Los católicos "pacíficos" incendian oficinas del prd

Del Sendero del Peje

ESAS SON COSAS DEL DIABLO..!
Lanzan bomba molotov a las oficinas del PRD en Chihuahua luego de recibir amenazas anónimas para que no se metan con la Iglesia

Católica25/11/2007Chihuahua.-

Desconocidos lanzaron un bote con gasolina a las oficinas del PRD local, ubicado sobre la calle Colón y provocaron un incendio en el inmueble.La oficina incendiada es la Secretaría de Organización que ocupa Librado Tarango, quien reportó que el siniestro ocurrió al filo de las 20:00 horas del sábado.El perredista dijo desconocer quién quemó el local del partido de la revolución democrática. Sin embargo, informó que hace unos días se recibió un anónimo en el comité municipal en el cual se envió el mensaje “no se me metan con la iglesia porque se los carga la chingada”.Respecto de la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades ministeriales, el secretario de organización dijo que primero se informará a Miguel Vargas, encargado de bienes patrimoniales, para que sea éste quien adopte la decisión que corresponda.En el interior del inmueble se localizó un pedazo de plástico color verde que evidentemente forma parte de un bote de los que se utilizan para cargar gasolina, así como restos de dos maletínes quemados y pedazos de madera del marco de la ventana.Se presume que los incendiarios quebraron la ventana que da a la calle y posteriormente, lanzaron el bote prendido para provocar el incendio.“Ayer estuvimos con un grupo de compañeros aquí y salimos a cenar y a los 40 minutos nos avisaron que se estaba quemado la oficina, regresamos y la hallamos en las condiciones en que está”, expresó Tarango.
Comentó que la ventana orientada hacia la calle, papelería, dos maletínes con documentos y otras cosas pequeñas, fueron consumidas por el fuego. Añadió que los hechos debieron ocurrir entre las 20:00 y las 20:30 horas.
El anónimo recibido en la oficina del comité municipal del PRD fue relacionado con los hechos sucedidos en la ciudad de México, cuando supuestos perredistas se metieron a la catedral a protestar por las insistentes campanadas que salían de la catedral cuando se llevaba a cabo un mítin de AMLO en la plancha del zócalo.Librado Tarango señaló que nadie de la dirigencia perredista conoce a los instigadores y añadió que muy probablemente todo fue planeado por falsos perredistas con el objeto de provocar enfrentamientos con la iglesia.
La nota se publicó solamente en : www.lapolaka.com y en www.laopcion.com.mxUPDATENos comenta un compañero radioescucha de radioAMLO, que el presidente estatal del PRD en Chihuahua, de nombre Héctor Barraza Chávez y perteneciente a Nueva Izquierda, no quiere presentar una denuncia por el incendio de las oficinas, argumentando que "quizá fue provocado por un cigarrillo", aunque fue encontrado un bote con gasolina en el lugar.

