonsi es uno de los textos más bellos y singulares del campo editorial y literario actual, por lo que se le puede comparar con una obra artística.

Al participar en la presentación dijo que la publicación lleva al lector a “acudir a la metamorfosis de Carlos Monsiváis, quien se convierte en un gatito intelectual de anteojos de pasta”, mismo que lo hacen dinámico y se inscribe en un campo editorial particular: aquel que recurre al préstamo y las asociaciones entre palabra e imagen.

Mencionó que Sansimonsi no es un libro reducido al público infantil, sino que los adultos también pueden tener el gozo literario y estético que produce su lectura, la cual, en términos de palabra e imagen, es comparable al trabajo que Francisco Toledo hizo sobre la obra de Jorge Luis Borges.

Agregó que lo destacable en el cuento escrito por Poniatowska es la capacidad, el poder de síntesis y la economía narrativa de su autora para tomar la imagen de Carlos y mostrarlo como un cinéfilo, un crítico, un coleccionador y, demás, en una histórica “sintética y elíptica”.

“Es imposible decir cuál es más importante, si el cuento o las imágenes, pues los dos producen un regocijo”, dijo, y agregó que a ello se suma el propio Carlos Monsiváis en una suerte de “autoría compartida entre la pluma de Poniatowska, la mano de “El Fisgón” y el espíritu Monsiváis, una impronta que hay en todo el libro”.

En Olinalá se alistan para desarmar a la Comunitaria


SERGIO FERRER (Corresponsal)

Olinalá, 15 de agosto. Luego de que el síndico procurador Armando Patrón Jiménez fue retenido por la Policía Comunitaria de Olinalá, un grupo de ciudadanos llamó a la población de la cabecera y de otras comunidades a reunirse e incluso prepararse para desarmar a la PCO.

A las 7 de la noche, una parte de los ciudadanos estaba reunida en la plaza principal gritando algunas que querían ir por la integrante de la comunitaria Nestora Salgado y los comunitarios. Al cierre de la nota policías comunitarios estaban a la espera de la posible llegada de personas de las comunidades a la casa donde se reúnen normalmente. Por su parte, los representantes del gobierno del estado Misael Medrano Baza subsecretario de Asuntos Políticos, y Moisés Alcaraz, director de Gobernación, llegaron en helicóptero para reunirse con comunitarios, posteriormente con el alcalde y ciudadanos para intentar normalizar la situación en la cabecera.

La Policía Comunitaria de Olinalá informó que luego de que familiares de dos personas asesinadas les solicitaran el apoyo para buscar a un tercer individuo que logró fugarse de la emboscada, acudieron a Huamuxtitlán a pedir que los cuerpos fueran entregados a sus familiares, pero encontraron en el corralón federal al síndico que buscaba llevarse a una res que no era de su propiedad.

El síndico aseguró a agentes del Ministerio Público que la res era suya, sin mostrar documento, lo cual fue mentira ya que un comunitario reconoció la marca del fierro del animal el cual pertenecía a su papá, por lo que procedieron a la retención del funcionario y de su yerno.

La PCO está adherida a la Casa de Justicia de Ayutla de los Libres, parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC). En una primera reunión, el gobierno estatal solicitó a través de sus representantes la liberación del síndico procurador de Olinalá.

Medrano Baza señaló a representantes de la PCO que acudió para reanudar el diálogo y pidió a comunitarios poner a disposición del MP al síndico.

Alcaraz abogó directamente para que fuera liberado como condición para continuar dicho diálogo y tras llamar a la cordura reconoció que como gobierno no han cumplido, pero buscan la regulación en un marco de ley de las policías comunitarias.

Agregó que en ocasiones anteriores el alcalde los recibió con un ánimo hostil reclamando el presidente municipal por qué permitían gente armada en el municipio que si querían que ellos fueran a desarmarlos.

Estados Unidos: Amnistía Internacional pide cambios en la política de uso de la fuerza tras la decisión de no procesar a agentes de la Patrulla Fronteriza por la muerte de dos jóvenes mexicanos




La decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de no presentar cargos contra agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés Customs and Border Patrol) que dispararon y causaron la muerte a dos jóvenes Mexicanos en incidentes separados en 2011 pone en cuestión la impunidad y las políticas de uso de la fuerza letal por agentes de ese país.

Ramsés Barrón-Torres, de 17 años, murió tras recibir disparos de los agentes de la Patrulla Fronteriza que declararon que el joven ignoró sus órdenes de dejar de arrojarles piedras desde el lado mexicano de la frontera en Nogales, entre Sonora y Arizona en enero de 2011. Carlos Lamadrid, de 19 años fue asesinado en marzo de 2011, tras recibir disparos por la espalda de un agente de la CBP, mientras escalaba una cerca de regreso a México. Lamadrid se encontraba en la línea de fuego entre un hombre que arrojaba piedras y el agente.

En ambos casos, el Departamento de Justicia declaró que no había "pruebas suficientes para refutar" que los agentes actuaron en defensa propia.

