RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA
La sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla no se ha cumplido en sus 11 puntos.
El acto de reconocimiento de la desaparición y el desarrollo, se convirtió en una nueva agresión a la familia Radilla Martínez y a la memoria de don Rosendo.
La ceremonia celebrada en Atoyac fue un acto apresurado, con la presencia de un encargado de despecho de la Secretaría de Gobernación, quien permaneció en la encomienda sólo por unos días.
En un primer momento, el fallecido secretario Blake despreció la ceremonia, cancelando su participación en el acto de reconocimiento del estudio mexicano a la responsabilidad en la desaparición de don Rosendo, desaparecido en 1974.
El presidente Felipe Calderón debe de encabezar la disculpa pública, sin regateos de ninguna índole, que reponga el acto unilateral del 17 de noviembre del presente.
No existe la voluntad de cumplir cabalmente los 11 puntos de la sentencia de la Corte, que señalan la prioridad de dar con el paradero de don Rosendo, reparar el daño y castigar a los culpables.
Los resolutivos de la Corte deben de cumplirse a pesar de la desconfianza que existe en los familiares afectados, no se trata de solo cubrir apariencias y formalidades.
El encargado de la encomienda de pedir la disculpa pública fue un funcionario menor que sustituyó a Francisco Blake Mora, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, y el gobernador Ángel Aguirre, que se enfrascaron en un discurso, que intento de pedir disculpas, pero no pedir perdón a los agraviados y sus familias, como lo marca la sentencia.
Desde el momento de la sentencia de la Corte, la familia Radilla ha padecido un sinnúmero de agravios, en su lucha por recuperar a su padre ausente, el último es el no tomar en cuenta a la familia Radilla en la organización del fallido evento.
Ante la insensibilidad gubernamental, es cada momento más distante, las modificaciones verdaderas al Código de Justicia Militar para evitar la impunidad en la guerra sucia, permitido por el fuero militar.
En los próximos días se interpondrá un amparo contra la Secretaria de Gobernación y Relaciones Exteriores por la omisión de las autoridades en el respeto a las garantías de la familia Radilla.
Dentro de los 11 puntos de la sentencia marca la reparación del daño, con una indemnización económica, el estado mexicano intenta presionar a la familia agraviada, iniciar un proceso judicial, con el cual deben de notificar que el señor Rosendo Radilla se encuentra desaparecido o muerto para posteriormente iniciar un juicio sucesorio, proceso que puede tardar hasta tres años, requisito burocrático para entregar la indemnización económica.
El estado mexicano está muy lejos de reconocer a las víctimas de la guerra sucia, parte fundamental para iniciar un proceso de reconciliación y reconstrucción del tejido social en Guerrero.
En este mes Tita Radilla recibió 2 premios en Derechos Humanos, el primero otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “Ponciano Arriaga Leija 2011”, en la categoría de lucha y defensa, destacando “la incansable lucha por la justicia y la igualdad” que emprendió Tita desde hace ya 37 años en la búsqueda amorosa de su padre.
La defensa y promoción de los derechos humanos en Guerrero es un acto heroico, los defensores de Derechos Humanos son objeto de agresiones, hostigamientos y amenazas.
Las Brigadas Internacionales de Paz con sede en Londres entregaron un reconocimiento por la defensa de los Derechos Humanos, acto celebrado en uno de los más prestigiado colegios de abogados de Inglaterra.
Gracias a la lucha de Tita Radilla hay un reconocimiento internacional de la existencia de la guerra sucia, de sus costos sociales y humanos al dar una respuesta organizada a las violaciones de los derechos humanos, cometidos por corporaciones policiacas, militares y paramilitares.
A 37 años de distancia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, es un referente en el sistema jurídico nacional, que logro la sentencia en el aspecto de acotar el fuero militar en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Los militares que cometieran abusos deberán de ser juzgados por el fuero civil, como lo marca el derecho internacional humanitario.
No hay de otra Felipe Calderón debe de pedir perdón por la guerra sucia de los 70’s y por los desaparecidos del ayer y del ahora…
Fuente: La Jornada de Guerrero
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