Publicado por Paquita

Prohibido protestar

martes, mayo 15, 2007

Prohibido protestar

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma13 de mayo de 2007

Los cambios al artículo 139 del Código Penal Federal pueden ser usados más allá que para sancionar a terroristas, porque se otorga al Ejército la capacidad de combatir la delincuencia organizada y a los que perturben la paz social.En la víspera de que en Los Pinos se efectuara una sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, miembros del Estado Mayor Presidencial impidieron con violencia que una madre de familia y una diputada federal se encadenaran a la reja de la casa del Ejecutivo. Agredidas con desmesura, la legisladora tuvo que ser hospitalizada durante 48 horas. El parte médico registró esguince cervical y contusiones en varias partes del cuerpo. No salió inmediatamente porque le fue detectada una inflamación cerebral.Mavic Jaimes Miranda nació en 1970 en Cuernavaca, donde ahora es maestra de secundaria. Casada con el también profesor Froylán Nava Ocampo, se trasladaron hace cinco años a Houston, donde él obtuvo una plaza como maestro bilingüe. Llevaban consigo a sus dos hijos, nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología, porque los embarazos respectivos eran de alto riesgo, como lo fueron cuatro anteriores que terminaron en aborto. La violencia que a decir de la señora Jaimes caracterizó su vida matrimonial la condujo a demandar el divorcio en aquella ciudad texana, donde lo obtuvo, así como la custodia de los niños. La separación no aminoró la agresividad del padre, que fue encarcelado el 17 de mayo de 2003 durante unos días por lastimar a su ex esposa. El 3 de julio siguiente, al tener a sus hijos en el fin de semana, huyó a México con ellos. Desde entonces la madre, que también volvió, los ha buscado por doquier, pretendidamente con el auxilio de la Procuraduría General de la República -pues presentó denuncia ante el Ministerio Público federal- sin obtener resultado alguno.El 10 de mayo de 2004 se encadenó durante unas horas al Monumento a la Madre, en la ciudad de Cuernavaca. Sólo consiguió la atención de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que la ha apoyado desde entonces en sus gestiones. Elegida diputada federal el año pasado, su paisana Adriana Díaz Contreras la acompaña personalmente en su esfuerzo por localizar y recuperar a sus hijos. Decidieron juntas repetir la experiencia del 2004, pero escogieron hacerlo en Los Pinos. El presidente Calderón nos ha mostrado varias veces a su familia, razonó la señora Jaimes, y quise hacerle ver que a mí también me importa la mía. Decidió encadenarse a las vallas que circundan la casa presidencial, y cuando la diputada Díaz Contreras se disponía a hacer lo mismo, personal militar de la residencia oficial las atacaron violentamente. Rompieron las cadenas y las arrastraron hasta la avenida del Chivatito.El episodio es grave por sí mismo, porque incluyó un comportamiento autoritario incapaz de comprender que la protesta pacífica es una forma de expresar indignación ante la insuficiencia de la ley, expresión usual en todas las sociedades democráticas. Le añade gravedad la indiferencia presidencial ante la agresión. No se han pedido disculpas y mucho menos se ha anunciado sanción alguna contra los responsables, que deberán ser llamados por la justicia habida cuenta de la denuncia presentada por la legisladora. Tampoco se ha conocido reacción alguna de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente está obligado a velar por la integridad física de sus compañeros, como parte de su fuero constitucional (condición que los agresores pasaron por alto de modo más que grosero).Pero el acontecimiento adquiere mayor relieve cuando se le examina en el contexto de una creciente penalización de la protesta social, cuando se están adoptando medidas de diversa índole y distinto origen conducentes todas, sin embargo, a prohibir la expresión de inconformidades y a criminalizar a quienes demandan acciones legales o administrativas en su beneficio o se oponen a las que los perjudican.