Estos dos casos forman parte de una serie de tiroteos con resultados fatales realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza contra mexicanos, muchos de ellos adolescentes, por arrojar piedras a los agentes. Aunque Amnistía Internacional reconoce las posibles lesiones que puede causar una piedra, el uso de armas de fuego en los casos reportados, incluyendo estos dos, parece violar las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego.

Los estándares establecidos en los Principios Básicos de la ONU sobre el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego, prevén que los agentes de la ley no deben usar armas de fuego contra personas excepto en caso de defensa propia o defensa de terceros contra una amenaza inminente de muerte o heridas graves, y que en cualquier caso "sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida." En estos dos casos, parece que los agentes tenían opciones razonables para evitar el uso de la fuerza letal.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado estos ataques en diversas ocasiones y exigido investigaciones competas e imparciales. En enero de 2012 AI escribió al Departamento de Justicia expresando su preocupación por estos y otros casos, como el de Sergio Hernández Güereca de 15 años de Edad. Sergio recibió un disparo en la cabeza en junio de 2010 cuando un agente de la CBP disparó varias veces a través de la frontera, al parecer tras ser atacado por varias personas que lanzaban piedras. De acuerdo con las imágenes de video, Sergio se encontraba a cierta distancia en el lado mexicano y no parece constituir una amenaza cuando le dispararon. La investigación sobre el caso tampoco encontró evidencia suficiente para procesar al agente, por lo que el Departamento de Justicia concluyó en 2012 que "el agente no actuó de manera incompatible con la política de la CBP o la formación sobre el uso de la fuerza".

Amnistía Internacional ha llamado al gobierno de Estados Unidos a iniciar un revisión completa de las políticas de aplicación de las leyes federales y el entrenamiento en el uso de armas de fuego, para asegurar que se encuentran en línea con las normas internacionales. El uso de armas debe ser sólo el último recurso, y de una manera diseñada para minimizar los posibles daños o lesiones.

En noviembre de 2012 la Oficina del Inspector General del Departamento de de Seguridad Nacional de Estados Unidos debía revisar las políticas de uso de la fuerza de la Patrulla Fronteriza tras la preocupación mostrada por 16 miembros del Congreso sobre la implicación de agentes de la Patrulla en 19 muertes en la frontera desde 2010. Aún no se conocen los resultados de esta revisión.

Los Estados Unidos deben modificar urgentemente sus políticas para evitar más trágicas muertes, como las descritas más arriba.

Información adicional

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU se pueden encontrar en

http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm

Boletín de Democracy Now! en Español


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jueves, 15 de agosto de 2013

Por crisis de inseguridad, 113 personas abandonan poblado en Guerrero


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

TECPAN DE GALEANA. Gro. (apro).- La confrontación entre bandas delincuenciales que se disputan zonas de producción, trasiego y venta de droga en la Sierra Madre del Sur provocó ya el despoblamiento de municipios enteros, como San Miguel Totolapan, ubicado en la región de Tierra Caliente, que literalmente se encuentra desolado.

Ahora un grupo de 113 personas, entre niños, mujeres y hombres, procedentes del poblado de las Mesas 2 se refugiaron en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, en la región de Costa Grande, mientras que otros 50 pobladores de Las Chacuitas, del mismo municipio, optaron por trasladarse al puerto de Acapulco, para alejarse de la narcoviolencia.

La historia en ambos casos es la misma: grupos armados con vestimenta tipo militar, que se asumen como miembros del grupo delictivo denominado La Familia, irrumpieron en las comunidades donde asesinaron a personas y atacaron a balazos las casas que después fueron quemadas.

Las acciones criminales están provocando un éxodo en San Miguel Totolapan que se hizo evidente a principios de julio, cuando unas mil personas de cuatro comunidades decidieron refugiarse en la iglesia de San Miguel Arcángel en la cabecera municipal.

Al respecto, los desplazados de Las Mesas 2 que se encuentran refugiados en la escuela primaria Hermenegildo Galeana del municipio de Tecpan, advirtieron que no van a regresar a sus hogares en tanto las autoridades gubernamentales no garanticen la seguridad en San Miguel Totolapan.

Entrevistados en el plantel escolar habilitado como albergue, las víctimas narraron que llegaron a este lugar desde el viernes 9, luego de caminar cuatro días en la Sierra porque al menos 100 hombres armados irrumpieron en Las Mesas 2 desde el domingo 4 y el lunes 5, y prácticamente los expulsaron.

Lo paradójico es que dejaron todo lo que tenían para salir de la región de la Tierra Caliente y refugiarse en la región de la Costa Grande, otra zona colapsada por la narcoviolencia.

En la escuela habilitada como albergue se encuentran refugiados 65 menores, 25 mujeres, 20 hombres y tres adultos mayores, quienes duermen en las aulas y toman sus alimentos en la explanada de la escuela.

Brigadistas de la subsecretaría de Protección Civil estatal se encargan de dar atención a los desplazados y un grupo de la Policía Preventiva Estatal de resguardar el plantel.

Las víctimas reprocharon a las autoridades gubernamentales la falta de seguridad en la zona de la Sierra que comparten los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y General Heliodoro Castillo, donde el semanario Proceso ha documentado que al menos dos mil personas han abandonado sus hogares por la narcoviolencia.

