sábado, 28 de agosto de 2010

El Estado mexicano ha omitido brindar una efectiva y adecuada protección a las personas migrantes ante la sistemática ola de violencia en su contra

Difusión Cencos México D.F., 26 de agosto de 2010

Pronunciamiento
Sin Fronteras

Sin Fronteras repudia el asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas y exige una investigación profunda y expedita que llegue a consignar a los responsables.

Llamamos al Estado Mexicano a diseñar una verdadera política de Estado en materia migratoria integral, que no se agote en una gestión de flujos migratorios sino que tenga como centro los derechos humanos de las personas migrantes.

La información que se hizo pública el día 25 de agosto de este año por diversos medios de comunicación, en relación al asesinato de 72 personas migrantes originarios de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, en el municipio de San Fernando Tamaulipas, expone la falta de compromiso del Estado mexicano para reconocer y terminar con la violencia de que son objeto miles de transmigrantes a lo largo del país, así como para construir una política de Estado en materia migratoria que no acentúe esquemas de seguridad frente a los de desarrollo y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

Sin Fronteras manifiesta su repudio a este tipo de hechos que ponen en relieve, una vez más, la omisión del Estado para garantizar la seguridad e integridad física de las personas migrantes que se encuentran y transitan por su territorio. Además, este suceso refleja que la posición de las autoridades migratorias, no cuenta con una real perspectiva de derechos humanos y no responde a la realidad que vive el país en materia migratoria, y que, por el contrario permite la criminalización de la población migrante, lo que genera graves violaciones a sus derechos humanos. Esta falta de respuesta de parte de las instituciones del Estado invisibilizan la problemática que sufre este grupo en situación de vulnerabilidad y restringe su acceso a la justicia cuando son víctimas de delitos tales como secuestro, extorsión u homicidios, etc.

No obstante que el Estado Mexicano defiende y preserva el tema de la migración y los derechos humanos en foros internacionales, hasta este momento, las instituciones gubernamentales y funcionarios públicos involucrados en materia migratoria y procuración de justicia, no han demostrado interés ni preocupación que se traduzca en hechos concretos respecto a esta problemática en territorio nacional.

Lamentamos de manera categórica que hechos de esta naturaleza se hayan convertido en un modus operandi de las bandas delictivas y que se conviertan en estampas crudas de descomposición social generalizada, y que advierte una mayor escala de violencia ante ausencia de una estrategia clara y consensada por parte del Gobierno para enfrentarla, impactando con mayor fuerza a la población migrante.

Finalmente, las declaraciones de Antonio Díaz Lara, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, recogidas de los medios de comunicación, respecto las acciones que el Gobierno Mexicano ha desarrollado para prevenir esta situación y afirmando que el INM ha tenido conocimiento de seis o siete casos en los que indocumentados han sido secuestrados por grupos criminales resultan inadmisibles y escandalosas.

El gobierno Federal ha tenido conocimiento de diversos informes por parte de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la migración y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hacen patente los miles de secuestros que se han registrado a lo largo de la ruta migratoria en México.

Ante estos hechos

Sin Fronteras hace un llamado a las tres esferas de Gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinen de manera intergubernamental para:

1. Realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva que de con los responsables de tan lamentables hechos.

2. Combatir de manera urgente el tráfico ilícito de migrantes y todas aquellas actividades criminales asociadas velando siempre por la integridad y seguridad de las víctimas de estos delitos.

3. Desarticular los vínculos existentes entre las redes delincuenciales y las fuerzas policiacas y migratorias, que ocasionan que el secuestro, la extorsión y los abusos de migrantes se cometan con completa impunidad y sin sanción alguna

4. Sin Fronteras llama al Gobierno Federal a cumplir con las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas en el sentido de garantizar los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como de abrir espacios efectivos de diálogo con la sociedad civil.

Comunicado de Prensa
26 de agosto de 2010

Contacto
Paulo S. Martínez
Encargado de Comunicación
55141519 ext.129
Sin Fronteras I.A.P.

Difusión: Soberanía Popular

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