México D.F., 28 de abril de 2010 (ARTICLE 19/Cencos).-El pasado 27 de abril una caravana humanitaria integrada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y observadores internacionales fue emboscada y atacada por un grupo armado cuando se dirigía a San Juan Copala, en la Región de la Mixteca, estado de Oaxaca (sur del país). Hasta el momento se ha confirmado la muerte de dos personas defensoras de derechos humanos; y permanecen desaparecidos dos periodistas y dos defensores más.
La caravana, conformada por cuatro vehículos, fue atacada en el lugar llamado La Sabana alrededor de las 14:30hrs y acribillada desde ambos lados de la carretera. De acuerdo con las informaciones de organizaciones y autoridades locales, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y Tyri Antero Jaakkola, observador de origen finlandés. Mónica Citlali Santiago fue herida en el asalto con heridas de bala recibidas en la espalda.
Entre los desaparecidos se encontrarían Erika Ramírez y David Cilia García, periodistas de la revista Contralínea; y David Venegas y Noé Bautista, interantes de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL). De acuerdo con las fuentes consultadas de Contralínea, la última vez que Erika y David establecieron contacto con ellos fue el día 27 alrededor de las 11:00 de la mañana.
La misión estaba compuesta por integrantes de: VOCAL, CACTUS, la Red de Radios y Comunicadores del Sureste Mexicano, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); representantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y delegados de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); y un grupo de observadores internacionales de Italia, Finlandia y Bélgica. Además, varios periodistas acompañaban a la delegación.
Fuentes locales confirmaron a ARTICLE 19 y Cencos que una de las principales preocupaciones fue que no había acceso ni salida de la zona. Las personas lesionadas no pudieron ser evacuadas rápidamente. Durante el día se emitieron diversos reportes mencionando un número considerable de personas desaparecidas. El gobierno del estado organizó un operativo para llegar a la zona y atender a las personas heridas pero este no se llevó a cabo hasta la mañana del día 28 de abril.
La región, donde la etnia triqui es mayoritaria, vive desde hace varios años una escalada de violencia con enfrentamientos y ataques armados entre diversos grupos y organizaciones. Esto se ha dado sin que haya un esclarecimiento de los hechos por parte de las instancias de justicia. El Gobierno del estado de Oaxaca ha emitido un comunicado lamentando los hechos pero desentendiéndose de los mismos. Además, existen denuncias diversas que destacan la existencia y operación de grupos paramilitares en la región.
Cabe resaltar que en esta misma zona, el 7 de abril de 2008, fueron asesinadas las comunicadoras Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, ambas pertenecientes a la radio indígena comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio” de San Juan Copala. Ambos casos permanecen en total impunidad.
ARTICLE 19 y Cencos expresan su solidaridad con las familias y colegas de las víctimas.
ARTICLE 19 y Cencos expresan su profunda preocupación por el escalamiento y proliferación de ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, especialmente ante el evidente patrón de violencia en el estado de Oaxaca.
ARTICLE 19 y Cencos exigen a las autoridades locales y federales adopten medidas contundentes para dar con el paradero de Erika Ramírez, David Cilia, David Venegas y Noé Bautista, acorde con la urgencia que demanda este tipo de casos.
ARTICLE 19 y Cencos exigen que se investiguen de manera efectiva los hechos para que los responsables sean castigados. El Gobierno del estado de Oaxaca y, en especial, la Procuraduría General de Justicia del Estado, debe dar celeridad a las acciones encaminadas a encontrar a los desaparecidos y a investigar los hechos. Los responsables deben de ser juzgados y castigados. Asimismo, las instancias federales están obligadas a coadyuvar en los esfuerzos emprendidos por las autoridades locales. De manera particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe proporcionar medidas de protección a los miembros de las organizaciones de quienes han sido atacados.
Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
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