PARTICIPA EN LA INICIATIVA: “NI UN PESO MENOS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS”
El 17 de septiembre Redes Universitarias y consejeros estudiantiles de la UNAM y la UAM Azcapotzalco iniciamos la Campaña Gráfica e Informativa “Ni un Peso Menos a las Universidades Públicas”, cuyo objetivo es realizar carteles, stickers, pulseras con esa leyenda para pegar en todas las universidades y calles del país.
Invitamos a los estudiantes, artistas plásticos, caricaturistas, graffiteros a contribuir con sus diseños a esta campaña por la universidad pública, la ciencia y la cultura.
Asimismo, invitamos a los universitarios de todo el país a formar brigadas en sus escuelas para organizar charlas, pegar periódicos murales y carteles que rompan el cerco informativo.
Informes e Inscripciones:
http://redesuniversitarias.blogia.com
redesuniversitarias@gmail.com
R E S O L U T I V O S
2º Encuentro en Defensa de La Universidad Pública
Reproducimos los Resolutivos del 2o Encuentro en contra del recorte al presupuesto de las Universidades Públicas
Participamos decenas de estudiantes de la UNAM, UAM, IPN, UACM, UPN, de Ecatepec, consejeros estudiantiles de Economía y ENTS, becarios del CONACYT y muchos colectivos.
En el Encuentro nos acompañaron Rafael Barajas "El Fisgón" y el Dr. Hugo Casanova Cardiel.
Entre los puntos acordados destacan:
A) Impulsar la iniciativa visual “Ni un peso menos a las Universidades Públicas”, que arrancaría el 17 de Septiembre que consistiría en
♦ El diseño de carteles y stickers (los compañeros de la ENAP nos mandaron un diseño) para pegar en todas las escuelas y enviarlo por la red. Invitar a los diseñadores, artistas plásticos, a los caricaturistas de La Jornada a contribuir en esta iniciativa.
♦ Elaborar una pulsera, un botón o algo que la comunidad pueda mostrar como forma de protesta
B) Elaborar una carta que sea firmada por académicos, investigadores, estudiantes rechazando el recorte al presupuesto y solicitando un incremento
C) Hay una invitación de Mario Di Constanzo para darnos una charla sobre “El Presupuesto de Egresos e Ingresos 2010 y la Universidad Pública”, está por confirmarse la fecha pero, sería en la Cámara de Diputados.
D) Preparar una Jornada Cultural (Con charlas en todas las escuelas y universidades del país donde sea posible, una Brigada Cultural del 21 al 25 de Marzo)
E) Difundir la movilización de becarios del CONACYT del 23 de septiembre
F) Participar el 2 de octubre en la marcha conmemorativa con la consigna Ni un Peso menos a las Universidades Públicas y contra el recorte a las becas del CONACYT
ATENTAMENTE
REDES UNIVERSITARIAS
Estudiantes de la UNAM, UAM, IPN, UACM)
Informes: http://redesuniversitarias.blogia.com redesuniversitarias@gmail.com
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jueves, 17 de septiembre de 2009
viernes, 16 de mayo de 2008
Educación: alianzas reales y cosméticas
Editorial
Educación: alianzas reales y cosméticas
Ayer, con motivo del Día del Maestro, mientras en Palacio Nacional el grupo gobernante presentaba su Alianza para la Calidad Educativa, en las calles decenas de miles de mentores manifestaban su rechazo al manejo gubernamental de la enseñanza y a la persistencia del charrismo corrupto que controla la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Entre nuevos encontronazos con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y más ensayos por encubrirlos, la máxima lideresa del aparato sindical, Elba Esther Gordillo Morales, llegó al extremo demagógico de lanzarse contra los “privilegios” burocráticos y las “corruptelas” sindicales, como si su longevo liderazgo no fuera la expresión y la consecuencia más claras de unos y de otras. El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, por su parte, instó a la modernización de las escuelas, la elevación de la calidad y el desempeño de los maestros, la otorgación de becas a educandos de escasos recursos y la reforma del plan de estudios de primaria, en lo que sonó a repetición ritual de buenos propósitos sexenales, aislados de las condiciones reales del país y de la política económica en curso. Las promesas de la Alianza para la Calidad Educativa, como la rehabilitación de casi 30 mil planteles y el equipamiento de centenares de miles de aulas con conexión a Internet, parecen una reiteración de las promesas características de los candidatos en campaña y, peor aún, remiten en forma inevitable a los grandilocuentes objetivos enunciados por el foxismo –Enciclomedia y pizarrón digital– que terminaron disolviéndose en un mar de corrupción.