Ése es el entorno en que tres activistas de San Salvador Atenco fueron condenados, la semana pasada, a 67 años y medio de prisión por haber retenido, en un caso durante dos días y en otro por sólo unas horas, a funcionarios del gobierno mexiquense, a causa de demandas insatisfechas. He de insistir en que la violencia contra servidores públicos no es de modo alguno condonable. Pero reitero con mayor fuerza el despropósito legal y judicial de equiparar la breve privación de la libertad, que se cumple en espacios públicos, con declaración diáfana de su propósito, con los secuestros mercenarios merecedores, esos sí, de la máxima sanción judicial por sus móviles y porque a la pérdida de la autonomía personal de la víctima añaden brutal violencia sicológica sobre el secuestrado y sus deudos.La base legal para comparar las retenciones de Atenco con secuestros destinados a obtener el pago de rescate, con frecuencia de montos que arruinan a una familia, se aprobó años atrás, como un dispositivo de autoprotección del Estado, que de ese modo reconoce su capacidad de enfrentar con medios políticos la protesta social, cuyos móviles se multiplican en una sociedad que pierde cotidianamente lazos de cohesión. En ese mismo sentido previsor se inscribió una reforma al Código Penal Federal practicada en las postrimerías del gobierno de Díaz Ordaz y que ratificó el Congreso el 26 de abril pasado, ya por finalizar el periodo de sesiones ordinarias de las Cámaras.A partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha diseñado una estrategia general contra el terrorismo y demandado de la comunidad mundial que lo haga también. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho eco de esa exigencia y solicita a los gobiernos que la integran que adopten y reporten medidas en esa dirección. Con ese motivo, se reformó la legislación penal mexicana para incluir el delito de terrorismo internacional. Era innecesario hacerlo, porque el terrorismo, sin apellido, está incluido en el código federal desde 1970, y su tipificación era bastante para enfrentar su nueva condición trasnacional.El nuevo artículo 139, que no ha sido publicado pero no fue vetado pese al reconocimiento de sus impulsores de que puede ser útil a propósitos diferentes del embate antiterrorista, pudo haber sido mejorado evitando la confusión de terrorismo y protesta social. Dice así: "Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación".Las expresiones que pongo en letra cursiva son potencialmente peligrosas no respecto de los terroristas que se hagan acreedores de las sanciones previstas por las espeluznantes conductas descritas, sino de cualquier persona que en expresiones callejeras busque presionar a las autoridades para que tomen alguna determinación. Si se deja al arbitrio judicial determinar qué otros medios son violentos para el logro de ese último propósito, tendríamos multiplicadas sentencias como la que afecta a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez en Atenco. Por lo tanto, hubiera sido preferible eliminar esos supuestos que difieren del propósito central del artículo reformado. Puesto que no niego la necesidad de sancionar a quienes efectivamente utilicen violencia contra acciones gubernamentales, recuerdo que el delito de sedición está tipificado desde hace décadas para evitar que la autoridad del Estado sufra mengua.Por si algo faltara, el miércoles pasado el Diario Oficial publicó el decreto presidencial que crea el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Surgido en el contexto del combate a la delincuencia organizada, la disposición es discutible y su comprensión requiere información adicional sobre, por ejemplo, el papel que a la luz de la nueva corporación le resta a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. Pero en torno de lo que aquí describo, preocupa que se otorgue a una misma corporación facultad para atacar a la delincuencia organizada y para "contrarrestar actos de perturbación a la paz social" (Reforma, 10 de mayo).Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Los nuevos mercenarios ( 3 y última )