Por su parte, el alcalde perredista de Tecpan de Galeana, Crisóforo Otero Heredia urgió ayuda al gobierno estatal para atender el problema de los desplazados del municipio de San Miguel Totolapan.

Sobre todo, dijo, porque este lunes se reanudan las clases en el plantel donde están refugiados los desplazados de Las Mesas 2, quienes se resisten a volver a su municipio por temor a ser agredidos nuevamente por los grupos criminales.

El edil perredista calificó como grave este problema generado por la narcoviolencia debido a que las autoridades municipales no tienen capacidad para atender a los desplazados.

Incluso, dijo que en las próximas horas se espera el arribo de otros 60 desplazados también del municipio de San Miguel Totolapan que siguen “extraviados” en la Sierra después de abandonar sus poblados.

Por ello, reiteró su llamado de auxilio a las autoridades estatales y federales para atender la problemática.

Falso que Pemex no tenga recursos para modernizarse: expertos en CNN




La iniciativa de reforma energética del presidente de México, Enrique Peña Nieto, parte de un fundamento falso de que no hay recursos para modernizar la extracción de petróleo, consideraron expertos en la materia.

En entrevista con Aristegui CNN, Alberto Montoya Martín del Campo, catedrático y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos y Nacionales; y Francisco Garaicochea, del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917 señalaron que la premisa va en contra de lo establecido en la Constitución donde se aprobó que el dominio y explotación del crudo son de uso exclusivo de la nación.

Ambos coincidieron en que el uso de la figura del ex presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) para justificar la apertura de Petróleos Mexicanos a empresas extranjeras “es un insulto a la inteligencia y a la memoria de los mexicanos”.

“El presidente Cárdenas, por lo contrario, hizo valer lo establecido en 1938 con la expropiación petrolera, lo que se había aprobado en el 17, donde se establece que el dominio directo y exclusivo del petróleo es de la nación, lo que se propone como reforma energética es la ruina de la nación porque hasta ahorita no hay debate, solo propaganda”, señala Montoya Martín del Campo.

Peña aseguró el lunes pasado que con la reforma, el país se mantiene como único dueño del petróleo y planteó cambios a los artículos 27 y 28.

En Michoacán la gente no se va a dejar desarmar: Vázquez Alatorre en MVS


elene Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán aseguró que desde que el cartel de Los Caballeros Templarios decidió recuperar el territorio en diferentes zonas del estado, varias comunidades se han visto en la necesidad de armarse para no quedar en manos de los criminales.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, la legisladora comentó que en la zona de Aquila se tiene el conflicto relacionado con una mina, cuando en mayo pasado fueron entregados 14,000 pesos a cada comunero como parte de las regalías por la explotación y el grupo criminal los visitó para quedarse con los recursos.

A raíz de este hecho fue cuando los habitantes decidieron armarse, formar su grupo de autodefensa y resguardar la presidencia municipal, comentó.

La diputada michoacana narró que el pasado 10 de marzo, el grupo de comuneros participó en un evento en Apatzingán donde pedirían ayuda al gobernador pero fueron atendidos por el secretario de gobierno, sin embargo, al ser trasladados y escoltados por soldados en un camino de la zona, camionetas con hombres armados se interpusieron en el camino y dispararon contra los civiles matando a 10 “en las narices del Ejército”.

Otro evento ocurrió en Los Reyes, cuando guardias comunitarios se manifestaron en la presidencia municipal y a pleno día fueron rafagueados por hombres armados matando a seis.

Afirmó que el gobernador Jesús Reyna miente cuando dice que en el estado no hay gente armada e infiltrada en los grupos de autodefensa por el crimen.

Vázquez Alatorre dijo que se atrevería a especular respecto a un hecho sucedido en Aquila, cuando hace unas semanas los comuneros detuvieron a un militar que vestía de civil y que después fue recuperado, sin embargo, explicó, existe un video donde el soldado asegura que hay infiltrados entre el crimen organizado y el Ejército.

“Se lo llevaron a la Policía Federal y hasta el momento no se sabe nada de él”, dijo.

La diputada pidió al gobierno federal que se respeten los derechos humanos de la gente en Michoacán y sostuvo que la gente no se va a dejar desarmar porque quedarían en manos de los criminales.

“El Ejército está en conjunto con el crimen”: comunero de Aquila, Michoacán en MVS


Octavio Villanueva, líder del grupo de autodefensa, aseguró que “el Ejército está en conjunto con el crimen” y acusó que Policías Federales, elementos del Ejército y la Marina detuvieron a 46 comuneros y soltaron a 5 en “La Placita”, “el nido del crimen” en la región.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el integrante de la comunidad en Aquila, Michoacán explicó que el conflicto en la región está dividido en dos temas, la defensa contra el cartel de Los Caballeros Templarios y asuntos internos del grupo relacionados con una minera.

Villanueva indicó que originalmente fueron detenidos 46 personas y a 5 los soltaron en La Placita, sin embargo a los 41 restantes fueron trasladados al municipio de Lázaro Cárdenas, de ahí se los llevaron a Morelia y finalmente a la Ciudad de México.

