• Antes de concretar el compromiso de encontrar a los desaparecidos, se debe escuchar el testimonio de las víctimas
Gustavo Ogarrio.- Una de las grandes resistencias sociales que se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón fue la de la memoria, una política contra el olvido y contra la impunidad gubernamental; la pugna por el reconocimiento de las miles de víctimas de la supuesta guerra contra el crimen organizado y de la responsabilidad del Estado en este ciclo de violencia deshumanizada. Sin embargo, todavía no está resuelto el problema de las circunstancias históricas en las que tuvieron lugar las miles de muertes y desapariciones en los últimos años.
Todavía no se tiene un cuadro completo de las condiciones del homicidio contemporáneo, mucho menos existe una lista amplia y confiable de desaparecidos, el mismo gobierno federal se encargó de obstaculizar cualquier registro de víctimas y, en casos extremos, se ha ocultado información o se carece de condiciones básicas para establecer este registro. Además, la narrativa de la memoria de las víctimas, el reconocimiento básico de la experiencia del horror, ha sido doblemente invisibilizada: ha sido negada como posibilidad jurídica de una verdad y borrada de la narrativa cotidiana de los grandes corporativos de la comunicación, especialmente de las dos televisoras de mayor alcance entre la población, Televisa y TV Azteca.
Los grandes medios de comunicación se comportan como el correlato de los verdugos: trabajan sobre el olvido, sobre la ampliación de los efectos de la desaparición; melodramatizan las historias de los desaparecidos y de las víctimas, al tiempo que sistemáticamente les borran de sus agendas informativas y políticas, por no decir que jamás lo relacionan con las responsabilidades directas del Estado con la sociedad. Mucho menos se ven a ellos mismo como parte de esa lógica de la impunidad que padecen y viven las víctimas, cotidianamente, como olvido.
En los últimos días se ha abierto un intenso debate sobre la fundamentación jurídica y la viabilidad de una Ley General de Víctimas. Felipe Calderón no promulgó esta ley que él mismo ordenó que se hiciera. Tampoco fue capaz de hacer consciente su propio impulso de destrucción y de criminalización de la sociedad, ese ámbito en el que las víctimas dejan de ser tales porque todos los ciudadanos pasamos al terreno indómito de la sospecha. El 2 de febrero de 2010, Calderón declaraba, ante la matanza en Ciudad Juárez de 16 adolescentes y dos adultos en una fiesta: “Probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”. La última escala del horror, después de la muerte violenta, es la negación de la condición misma de víctima.
A su favor, se dice que esta Ley General de Víctimas que acaba de promulgar Enrique Peña Nieto es un avance en el reconocimiento de derechos básicos de las víctimas, como ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, y hasta “reparación integral” del daño; en fin, que significa el reconocimiento por parte del Estado de la violencia sistemática contra la sociedad mexicana y de la violación de sus Derechos Humanos en este ciclo de guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, también se dice que esta ley es insuficiente, en primer lugar, porque presenta dificultades institucionales y presupuestales fundamentales para su aplicación; y también porque en México existe un abismo entre el orden legal y el país real.
Además, con toda la importancia que tiene este debate, es posible afirmar que esta ley se inscribe todavía en la dimensión jurídica de un problema mayor: la estructura profunda que da sentido en México a la violencia actual. Ni siquiera contamos con una simple comprensión generalizada de lo acontecido en los últimos años. Esta falta de diagnóstico, torcido hasta sus últimas consecuencias por Felipe Calderón en 2006, fue el fundamento para iniciar una guerra absurda y feroz contra el crimen organizado que se transformó en una agresión sistemática contra la sociedad. Todavía no se discute suficientemente el alcance ético y político de este ciclo de violencia, mucho menos se reconocen los testimonios de las víctimas como la puerta de entrada a un nuevo ciclo de memoria comprensiva y explicativa de lo que ocurre en todo el país en términos de violencia.
Todavía hay mucho horror por relatar y sus efectos apenas están siendo metabolizados por a la sociedad. La estructura de la violencia en México sigue intacta. Todavía no sabemos la manera en que el gobierno de la restauración desmontará el paradigma de guerra contra el crimen organizado literalmente montado por Felipe Calderón. Es más: no sabemos si su objetivo será desmontarlo y hacer un uso político y funcional de la herencia de este horror.
La promulgación de la Ley General de Víctimas no es ninguna prueba de que se haya desterrado una visión belicista en la configuración actual del Estado mexicano. El daño y la memoria de las víctimas exceden el pragmatismo con el que la clase política quiere responder a este problema.
Antes del compromiso demagógico, que ha hecho el gobierno federal, de encontrar a todos los desaparecidos, se tendrá que escuchar toda la verdad silenciada en los testimonios de las víctimas, en los que late la no coincidencia entre realidad y verdad, entre impunidad y derecho, entre muerte violenta y justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario