Acotar el poder de los monopolios

Carlos Reyes Romero

crr_44@hotmail.com

Chilpancingo, Guerrero.— Aunque la Constitución General de la República prohíbe expresamente los monopolios, la verdad es que éstos existen desde hace muchos años en la realidad económica del país.

Mucho se alega acerca de si su existencia es moral y económicamente legítima o si perjudican o benefician a la sociedad.

Hay quienes desde la izquierda los repudian y anatemizan por el enorme poder económico que concentran y la perversa influencia que ejercen sobre los poderes públicos, a los cuales terminan poniendo a su servicio.

Desde este horizonte se los hace responsables, y no sin razón, de la aguda polarización social, la depredación de los recursos naturales, la creciente escasez de agua dulce y de la enorme brecha que existe entre los países ricos y las naciones en desarrollo, entre ellas México.

Desde la visión de la derecha más moderna, la de los neoliberales, también se les considera un mal, por cuanto −afirman− los monopolios distorsionan el libre mercado e impiden el libre juego de la oferta y la demanda, lo cual provoca que las innovaciones tecnológicas y productivas –al reducir los costos de producción− no beneficien a los consumidores con la baja del precio de los productos que la sociedad consume.

Unos y otros chocan contra una realidad inevitable: la producción social tiende siempre hacia su concentración y centralización.

Además, tenemos que hacernos cargo de que en el mundo globalizado e interdependiente en que vivimos, ningún país puede intervenir exitosamente en la economía mundial si no promueve a sus propios monopolios, si no alienta a los emprendedores de su país para competir mundialmente mediante grandes consorcios y asociaciones de empresas, que busquen conquistar espacios en las diferentes ramas de la economía mundial y sobre todo que actúen conjuntamente con su estado nacional para ubicar nichos de oportunidad productiva o tecnológica o de ambas.

No hay de otra. México necesita competir en las nuevas condiciones de la economía mundial con sus propios monopolios y asociaciones de empresas, aunque no a cualquier precio.

Si bien el libre mercado y las políticas públicas que lo permiten, propician la concentración de la producción, el acaparamiento de la riqueza por unos cuantos y el empobrecimiento sucesivo de las mayorías, estos procesos se pueden revertir cuando los gobiernos aplican políticas públicas deliberadas, congruentes y claramente orientadas a lograr este objetivo.

Decimos esto porque si bien el Estado mexicano, particularmente desde 1982, ha puesto el acento en dar todo tipo de facilidades a los empresarios mexicanos para construir empresas y monopolios sólidos y competitivos, la verdad es que se le ha pasado la mano y ahora son los grandes consorcios −las 422 empresas que consolidan ganancias y no pagan impuestos, pertenecientes la mayoría de ellas a 16 grandes empresarios− las que tienen el control del país.

Se han convertido en los Dueños de México, son los que realmente mandan y el gobierno y los partidos políticos mayoritarios se han puesto a su servicio, sino pregúntele a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox y a Carlos Navarrete, quienes llevan la batuta en la coordinación de las fuerzas políticas mayoritarias con estos señores.

Hay que poner freno a los monopolios y acotar su poder antes de que la República, el federalismo y los valores democráticos pierdan viabilidad en México.

De entrada es necesario que paguen impuestos las empresas que consolidan fiscalmente. Los recursos para el financiamiento del desarrollo nacional deben ser devueltos al Estado mexicano para que formen parte del gasto público y se asignen y administren en beneficio de la nación y no de unos cuantos.

Los grandes empresarios demandan que el gobierno invierta cuando menos el 25% del producto interno bruto en infraestructura para el desarrollo. ¿De dónde mí querido Watson, si los monopolios se llevan ganancias superiores al 50% de la riqueza generada cada año por el país?

También habría que legislar para que las empresas mineras, sobre todo las más grandes, paguen las “Regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras” previstas en el numeral 13 del rubro VI Aprovechamientos de la Ley de Ingresos de la Federación, estableciendo un gravamen idóneo para México sobre los minerales que extraen.

No es posible que sigamos dilapidando los recursos mineros no renovables −sobre todo el oro, la plata y el cobre− sin que el país obtenga prácticamente ningún beneficio, más allá de los raquíticos salarios que, por decisión y bajo el estricto control gubernamental, se pagan en México.

Alguien del gobierno federal y de los gobiernos de los estados donde están asentadas las trasnacionales mineras, deben estarse beneficiando de esta antipatriótica situación. ¿O Usted qué creé?

Por otra parte, los grandes monopolios deben pagar en México salarios iguales a los que se pagan en los otros dos países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No es posible que si con el TLCAN se han “alineado los precios” −lo cual significa que los bienes y servicios ya cuestan prácticamente lo mismo en los tres países− en México se sigan pagando salarios 10 veces inferiores a los que se pagan en Estados Unidos y Canadá.

Por esta vía los monopolios están obteniendo en México un margen adicional de ganancias muy importante. Éste es el mayor impuesto que pagamos los mexicanos y se lo quedan los monopolios, por supuesto con la complacencia del gobierno.

Al gobierno federal no le cae el veinte de que si en México se pagaran salarios iguales a los que se pagan en Estados Unidos y Canadá, se recaudarían más impuestos y se podría invertir más en financiar el desarrollo del país; además de que se ensancharía el mercado interno, lo que tanta falta nos hace.

Hasta en eso nuestros gobernantes actúan con miopía política y vergonzosa genuflexión ante el extranjero.

Un ejemplo: los rangos de las tarifas tributarias en México y en Estados Unidos son exactamente iguales. La diferencia es que aquí se cobran en pesos y allá en dólares.

También hay que legislar para proteger a los consumidores del poder y los abusos de los monopolios.

En México los monopolios están obteniendo en ventas, un margen de ganancias muchísimo mayor que el que obtienen en sus países las empresas estadunidenses y canadienses. Para lograrlo manipulan a su antojo los precios de los bienes y servicios y regatean o de plano hacen nulo el cumplimiento de las garantías y condiciones de compra.

Todo ello a ciencia, paciencia y falta de autoridad de quienes nos mal gobiernan y con el consiguiente enojo e impotencia de los consumidores.

El hartazgo de la ciudadanía ante el cúmulo de vejaciones de los monopolios está adquiriendo niveles de explosividad social muy riesgosos, por lo que las fuerzas políticas predominantes en los poderes públicos debieran prestarle atención antes de que la olla explote.

Después, que no digan que no sabían…

Fuente: Forum

Difusión: Soberanía Popular