Aseveró que el conflicto que hay con la minera, es que el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha violado los convenios en relación a donde se van a explotar los terrenos “porque ya son 270 hectáreas explotadas”.

Acusó que la minera ha comprado comuneros para que trabajen con ellos, por lo cual han sido castigados por el grupo y eso ha generado enfrentamiento entre ellos.

El líder comunero dijo que son 401 personas quienes tienen derecho sobre la mina, sin embargo la empresa minera ha acaparado todos los contratos, maquinaria y restaurantes, por lo cual, los comuneros que trabajan actualmente con ellos están bien económicamente y eso los ha hecho acreedores a castigos por parte del grupo.

“La comunidad tiene un reglamento interno y si alguien se pone en contra de la asamblea, las reglas dicen que se le puede castigar a través de las regalías que salen de la minera hasta que se le pida perdón a la asamblea”, refirió.

Octavio Villanueva sostuvo que la comunidad está desesperada porque está en manos del crimen organizado y esa fue la razón por la que retuvieron a 32 militares en días pasados, pues su idea era negociar para que soltaran a sus compañeros detenidos, sin embargo solo llegaron 600 elementos para rescatarlos a base de golpes y disparos que han provocado varios heridos.

“Ahorita tenemos gente que ha visto rondando a Los Caballeros Templarios pero sin el apoyo del gobierno estamos en sus manos”, concluyó.

Declaran en SEIDO 41 líderes comunitarios de Aquila, Michoacán


Un total de 41 policías comunitarios del municipio de Aquila, Michoacán, detenidos este miércoles en un operativo de fuerzas federales y estatales declaran en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Al parecer, cuatro de ellos cuentan con órdenes de aprehensión, por lo que enfrentarán su proceso en el Estado de Michoacán. Del resto de ellos, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 48 horas para determinar su situación jurídica.

Fueron aseguradas 57 armas de fuego, entre ellas AR-15 y AK-45, (cuernos de chivo) de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Estos comunitarios formaban parte de un comando que se ostentaba como grupos de autodefensas o policías comunitarios.

En meses pasados, estas autoridades civiles expresaron estar hartos de las extorsiones por parte de la delincuencia organizada.

(Con información de El Universal y Reforma)

Por incapacidad del gobierno a punto de desatarse guerra en Michoacán


Debido a la evidente incapacidad del gobierno de los tres niveles, el Estado de Michoacán está a punto de desatarse una guerra, así los aseguro en entrevista el arquitecto Tito Fernández Torres, presidente del Movimiento Paz y Dignidad en Michoacán, el empresario menciono que fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando de manera irresponsable decidió enfrentar al crimen organizado, aún sin saber la magnitud de las consecuencias, todo empezó con el tristemente y celebre “Michoacanazo”, a partir de ese momento el estado es solo nota roja, por otra parte el enfrentamiento en contra del entonces gobernador, Leonel Godoy, dejo sin recursos a Michoacán, lo que repercutió en la economía y progreso del estado. Agrego ahora es tiempo que el actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto, detenga el inminente estallido de una guerra.

La crisis de la violencia esta focalizada solo en algunos municipios del estado donde no existe la certidumbre de un estado de derecho, que tiende a extenderse, de no actuar a tiempo. Señalo aquí estamos en la Ciudad de México, una representación de empresario michoacanos, con el rostro descubierto y hablando de frente, para solicitar la ayuda del gobierno, menciono que al enfermar el gobernador Fausto Vallejo, con la llegada del gobernador interino, Jesús Reyna García, el problema se está saliendo aún más de control, porque de inmediato empezó a cambiar gente, para acaparar los recursos y manejar las cosas a su antojo, sin tomar en cuenta a la gente productiva de Michoacán y solo atienden otros intereses

Raúl Ruíz

Reportero

Bloquea CNTE vialidad en Insurgentes en ambos sentidos y Reforma


Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que protestan frente a la sede del Senado y bloquean Reforma también cerraron la vialidad en ambos sentidos de Insurgentes, lo que provoca caos vehicular en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) informó que esta arteria se mantiene cerrada desde Chapultepec hasta San Cosme, por lo que se realizan cortes escalonados para evitar congestionamientos viales.

La presencia de los inconformes afecta el tránsito vehicular en Avenida Chapultepec, Puente de Alvarado, Circuito Interior, Marina Nacional, Fray Servando Teresa de Mier y Bucareli, entre otras. La SSPDF sugirió a los automovilistas a evitar circular por la zona.

Exigen al gobierno de Oaxaca frenar ataques contra Asamblea Popular de Juchitán


Rosa Rojas

México, DF. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CódigoDH) de Oaxaca demandó la inmediata intervención de los gobiernos federal y estatal de Oaxaca para frenar la "ola de violencia contra simpatizantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ)" -con amenazas, hostigamiento, persecusión, agresiones, incluyendo la muerte de un integrante de esta organización- que ha generado el conflicto por la construcción del parque eólico Fuerza y Energía Bií Hioxo, por parte de la empresa Gas Natural Fenosa (GNF).