José María Pérez Gay/ III y última

Los nuevos mercenarios

El 27 de abril de 1961, la república de Sierra Leona declaró su independencia. Un pequeño país africano frente al Atlántico –71 mil kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes–, las fronteras con Liberia y Guinea son casi inexistentes, los refugiados se cuentan por cientos de miles. Gobiernos miserables y déspotas iluminados han asolado su historia, golpes de Estado y una guerra civil permanente consumaron el saqueo del país. La maldición nacional: Sierra Leona es uno de los primeros productores de diamantes del mundo, piedra imán de toda la codicia internacional.
En marzo de 1995, el presidente Valentin Strasser contrató los servicios de la compañía militar privada Executive Outcomes (EO), para contener la oleada de violencia del Revolutionary United Front (Frente Unido Revolucionario), bajo el mando de Foday Sankoh (RUF), un verdadero sicópata fundador de los ejércitos de niños. Durante los años de la guerra civil, 4 mil niños desaparecieron sólo en la ciudad de Freetown, capital de Sierra Leona. Unos meses después reaparecieron combatiendo en los Small Boys Units (Unidades Militares de Niños Pequeños), niños entre los 7 y los 12 años armados con metralletas AK 47. “Tienen que aprender pronto”, decía Foday Sankoh, “la guerra no respeta edades.” A principios de 1998, el ejército nigeriano entregó a la UNICEF 79 soldados niños –de 7 a 14 años de edad–, raptados por la guerrilla de Sankoh.
Los mercenarios del EO desplazaron a los guerrilleros del RUF, después de feroces combates liberaron la zona de los diamantes, destruyeron sus campamentos y eliminaron un buen número de carros blindados. Un trabajo de eficacia ejemplar. Al poco tiempo, uno más de los muchos golpes militares derrocó al presidente Strasser, luego el caos de la violencia desintegró al país: el exterminio sistemático de etnias diferentes. Cuando los EO abandonaron Sierra Leona, la mayoría de los jóvenes y los soldados pasaron a formar parte del Frente Unido Revolucionario Reformado. Los rebeldes acosaron al ejército nacional, que no tenía salidas de emergencia, y sólo con la ayuda de la ECOMOG –la Coalición Militar de África Occidental– pudo mantener Freetown, la capital, y meses más tarde la misma Coalición (invadió) ocupó todo el país. En los años siguientes y por mandato de la ONU, los ejércitos de la Organización para la Unidad de África (OUA) conquistaron Sierra Leona. Los sucesivos gobiernos llamaron de nuevo a las compañías militares privadas, primero a la EO y, al poco tiempo, se presentó Tim Spicer y su Sandline International. En Sierra Leona nada había cambiado: los masivos asesinatos fratricidas, la devastadora epidemia de sida y la gigantesca miseria.
A principios del año 2000, Foday Sankoh había secuestrado por unas semanas a 500 cascos azules de la ONU y, según documentos encontrados después de su muerte, había robado más de 2 mil diamantes y buscaba desesperado un comprador en Amberes, centro internacional del comercio de piedras preciosas. Sankoh trabajó durante algún tiempo como el jefe de la Comisión de Recursos Mineros. Según cálculos de la ONU, 85 por ciento de la producción de diamantes en Sierra Leona pasa de contrabando por la frontera de Liberia. En abril de 1969, la producción oficial de diamantes de Sierra Leona llegó a ser de 2 millones de quilates. A partir de mayo de 1999, la producción alcanzaba sólo 700 mil. Desde junio de 2003, un frágil armisticio mantiene a las corporaciones militares privadas como garantes de la paz; pero los rebeldes del RUF siguen ocupando la mitad de los campos de diamantes.
Sierra Leona no es una excepción. Peter W. Singer afirma que Ruanda, Liberia y Angola se encuentran en situación semejante. Las compañías militares privadas decidieron siempre en el último momento los conflictos armados a favor de un partido o de un grupo de consorcios internacionales. Algunos países como la República Democrática del Congo, Filipinas, Chechenia o Angola ofrecen la atmósfera propicia a las intervenciones de las compañías militares privadas, que conducen a una escalada del conflicto y se transforman en graves crisis políticas. Las poblaciones han vivido siempre a las orillas de un volcán, la amenaza de exterminio es su pan cotidiano.
En marzo de 2004, un grupo de ex empleados de la compañía militar privada EO intentó dar un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial y fracasó de modo espectacular. Se trataba de expatriar al dictador Obiang Nguema –que contaba con el apoyo de Estados Unidos y de la compañía militar privada MPRI– y llevar a la presidencia al político de oposición Severo Moto, exilado en España. El verdadero motivo del conflicto eran, en realidad, los intereses petroleros de los grandes consorcios, y de los gobiernos que favorecían al grupo de ex empleados de EO, porque la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial se había convertido desde hace algún tiempo en “El Dorado” de la economía petrolera. Los financieros de todo el mundo se dan cita en la ciudad de Malabo, capital de Guinea, a la espera de grandes negocios y ganancias astronómicas en la explotación del petróleo. Todos los conjurados del fallido golpe se encuentran en prisión –cumplen largas condenas–, salvo Mark Thatcher, uno de lo autores financieros de la conspiración, quien se encuentra en libertad gracias a la oportuna intervención de su madre: Margaret Thatcher.
Las compañías militares privadas se han puesto por encima de los tratados de la Convención de Ginebra y han crecido a la sombra de Estados en guerra o poderes que hoy llamamos “fácticos”. Su estrategia indirecta es tan antigua como la de los condotieros, capitanes de las tropas mercenarias en el siglo XV, cuyo origen es la condotta, el contrato entre el capitán de los mercenarios y el gobierno de las ciudades-Estado italianas que los alquilaba. El principal mandamiento de los condotieros: todo arte militar se basa en el engaño. Por esa razón, cuando estamos en condiciones de atacar debemos simular que no lo estamos; cuando nos movilicemos con las tropas, debemos parecer inactivos; cuando nos aproximemos, el enemigo debe pensar que nos encontramos lejos; cuando estemos lejos, debe pensar que nos hallamos muy cerca, ofrecer señuelos para atraer al enemigo, simular desorden para aniquilarlo.

