lunes, 30 de septiembre de 2013

Desde Tetela inician creación de un Frente Nacional contra las Mineras


Javier Puga Martínez

La asociación Tetela hacia el futuro, que se opone a la instalación de una mina de oro propiedad del multimillonario Carlos Slim en este municipio de la Sierra Norte de Puebla, comenzó la Campaña de los Pueblos y Organizaciones contra la Megaminería Tóxica que será en todo el país.

Este movimiento también está convocando a la creación de una nueva ley minera, que impida el daño a pueblos, comunidades y a recursos naturales por la práctica de la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias como cianuro y mercurio que son altamente tóxicos.

La organización poblana está aliada en esta campaña con el Movimiento Morelense en contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos; con La Asamblea Veracruzana y Defensa Ambiental; el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier Pro San Luis Ecológico; con las Colonias Unidas de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán; Copuvo, de San José del Progreso, Oaxaca; Medio Ambiente y Sociedad, de Baja California Sur; la asociación Fundar; el Colectivo Radar; la asociación Concausa, así como la organización Sergio E. Uribe Sierra de Zacatecas.

Tetela Hacia el Futuro señaló que el desmedido crecimiento de la industria minera en México está generando graves problemas ambientales y sociales, cuya solución no puede esperar más; subrayó que son incuantificables los cuerpos de agua están contaminados, y lo mismo sucede con las comunidades que están enfrentadas o destruidas por esta actividad industrial.

Para el presidente de la agrupación poblana, Germán Romero González, más grave aún son los asesinatos de defensores de la tierra y el agua; las amenazas a quienes forman parte de los diversos movimientos ambientales son una constante a lo largo del país, abundó.

Por ello, indicó, es necesaria una nueva ley minera y los pueblos de los estados que están siendo perjudicados por esta actividad son quienes promueven un marco reglamentario que no atente contra la convivencia social y la destrucción social, como lo favorece la actual ley.

La propuesta de las comunidades señala que son estas las que tienen la decisión sobre los proyectos mineros.

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