La APPJ demanda la suspensión de las obras de dicho parque en tierras comunales de Juchitán y el respeto a sus derechos colectivos como pueblo indígena zapoteca a una consulta previa e informada y a que no se les impongan "proyectos de fuera para beneficio de gente de fuera".

En un comunicado, CódigoDH indicó que deben revisarse los permisos, estudio de impacto ambiental y la situación de las tierras sobre las que se asienta el parque eólico Bií Hioxo.

Asimismo, que debe haber respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas resguardados en el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de las leyes vigentes que deben aplicarse en el caso de la construcción del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa.

Indicó que el martes 13 debía efectuarse una reunión con funcionarios de dependencias federales como la Secretaría de Energía, con integrantes de pero únicamente llegaron representantes del gobierno estatal, "que no han dado soluciones concretas al conflicto", lo que ocasionó el enojo de los indígenas zapotecas de la APPJ.

Entonces CódigoDH, junto con los representantes del gobierno del estado, la APPJ y otrtas organizaciones presentes, como Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se trasladaron a la entrada de las obras del parque, donde se encontró cerrado el acceso al paraje Gúsebenda, que la población local utiliza; se pudo constatar el cierre del camino, la presencia de policia auxiliar PABIC encapuchados y fuertemente armados y otras personas en la obra quienes impidieron el paso y grabaron y tomaron fotografías de los integrantes de la APPJ, además de que ningún representante de la empresa acudió al llamado que se le hizo para participar en la reunión.

CódigoDH considera que son urgentes las políticas de mitigación del cambio climático, sin embargo lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec con la instalación de parques eólicos, simplemente no puede considerarse “energía limpia”, mucho menos “sustentable” añadió, recordando que toca al estado mexicano garantizar que la implementación de megaproyectos, incluidos los eólicos, respete los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Detalló que en este caso concreto, la empresa está violentando procedimientos que lesionan los derechos de las comunidades indígenas de la zona y de la ciudadanía en general, no está garantizando procesos de información ni consulta previa y consentimiento y hay irregularidades en la construcción pues se está construyendo sobre tierras comunales (reconocidas en el decreto presidencial del 17 de junio de 1964)".

Además, se está afectando el acceso a zonas sagradas junto a la Laguna Superior como Gúsebenda, Guela Be’ñe’, Chiguese y Laxada, se impide el paso a los pobladores de la zona a sus tierras de cultivo y para la recolección de plantas medicinales, se están tapando los canales de desagüe de la ciudad de Juchitán que atraviesan por la Séptima Sección, lo que podría generar inundaciones en un futuro y serias situaciones de insalubridad, advirtió CódigoDH.

Hallan dos narcofosas con restos de seis personas en Tepic


Bahía de Banderas, Nayarit. Dos narcofosas con los restos de seis personas, de los cuales se lograron recuperar cinco cráneos, fueron localizadas en las inmediaciones del poblado El Pichón, municipio de Tepic.

El hallazgo sucedió la tarde del miércoles, según fuentes policiacas, el territorio forma parte de un narco-campamento utilizado por integrantes del crimen organizado que operan en la entidad.

Los reportes indican que agentes de la Policía Estatal de Investigación y fuerzas federales realizaban una movilización en la zona con perros especializados en busca del cuerpo de José Luis Crespo, quien hace más de un año fue secuestrado y asesinado aparentemente en esa zona, según confesaron plagiarios detenidos días antes.

Al recorrer la zona, los agentes federales, estatales y personal del Servicio Médico Forense descubrieron los restos de al menos de seis personas, aunque solamente se recuperaron cinco cráneos.

De acuerdo con peritos, los cadáveres tenían más de un año y se presume que fueron ejecutados durante el 2011 y 2012, fecha en que Tepic vivió uno de los periodos más violentos de su historia reciente. En ese tiempo la guerra entre los Cárteles por controlar el territorio dejo un clima de violencia en la entidad. Aún se desconoce si alguno de los cuerpos pertenece al joven plagiado José Luis Crespo.

Trunca, incoherente, errada, falaz...


Jorge Eduardo Navarrete

Por fin, después de no escasos titubeos y anuncios en falso, se remitió al Senado la iniciativa gubernativa de reformas constitucionales en materia de petróleo y electricidad. Se decidió rodearla de una intensa turbonada publicitaria que quizá tendría algún sentido si se previese someterla a referendo, lo que, desde luego, no corresponde a la intención oficial. La publicidad tiene por objetivo implantar en la opinión pública una serie de lemas simplistas y engañosos, que ayuden a tragar la rueda de molino. Un buen ejemplo de esta estrategia de medios se halla en el mensaje presidencial del propio lunes 12, cuyas frases prefiguran el alud de comerciales de radio, televisión y desplegados de prensa que desde la mañana siguiente abruma a escuchas y lectores. Los dos discursos matinales, el mensaje nocturno y el texto de la iniciativa de reforma constitucional son el material que debe ser analizado para formular un juicio sobre la propuesta. Mínimamente, corresponde considerarla trunca, incoherente, errada y falaz.