La Jornada, viernes 21 de septiembre del 2007

Los nuevos mercenarios (2)

José María Pérez Gay/ II

Los nuevos mercenarios

En febrero de 1997, Julius Chan, jefe de Gobierno del Estado Independiente de Papúa-Nueva Guinea, admitió que no tenía otra alternativa que contratar a Sandline International para someter a las fuerzas insurgentes. La compañía militar privada debía prestar los siguientes servicios: poner a su disposición unidades de mercenarios con vasta experiencia, capacidad de fuego de largo alcance y grupos selectos de combate que instruyeran a las tropas papúas en tácticas militares y operaciones de inteligencia y espionaje. Sin embargo, una desafortunada indiscreción en el gabinete de Julius Chan dio a conocer el contrato a los medios de comunicación. De modo que Australia se interpuso para defender sus importantes inversiones financieras en Papúa-Nueva Guínea, y el ejército nacional papuense se opuso con toda energía al compromiso con Sandline International. El golpe de Estado de los militares papuenses terminó con el contrato; 48 mercenarios fueron detenidos –ingleses, sudafricanos, italianos, franceses, etíopes, noruegos y filipinos–, sus armas, entre ellas cuatro helicópteros de origen bielorruso, fueron decomisadas; pero cuatro semanas después, por presiones políticas inexplicables, los 48 mercenarios fueron puestos en libertad y expulsados de la isla.
Tim Spicer, dueño de Sandline International, presentó ante los tribunales internacionales una demanda por incumplimiento de contrato y, para sorpresa de muchos jueces, se le dio la razón y ganó el litigio: el nuevo gobierno de Papúa debió pagar los 18 millones de dólares restantes. El escándalo levantó un torbellino en la prensa británica; se hablaba de los nuevos mercenarios patrocinados por gobiernos y consorcios financieros. En su autobiografía, Spicer afirmó que el gobierno británico estaba informado con todo detalle de la Operación Bougainville, la intervención mercenaria en Papúa-Nueva Guínea. A principios de 1998, un nuevo escándalo político sacudió a Inglaterra y casi llevó a Robin Cook, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, a presentar su renuncia irrevocable. A pesar del embargo de armas impuesto por la ONU a Sierra Leona, Tim Spicer y la Sandline transportaron en un Boing 727 de carga 30 toneladas de armas de fuego –de fabricación búlgara– con destino a Freetown, capital de Sierra Leona, país donde la guerra civil se desplegaba con toda furia, un genocidio perpetrado por los señores de la guerra. Spicer había firmado un contrato millonario con el depuesto presidente Ahmad Tejan Kabbah, exilado en Inglaterra para restituir su gobierno.
Tim Spicer fue acusado y se declaró inocente. Por esos días argumentó que no sólo había informado a su gobierno, sino que la política británica era clara y distinta: restablecer el gobierno del presidente Kabbah. Los escándalos no arruinaron los negocios de Spicer, sino, por el contrario, lo acreditaron como “un empresario de una seriedad incuestionable”.
En mayo de 2001 fundó otra compañía militar privada, Trident Maritime, dedicada a la protección de las compañías aseguradoras de navieras; el caso más sonado y espectacular fue su intervención en Sri Lanka. Lloyds of London, la conocida marca de seguros, rehusaba firmar la prima para proteger a la flota mercante de Sri Lanka, porque la guerrilla tamil multiplicaba las condiciones de inseguridad, y la piratería de los Tigers of Tamil Eleam en el océano Índico se había vuelto un verdadero peligro. Los piratas acechaban a las flotas de Sri Lanka, en cualquier momento sucedían los ataques; por ejemplo, en agosto de 1997, el asalto al contenedor Nedlloyd Sao Paolo frente al puerto de Colombo puso en alerta a la compañía de seguros. Seis lanchas se lanzaron al abordaje cuando las alarmas sonaron, los piratas habían saqueado el inmenso contenedor y habían dejado marineros asesinados y heridos.
La compañía Lloyds exigió una sola condición para firmar el contrato: Trident Maritime se haría cargo de la custodia de las flotas mercantes. El gobierno de Sri Lanka debatió durante tres días y al final aceptó las condiciones de Lloyds ante el temor de un colapso inminente del abastecimiento nacional. A partir de ese día, los buques blindados de Trident Maritime escoltaron a las flotas mercantes de Sri Lanka y controlaron la corriente de mercancías por el golfo de Mannar. Al principiar la guerra de Irak, Tim Spicer estrenó y se puso al frente de una nueva compañía militar privada, Aegis Defence Services, quizá la más célebre de sus empresas. Durante la guerra de Irak, las compensaciones netas de Aegis Defence Services sumaron 293 millones de dólares, uno de los contratos más lucrativos de una compañía militar privada.
En Guerreros corporativos: el ascenso de la industria militar privada, Peter W. Singer señala que uno de los rasgos distintivos de los estados democráticos reside en el control de la violencia militar dentro de un marco establecido, y la restricción de su influencia en el mundo de la política y de la sociedad civil. La privatización de la violencia ha llevado, sin embargo, al dominio de las compañías militares privadas, a su reglamentación de modo directo o indirecto de los conflictos bélicos internacionales, imponiendo sus estrategias y tácticas militares. Por lo común estas compañías tienen sus cuarteles generales en los países ricos e industriales de Occidente; pero sus campos de acción y dominio se encuentran en las naciones pobres y hambrientas, que antes se llamaban “tercer mundo”, entidades caóticas e ingobernables que necesitan sólo de un pantano de miseria, corrupción, trafico de influencias, fraudes fiscales y señores de la guerra energúmenos, como en el caso de Sierra Leona, para disponer el arribo de los comandos militares privados al servicio de intereses particulares o estatales. El monopolio de la violencia legítima, como Max Weber definía al Estado, parece haber desaparecido.

La Jornada, jueves 20 de septiembre del 2007