Ante esas expresiones y el planteamiento –en principio correcto– formulado por Vázquez Mota en el sentido de establecer una política educativa de Estado, se erige el obstáculo infranqueable de un manejo del poder público que, desde hace tres sexenios, privilegia, también en el terreno de la educación, lo privado sobre lo público, que se empeña en llevar al Estado no a la delgadez, sino a la anorexia –y un ejemplo inequívoco es el afán de transferir a particulares los filones más redituables de la industria petrolera– y que, con el propósito de conservar el poder, recurre a alianzas menos presentables, pero tal vez más reales, que la anunciada ayer. No puede soslayarse, en efecto, el pacto establecido por el entonces candidato Felipe Calderón con Gordillo Morales para que ésta actuase como su principal operadora electoral durante los cuestionados comicios del año antepasado. Tampoco se requiere de mucha suspicacia para percibir, en las entregas de sumas multimillonarias a la cúpula sindical por parte de la administración calderonista, y en la propia perpetuación indefinida de la lideresa, las contraprestaciones a los favores electorales.
Sería ingenuo entender el sostenido deterioro que ha sufrido el sistema educativo del país a lo largo del ciclo neoliberal como mera consecuencia de las sucesivas crisis económicas o como producto de un asombroso y prolongado descuido gubernamental. Los elementos de juicio disponibles apuntan, en cambio, a que esa devastación obedece a una estrategia deliberada que no sólo apunta a crear oportunidades de negocio a particulares en el campo de la enseñanza sino también a devaluar la mano de obra nacional –privándola, entre otras cosas, de educación y capacitación adecuadas–, en la lógica de atraer inversiones extranjeras.
El hecho es que los sucesivos gobiernos neoliberales –desde el de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón– han acatado con puntualidad los dictados de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero han hecho caso omiso de la recomendación formulada en 1979 por una reunión de ministros de Educación convocada por la UNESCO en esta capital (y conocida como Declaración de México) a los gobiernos representados de que dedicaran 7 u 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la acción educativa. Como lo hizo con muchos otros indicadores, el gobierno de Vicente Fox trampeó los criterios de medición para jactarse de que se había acercado a esa meta: incluyó en el monto total de la inversión educativa la que procedía del sector privado. Significativamente, nuestro país destina únicamente 2 por ciento del PIB a la educación.
La factibilidad de un verdadero rescate de la educación pública en el país depende, a fin de cuentas, de una reorientación general de las prioridades por parte del gobierno federal y de las administraciones estatales, de un robustecimiento de las finanzas públicas –algo incompatible con la privatización parcial de la industria petrolera propuesta por esta administración–, de la implantación de una verdadera austeridad en las altas esferas del poder, de un combate a fondo a la corrupción, del fin de la alianza –política y electoral, no educativa– que existe entre el Ejecutivo federal y la dirigencia charra del magisterio, y de la democratización efectiva del SNTE.