Trunca, en primer término, porque se limita a proponer la reforma de dos artículos constitucionales pero no contiene las iniciativas de las otras leyes que es indispensable establecer o enmendar para construir el edificio de una reforma energética digna de tal nombre. Es cierto que los discursos y la exposición de motivos de la iniciativa aluden a algunos de los elementos que informarán las propuestas ahora faltantes, pero lo hacen de manera selectiva, insuficiente e incompleta. De hecho, se solicita al Congreso expedir la carta blanca de una reforma constitucional sin dar a conocer el andamiaje legal completo del que dependerá su verdadera dimensión y alcance. Sería una acción irresponsable del Legislativo aprobar reformas constitucionales sin saber cómo y cuándo va a integrarse el conjunto de disposiciones legales necesario para ponerlas en práctica. La iniciativa no contiene los usuales artículos transitorios que definen qué disposiciones secundarias y complementarias deberán expedirse y dentro de qué plazos tendrá que hacerse. En otras palabras, se pide aprobar un salto al vacío.

De acuerdo con la iniciativa, en materia de petróleo y otros carburos de hidrógeno, el texto constitucional, además de establecer que no se expedirán concesiones, sólo indica que la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. En la Constitución no quedaría establecida limitación alguna, todo dependería de la ley reglamentaria y de disposiciones de menor jerarquía. En su curioso discurso de anuncio de la iniciativa, Peña Nieto identificó a los contratos de utilidad compartida como primer elemento fundamental de la propuesta. Entonces, ¿por qué la iniciativa no hace referencia a esta figura? Señalar en el discurso que se preferirán los contratos de utilidad compartida sobre, por ejemplo, los contratos de producción compartida, no garantiza que no termine por acudirse a éstos. Si se decidió establecer en el texto constitucional que no se expedirán concesiones, ¿por qué no estatuir que no se celebrarán contratos de producción compartida? En realidad se desea dejar abierta esta forma de compartir con par­ticulares la renta petrolera, pero se prefiere hacerlo en forma tácita.

La iniciativa también queda trunca en cuanto al régimen fiscal de Pemex. La exposición de motivos se limita a señalar que un nuevo régimen se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria y adoptará una perspectiva amplia y de largo plazo. Se requería precisión, era indispensable abordar a fondo este tema, pues se parte de un historial lamentable de expoliación fiscal del organismo, que no puede paliarse con una vaga promesa de superar la visión estrecha de Pemex como generador de ingresos públicos en el corto plazo. Es claro que la alteración del régimen impositivo de Pemex debe conectarse con una reforma hacendaria (sin mayúsculas) amplia y progresiva. Nada garantiza, por desgracia, que así vaya a ser la reforma ni que incluya un trato fiscal adecuado para el petróleo.

Incoherente, al plantear el fortalecimiento y la modernización de Pemex y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que empresas privadas extranjeras –a las que se reconoce la posesión de recursos técnicos, organizativos y financieros de los que la entidad mexicana carece– contraten con el gobierno la explotación de los recursos petrolíferos de la nación. No es difícil prever un desplazamiento progresivo de Pemex por los contratistas privados, pues los contratos se establecerán de preferencia en las zonas más promisorias, aún no explotadas (aguas profundas y ultraprofundas), o explotables si se desprecian las consideraciones ambientales (aceite y gas de lutitas). ¿Qué corporación petrolera o qué empresa de servicios querrá contratar con Pemex si se le abre la opción de ir sola (o con sus partners habituales), mediante un contrato otorgado por el gobierno o por la espectral Comisión Nacional de Hidrocarburos?

Errada, en tercer lugar, porque persiste en el rumbo equivocado que se impuso al sector desde la segunda parte de los años 70 del siglo pasado. Desde entonces se le apartó de su misión prístina de actuar como palanca del desarrollo nacional, por la vía de la industrialización, para sujetarla a diversos objetivos cortoplacistas que han ido desde enjugar los desequilibrios de las balanzas comercial y de pagos hasta actuar como caja chica del gobierno federal, proveyéndole recursos para el financiamiento de sus urgencias cotidianas. Se propone que México produzca más petróleo y gas, sin precisar para qué. ¿Para sustituir importaciones de gasolinas y gas? No se anuncian proyectos de nuevas refinerías o plantas de procesamiento ni, mínimamente, métodos de recuperación que reduzcan la quema en la atmósfera. Prever la reducción progresiva de las exportaciones de crudo, para participar como exportadores en los mercados emergentes de petrolíferos y los bien establecidos de petroquímicos, es algo que no imaginan los autores de la iniciativa.

Falaz, finalmente, por su proclamada fijación cardenista. Ésta se presta más al examen siquiátrico que al análisis económico. Reproducir palabra por palabra un texto legal de 1940 y pasar por alto lo que ocurrió después conforma un sofisma monumental. Ya quedó aclarado –por la fuente más autorizada– que el general Lázaro Cárdenas expresó por escrito su convicción de que el espíritu nacionalista de la reforma constitucional del 9 de noviembre de 1940 fue violado en la ley reglamentaria de 1941 que permitió contratos lesivos a la nación. Ese es precisamente el riesgo que ahora se corre.

