Arturo Huerta González
En su reporte semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señala que “un nacionalismo mal entendido ha impedido la participación del capital privado en infraestructura que permita el desarrollo del país”. Expresa que “para lograr crecer a tasas por arriba de 5 por ciento anual son necesarios niveles de inversión superiores a 25 por ciento del PIB de manera sostenida, pero en los últimos 30 años en México no ha logrado esa situación”. Cabe decirles que cuando la inversión era de 25 por ciento del PIB era cuando el gobierno federal comandaba la rectoría de la actividad económica. En cambio, el proceso de privatización creciente y menor participación del estado en la actividad económica que empezó hace 30 años ha llevado a reducir la participación de la inversión en el PIB (18.8 por ciento promedio anual), y ha configurado menor dinámica económica (de 2.4 por ciento promedio anual). Ello evidencia que la mayor participación del sector privado en la economía no se ha traducido en mayor inversión productiva ni en mayor dinámica económica, ni mucho menos en mayor bienestar de la población. La participación creciente del sector privado en la economía, que las políticas neoliberales han impulsado, se ha dado en el control de los sectores estratégicos de alta rentabilidad (telecomunicaciones, banca, sector energético, minero, en infraestructura), donde ellos han pasado a invertir y el gobierno ha dejado de hacerlo. Sólo ha sido cambio patrimonial y apropiación de la riqueza nacional por parte de la cúpula empresarial, sin que ello se haya traducido en mayor inversión y capacidad productiva que haya potenciado la dinámica económica y la generación de empleo.
Ya tenemos 30 años de procesos crecientes de privatización y extranjerización de la economía, y ésta está ahora más subdesarrollada de lo que estaba a inicios de los años ochenta. Tenemos menos empresas públicas, menos industria, menos agricultura, menos empleo productivo, mayor desempleo y subempleo, mayor número de pobres y mayor delincuencia y violencia, evidenciando que la privatización creciente no ha sido benéfica para el país, sólo para aquellos que se han apropiado de las telecomunicaciones, de las televisoras, de la banca, del sector financiero, de la minería; los que están invirtiendo en Pemex, en la industria eléctrica, en infraestructura, así como en el sector educación y de salud, como resultado de la reducción de la participación del estado en la economía.
El CEESP señala que “para lograr un incremento importante en la inversión pública se requiere una considerable cantidad de recursos que el sector público no tiene, por lo que es indispensable plantear alternativas. De ahí que hablan a favor de la Ley de Asociación Pública Privada en la prestación de servicios públicos, ya que ello representa una modalidad de financiamiento para acelerar el desarrollo del país. Afirman que la participación del sector privado en proyectos públicos permitiría a las autoridades liberar una cantidad importante de recursos para fortalecer sus programas sociales. Cabe afirmar que un gobierno soberano que tenga el control de su moneda y no se comprometa a su convertibilidad a una paridad nominal fija no tiene límites financieros. Puede comprar todo aquello que se venda en su moneda. No requiere asociación alguna con el sector privado para invertir en la prestación de servicios públicos, sea en la industria petrolera, eléctrica, en infraestructura, en agua, en educación, en salud, y demás servicios públicos. Todo ello es altamente productivo, y la inversión en éstos no genera presiones inflacionarias. Si el gobierno ha dejado de invertir en tales sectores ha sido por decisión política, para impulsar la participación del sector privado en la economía y que éste lucre e incremente su tamaño a costa de reducir la participación y el tamaño del gobierno en la economía, con la consecuencia de la desatención de las demandas de la mayoría de la población. De ahí las altas tasas de desempleo y la mayor miseria que aqueja al país, en un contexto donde el poder económico y político de los grandes monopolios se ve incrementado, usufructuando la riqueza nacional y dominando las decisiones del Ejecutivo y Legislativo a su favor, y no de las grandes mayorías, evidencia de que no hay un régimen democrático en el país, sino a favor de los dueños del dinero.
No se pueden seguir instrumentando políticas y reformas estructurales que no han resultado cierto. Que no alcanzan los objetivos de eficiencia y crecimiento, que supuestamente buscan. Las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase, y las que han venido predominando actúan a favor de los grandes grupos de poder económico, nacional e internacional. De no frenar el poder de los monopolios, y del capital financiero, no hay viabilidad de elaborar políticas económicas a favor de las demandas de empleo y bienestar de las grandes mayorías.
El papel fundamental del estado es maximizar el empleo y el bienestar de su población, y ello demanda un tamaño significativo de gobierno para cumplir dicho objetivo, así como subordinar al sector privado a tal objetivo, y desgraciadamente ello no está en el debate nacional. El sector privado se pronuncia y utiliza todos los medios de comunicación para generar conciencia por mayores reformas estructurales que conducen a la mayor privatización de la economía y a la menor participación y tamaño del gobierno en ésta, lo que hace que cada vez sea más difícil, atender las demandas nacionales. Hay que decir un “ya basta” a las políticas de privatización y extranjerización de la economía a favor de los ricos, y que no responden a las demandas de empleo bien remunerado y de bienestar que demandan las grandes mayorías.
Fuente: La Jornada de Oriente
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