El IPEJ habría destinado $823 mil para cada hectárea; ellos recibieron $150 mil
Quienes no han vendido aseguran estar siendo presionados por el director de proyectos de Rasaland
JUAN CARLOS G. PARTIDA (Enviado)
José María Morelos, Tomatlán, 4 de febrero.- Ejidatarios de José María Morelos, en el municipio de Tomatlán, muestran una inconformidad creciente por el ínfimo precio a que les han sido compradas sus tierras colindantes con las playas de Chalacatepec, donde el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJ) y la firma internacional Rasaland (RSL) están por iniciar la construcción de un desarrollo turístico para clientes de alto nivel económico. Otros, los que no han querido vender, se dicen presionados por el director de proyectos de Rasaland, Ricardo Santa Cruz Mahoney, que insiste en adquirir los predios.
A la par de anunciar que iniciarán un proceso legal en busca de tener participación o una compensación por el proyecto inmobiliario, los ejidatarios se dicen engañados por la adquisición de tierras a un precio que osciló entre 150 mil y 250 mil pesos por hectárea, de acuerdo a documentos en poder de La Jornada Jalisco, cuando el presidente del IPEJ, Óscar García Manzano, señaló que se usaron 76 millones de dólares del fondo de retiro de los burócratas estatales para adquirir los predios, mil 200 hectáreas, extensión que de haber sido comprada de forma directa por el organismo estatal habría significado pagos a los ejidatarios de 823 mil pesos por hectárea.
“Nos están presionando a vender a un precio que no nos conviene. La tierra nos la dejó mi papá, la trabajamos, y el precio no nos conviene. Ahorita nos ofrecen 250 mil pesos por hectárea, hace un año estaba a 150 mil. Ahora nos dice que él ya no nos va a buscar a nosotros para que le vendamos, que nosotros tenemos que irlo a buscar a él, que no se hace responsable de lo que pase. No sabemos a qué se refiere, pero está presionando”, dijo uno de los ejidatarios que pidió omitir su nombre y aún no ha querido vender sus predios a Ignacio Moreno Martínez, ayudante de Santa Cruz Mahoney, quien hace directamente las negociaciones con los lugareños al menos desde el 2007 y al que aquí ya se conoce como el “Cola de Caballo”, por su largo pelo recogido.
Quienes si han aceptado vender, firman un contrato de cesión de derechos posesorios con Ricardo Santa Cruz Mahoney, director de proyectos de RSL y “representante legal de Chalamar S.R.L.C.V.”, con una diferencia a favor de su empresa que varía pero es de al menos 570 mil pesos, de acuerdo a lo que García Manzano declaró fue invertido del fondo pensionario para adquirir los terrenos.
“En el Ejido de José María Morelos, municipio de Tomatlán, Jalisco, a los 11 días de diciembre de 2007, ante los testigos que al final firman, comparecieron por su propio derecho la Sra. María del Refugio Vázquez González y el Sr. Ricardo Santa Cruz Mahoney, con la finalidad de celebrar el presente contrato de cesión de derechos posesorios sobre la parcela que se describe más adelante (…) El promitente cesionario pagará al prominente cedente la cantidad de 150 mil pesos por cada hectárea de superficie”, dice uno de los contratos.
El acuerdo además señala que sería pagado el equivalente al 50 por ciento del total de la contraprestación el 25 de enero del 2008 a la firma del contrato definitivo y la entrega de la posesión física, jurídica y legal de la parcela, mientras que el restante 50 por ciento se pagaría a 18 meses a partir de la fecha anterior, lo que sucedió finalmente de acuerdo a los recibos de depósito en Banamex y Bancomer. Barato y en abonos.
Presión y recuerdos
Los entrevistados coincidieron en que en todos los casos, la negociación tuvo dos factores comunes: el señalamiento de que las tierras ejidales pertenecían “a pequeños propietarios” y que por tanto los ejidatarios eran meros posesionarios por lo que más valdría vender antes de que los sacaran a la fuerza, y el recuerdo velado de lo que ocurrió en agosto de 2007 en el vecino ejido de Campo Acosta, también dentro de Tomatlán, donde los lugareños no quisieron vender para otro desarrollo turístico proyectado, y fueron reprimidos brutalmente por policías estatales, con saldo de 32 ejidatarios detenidos y torturados, de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que el pasado diciembre emitió una recomendación.
“Están negociando porque supuestamente aquí (Chalacatepec) es una pequeña propiedad, y todos están queriendo agarrar dinero porque dice él (el Cola de Caballo) que no se hace responsable de lo que pase si no les vende uno”, dice Elías Sánchez Vázquez, miembro del Comité Directivo del Ejido de José María Morelos. “Pero nunca nos han demostrado que hay un propietario de estas tierras, que por decreto presidencial, no podían ser vendidas al ser ejidales”.
La advertencia velada de lo ocurrido en Campo Acosta, es un recuerdo muy reciente para quienes habitan el ejido José María Morelos. El 21 de agosto de 2007, en cumplimiento del mandato del Tribunal Agrario, la Policía Federal Preventiva acudió con apoyo de la Policía Estatal (una fuerza sumada superior a 300 uniformados) a Campo Acosta, en el kilómetro 105 de la carretera federal 200 que corre entre Puerto Vallarta y Melaque.
La justificación fue que unos 200 ejidatarios se oponían a entregar mil 200 hectáreas a la comunidad indígena de Toma-tlán, que a su vez supuestamente había vendido al menos dos terceras partes del predio playero de ese ejido a la empresa Sierra Vallarta.
Aún hoy algunos ejidatarios de Campo Acosta que viven en José María Morelos, recuerdan las “madrizas día y noche” que les aplicaron. Uno de ellos, que también pide el anonimato, estuvo más de un año en la cárcel por obstruir las vías de comunicación.
El decreto
Ante el constante bombardeo de los compradores de que el Ejido José María Morelos tenía varios “pequeños propietarios”, el Comisariado Ejidal solicitó el 12 de junio del año pasado a la Secretaría de la Reforma Agraria la inscripción, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1960, lo que serviría para echar abajo la propiedad de la tierra de cualquier supuesto particular.
En su respuesta, el 26 de junio, foliada con el número 111718, la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural pide al delegado de la SRA en Jalisco, Alejandro Hernández González, que “previa verificación de que el Fallo Presidencial aludido no se encuentre inscrito y no exista impedimento legal alguno, gestione ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Puerto Vallarta, Jalisco, su inscripción respectiva, anexando para ello copia simple del Diario Oficial de fecha 23 de mayo de 1960, en el que aparece publicado dicho Mandato Presidencial”.
Hasta la fecha no ha sucedido algo referente a esta petición, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, ante el beneficio en las negociaciones que realizan los representantes de RSL y el perjuicio de los ejidatarios, que venden su posesión atenazados por el miedo y por obtener supuestas ganancias de un negocio que, en otras aristas, tiene repercusiones sociales y ambientales también contra quienes habitan este lugar en el centro de la costa jalisciense.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular
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