Exilio, muerte o servir al narco, las alternativas en la sierra sinaloense


Javier Valdez Cárdenas, corresponsal

Culiacán, Sin., 14 de agosto.

Angelina mira hacia las montañas. Allá quedaron su tierra, su casa, su vida. Ella es una de las casi 600 personas expulsadas de 40 comunidades en la sierra del municipio de Sinaloa. Para algunos esto es sólo el saldo estadístico de las pugnas entre cárteles desde 2011.

A principios de ese año, un comando del cártel de los Beltrán Leyva atacó la comunidad San José de los Hornos, municipio de Sinaloa, y mató a una persona. Otros atentados provinieron de células del cártel de Sinaloa, que disputa varios municipios a los Beltrán Leyva.

Los pobladores de la zona montañosa quedaron en medio de esta guerra entre organizaciones criminales, que los obligan a sembrar mariguana o a escapar.

Angelina huyó, al igual que 118 familias que viven en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, unos 100 kilómetros al norte de Culiacán. Ahí comparte una casa rentada con dos familias. Relata que huyó después de que 30 personas fueron asesinadas en San José del Llano, Ocurahui y otros poblados del municipio de Sinaloa. Para nosotros, Ocurahui era la capital de los ranchos que había alrededor. Ahora no es nada, dice con voz arrugada por la nostalgia.

Recuento de sangre

El 20 de enero de 2012, un comando sacó a tres integrantes de una familia de sus casas en Ocurahui y los mató a balazos. Las víctimas eran madre, padre e hijo. Tres días después volvieron los agresores, al parecer del bando de los Beltrán Leyva. Saquearon, balearon y quemaron casas.

Una pobladora llamó al entonces alcalde, Saúl Rubio Valenzuela, quien ofreció actuar de inmediato. La denunciante lo escuchó decidido y eso la animó. Nada pasó. En abril de ese año se dio muerte a dos varones.

El 27 de marzo de ese año, tres integrantes de una familia volvieron a una zona cercana a Metatitos para recuperar algunas pertenencias. Un comando los asesinó. Otros tres que fueron con una carroza fúnebre por los cadáveres corrieron la misma suerte. Y encima nos insistían que dijéramos que todo lo que sucedía era culpa de los Beltrán Leyva. Pero nosotros sabemos que no, dijo un vecino.

El 25 de mayo, después de que numerosas familias huyeron a comunidades cercanas, entre ellas Surutato, un grupo armado encontró a varios habitantes de Ocurahui que habían dejado sus casas. Los invitaron a una reunión a la que acudirían militares, para resolver los problemas de violencia.

Sólo fueron algunos integrantes de una familia. No había soldados, únicamente hombres encapuchados, armados con fusiles automáticos y uniformes de camuflaje. Querían que regresaran la enfermera, la maestra de la primaria, un comerciante y un médico, para que eso animara a otros. A cambio, los criminales ofrecieron respetar sus vidas, pero tendrían que cultivar drogas y armarse para repeler ataques de algún grupo rival.

No aceptaron y se marcharon. Los encapuchados saquearon y destruyeron muchas de las 97 viviendas que había en Ocurahui.

Algunas versiones indican que en esos actos, atribuidos al cártel de Sinaloa participaron soldados, con el argumento de que los vecinos daban información a habitantes de la comunidad La Sierrita, donde presuntamente tienen fuerte presencia los Beltrán Leyva.

Tres personas fueron asesinadas el 27 de junio de 2012: padre, madre y su hijo, de 17 años, por tratar de volver a sus tierras.

No tengo tiempo

Angelina recuerda cómo sus esperanzas, alguna vez renovadas, se quedaron atoradas en la garganta como piedras filosas.

Llamó al gobierno del estado y logró que le comunicaran al secretario particular del gobernador Mario López Valdez, Malova. El funcionario le prometió enterar al mandatario, quien programó una visita a la sierra para hablar con los desplazados, a mediados de abril.

Un centenar esperaron a Malova en Surutato, uno de los poblados de Badiraguato que en la primera etapa del desplazamiento de familias recibió unas 250 personas procedentes del municipio de Sinaloa. Entre los asistentes había infiltrados sicarios del cártel de Sinaloa, para saber qué decían y quiénes. Eso alimentó la rabia y el terror.

El gobernador fue muy insensible. Esperamos cerca de cuatro horas, para que estuviera sólo cinco minutos. ¿Sabe qué dijo? Que nosotros siempre nos hemos dedicado al narcotráfico, que los hemos solapado y que por eso nos pasa esto, pero que ahora brincamos porque nos llegó la sangre al río. Eso dijo, recordó Angelina.

Esperaban que dijera que los apoyaría, que garantizaría su seguridad. Nada de eso. Una de las afectadas, cuenta, alcanzó al mandatario, le jaló la camisa y éste respondió: No tengo tiempo. Pida una cita en Culiacán. Subió al helicóptero y se fue.

Amargo regreso

El 3 de agosto, cuatro familias desplazadas de Guamúchil pidieron apoyo al destacamento militar ubicado en Surutato, para regresar a Ocurahui y San José de los Hornos. El viento fresco, los pinares y los animales nutren la añoranza. Por eso Guadalupe, Felicia y otros decidieron intentarlo.