La Jornada
Educación: alianzas reales y cosméticas
Ayer, con motivo del Día del Maestro, mientras en Palacio Nacional el grupo gobernante presentaba su Alianza para la Calidad Educativa, en las calles decenas de miles de mentores manifestaban su rechazo al manejo gubernamental de la enseñanza y a la persistencia del charrismo corrupto que controla la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Entre nuevos encontronazos con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y más ensayos por encubrirlos, la máxima lideresa del aparato sindical, Elba Esther Gordillo Morales, llegó al extremo demagógico de lanzarse contra los “privilegios” burocráticos y las “corruptelas” sindicales, como si su longevo liderazgo no fuera la expresión y la consecuencia más claras de unos y de otras. El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, por su parte, instó a la modernización de las escuelas, la elevación de la calidad y el desempeño de los maestros, la otorgación de becas a educandos de escasos recursos y la reforma del plan de estudios de primaria, en lo que sonó a repetición ritual de buenos propósitos sexenales, aislados de las condiciones reales del país y de la política económica en curso. Las promesas de la Alianza para la Calidad Educativa, como la rehabilitación de casi 30 mil planteles y el equipamiento de centenares de miles de aulas con conexión a Internet, parecen una reiteración de las promesas características de los candidatos en campaña y, peor aún, remiten en forma inevitable a los grandilocuentes objetivos enunciados por el foxismo –Enciclomedia y pizarrón digital– que terminaron disolviéndose en un mar de corrupción.
Ante esas expresiones y el planteamiento –en principio correcto– formulado por Vázquez Mota en el sentido de establecer una política educativa de Estado, se erige el obstáculo infranqueable de un manejo del poder público que, desde hace tres sexenios, privilegia, también en el terreno de la educación, lo privado sobre lo público, que se empeña en llevar al Estado no a la delgadez, sino a la anorexia –y un ejemplo inequívoco es el afán de transferir a particulares los filones más redituables de la industria petrolera– y que, con el propósito de conservar el poder, recurre a alianzas menos presentables, pero tal vez más reales, que la anunciada ayer. No puede soslayarse, en efecto, el pacto establecido por el entonces candidato Felipe Calderón con Gordillo Morales para que ésta actuase como su principal operadora electoral durante los cuestionados comicios del año antepasado. Tampoco se requiere de mucha suspicacia para percibir, en las entregas de sumas multimillonarias a la cúpula sindical por parte de la administración calderonista, y en la propia perpetuación indefinida de la lideresa, las contraprestaciones a los favores electorales.
Sería ingenuo entender el sostenido deterioro que ha sufrido el sistema educativo del país a lo largo del ciclo neoliberal como mera consecuencia de las sucesivas crisis económicas o como producto de un asombroso y prolongado descuido gubernamental. Los elementos de juicio disponibles apuntan, en cambio, a que esa devastación obedece a una estrategia deliberada que no sólo apunta a crear oportunidades de negocio a particulares en el campo de la enseñanza sino también a devaluar la mano de obra nacional –privándola, entre otras cosas, de educación y capacitación adecuadas–, en la lógica de atraer inversiones extranjeras.
El hecho es que los sucesivos gobiernos neoliberales –desde el de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón– han acatado con puntualidad los dictados de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero han hecho caso omiso de la recomendación formulada en 1979 por una reunión de ministros de Educación convocada por la UNESCO en esta capital (y conocida como Declaración de México) a los gobiernos representados de que dedicaran 7 u 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la acción educativa. Como lo hizo con muchos otros indicadores, el gobierno de Vicente Fox trampeó los criterios de medición para jactarse de que se había acercado a esa meta: incluyó en el monto total de la inversión educativa la que procedía del sector privado. Significativamente, nuestro país destina únicamente 2 por ciento del PIB a la educación.
La factibilidad de un verdadero rescate de la educación pública en el país depende, a fin de cuentas, de una reorientación general de las prioridades por parte del gobierno federal y de las administraciones estatales, de un robustecimiento de las finanzas públicas –algo incompatible con la privatización parcial de la industria petrolera propuesta por esta administración–, de la implantación de una verdadera austeridad en las altas esferas del poder, de un combate a fondo a la corrupción, del fin de la alianza –política y electoral, no educativa– que existe entre el Ejecutivo federal y la dirigencia charra del magisterio, y de la democratización efectiva del SNTE.
La Jornada
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