Acordaron con los militares que éstos recorrerían la zona y luego pasaría la caravana de desplazados, compuesta de unas 10 personas, entre ellas una mujer de 80 años. Iniciaron la travesía a las 5 horas. Cerca de las 10, cuando estaban a punto de llegar a Ocurahui, los pararon tres jóvenes armados y los hicieron regresar a San José de los Hornos.

Ahí los aguardaban hombres armados. Uno que dijo ser el jefe les reclamó porque avisaron a los militares, y aseguró que la base del 42 Batallón de Infantería le informó que cuatro familias irían ese sábado. Eran unos 20. Los rodearon. El líder accedió a que recogieran sus pertenencias y se fueran.

Cuando llegaron a Ocurahui bajó un banco de niebla. El terror hizo presa de ellos. Desesperados y temblorosos, recorrieron la escuela, sus casas y las de sus parientes. Apenas dieron cinco pasos y regresaron a los vehículos, desde donde tomaron algunas fotos que muestran un páramo entre pinos, una clínica saqueada, una escuela primaria fantasmal y destruida, casas quemadas, con orificios de bala, monte crecido y ausencias. Con un fardo de desesperanza a cuestas, regresaron a Guamúchil.

Estuvimos unas tres horas y nos dimos cuenta de algo: no hallamos de quién cuidarnos y ya no hay nada qué rescatar. Mejor nos regresamos. Condujeron cerca de cuatro horas, hasta Surutato, donde cargaron gasolina. Llovía fuera y les llovía la tristeza por dentro.

Cambian leyes secundarias régimen jurídico y laboral de los maestros


Laura Poy, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Las iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa, presentadas por el Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y supervisores, desde prescolar hasta bachillerato, quienes podrán ser despedidos de no aprobar las evaluaciones de desempeño, sin responsabilidad para el Estado.

En el caso de profesores activos, se establecen nuevos mecanismos de evaluación para su desempeño y en caso de no aprobarlos en tres oportunidades serán reasignados o podrán solicitar el retiro.

Para los trabajadores de reciente ingreso hay nuevas reglas: evaluación permanente y periodos de inducción de dos años, con apoyo de tutores, figura de nueva creación, equivalente a un capataz, y de no aprobar esta etapa, saldrán del servicio magisterial.

Se incluye la creación de un Servicio Profesional Docente, el cual en un plazo no mayor de mes y medio, luego de la entrada en vigor de la ley respectiva, contará con un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al que se facultará para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

A pesar de que estas propuestas han desatado el rechazo del magisterio disidente en todo el país, y de una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para realizar foros de consulta donde se escucharían los planteamientos de los profesores, los nuevos marcos normativos establecen profundas modificaciones a las bases y procedimientos del desarrollo profesional docente, con funciones directivas y de supervisión en la educación básica y media superior.

Entre las medidas que podrían aprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, está el diseño de nuevos perfiles, parámetros e indicadores de la labor docente, así como el impulso a una nueva política administrativa de control de plazas.

Con la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente se determinan ascensos por concurso de oposición para directores y supervisores, y un nuevo programa de estímulos económicos, que sustituirá a la Carrera Magisterial.

Además, habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la plaza de base, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades.

En las otras dos iniciativas, la Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los maestros en servicio sólo podrán garantizar su permanencia siempre y cuando se sujeten a los procesos de evaluación de desempeño, que se aplicarán por lo menos una vez cada cuatro años.

Los profesores deberán someterse además a una evaluación interna, que estará a cargo del director de la escuela y los profesores, la cual deberá ser permanente, aunque no tendrá sanción ni consecuencias administrativas o laborales.

También se prohíben los cambios de adscripción voluntaria durante el ciclo escolar, a fin de impulsar un reordenamiento de las plantillas docentes en las escuelas, y su reasignación donde estén incompletas.

Denuncia el MPJD arresto arbitrario de activista xalapeña en Coatzacoalcos


RODRIGO SOBERANES

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) denunció la detención arbitraria en la terminal de autobuses de Coatzacoalcos de una de sus integrantes en el estado, Anaís Palacios Pérez.

La organización informó que Anaís Palacios fue retenida por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos, a donde había viajado para reunirse con familiares de víctimas de desaparición forzada.

Palacios Pérez, quien es integrante del Colectivo Xalapa por la Paz y del MPJD, “fue objeto de detención arbitraria, tortura psicológica, sustracción de información personal y videograbación”, según el Movimiento por la Paz.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio en la central camionera de Coatzacoalcos, pero no se habían hecho públicos por consenso de las organizaciones a las que pertenece la agraviada.

“En su labor voluntaria como defensora de derechos humanos ha realizado decenas de acompañamientos a víctimas de la violencia, ha participado en acciones tendientes a fortalecer la cultura de paz y la justicia. Y promueve activamente los derechos humanos, por lo que se ha ganado un amplio reconocimiento por su compromiso a nivel nacional”, destacó el Movimiento por la Paz en un comunicado.

También se informó que Anaís Palacios interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 25 de julio, para denunciar los abusos a los que habría sido sometida.