miércoles, 17 de febrero de 2010

Demanda de inconstitucionalidad contra matrimonios gay en el DF, presentó Emilio

Defendemos el derecho a la vida y la dignidad de las personas, argumenta el gobernador
La norma capitalina es contraria a la legislación jalisciense y pudiera tener efectos en el estado, dice

GEORGINA GARCÍA SOLÍS

En “defensa del derecho a la vida y la dignidad de la persona conforme a la Constitución y el estado de derecho en Jalisco”, el mandatario estatal, Emilio González Márquez, anunció que presentó ayer una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación para que declare “la inconstitucionalidad de diversas reformas a la legislación civil del Distrito Federal en materia del matrimonio entre parejas del mismo sexo”.

De esta forma, González Márquez se sumó a las voces que están en contra de los matrimonios gay, aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El mandatario argumentó a través de una misiva que “el Estado de Jalisco considera que dicha norma es contraria a la legislación jalisciense y pudiera tener efecto en el territorio del estado”.

El anuncio se dio un día después de que diferentes organizaciones de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) se manifestaron en la Plaza Guadalajara para reclamar el reconocimiento de los derechos ciudadanos, entre éstos la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

La acción legal del Ejecutivo de entrada busca evitar que jaliscienses del mismo sexo viajen al Distrito Federal y contraigan matrimonio, pues eso obligaría al estado a otorgarles los mismos derechos que al matrimonio reconocido en sus leyes, según se explicó en el comunicado enviado por la Secretaría General de Gobierno.

El gobernador justificó dicha demanda en los valores del matrimonio en Jalisco, pues “es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”.

“Entre los motivos para presentar la controversia, está que desde 1974, conforme a la ley en Jalisco se sostiene que la familia nuclear está formada por el padre, la madre e hijos. También que en la Constitución, al referirse a que un extranjero pueda obtener la nacionalidad mexicana por matrimonio indica que éste es monógamo y heterosexual. “Por otra parte, la unión de personas del mismo sexo responde a un interés particular y el matrimonio es de orden e interés público, ya que busca el sano desarrollo de la familia y el interés superior de los hijos. Aunado a esto, si se hace referencia al principio de igualdad previsto en la Constitución, no se puede tratar igual a dos relaciones de distinta naturaleza, como sucede con el matrimonio y las sociedades de convivencia”.

Además se remarcó que no hay razón objetiva para que se legalicen dichas relaciones, en vista de que ya existe una ley vigente que las regula (Ley de Sociedad de Convivencia) y tampoco se puede alegar discriminación, violencia, prejuicios, exclusión o anulación de las garantías de libertad e igualdad”.

La acción legal de González Márquez en contra del gobierno del Distrito Federal se confrontará con la intención del perredista Raúl Vargas López, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien declaró ayer mismo que promoverá reformas que permitan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.

El Ejecutivo adujo que dicha reforma a la legislación “atenta contra el fin particular del matrimonio que es la procreación de la descendencia de ambos cónyuges; la perpetuación de la especie, pues la relación entre personas del mismo sexo tiene un obstáculo físico insuperable para lograr este fin”.

“La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia, sin mencionar otro tipo de relación.“Por otro lado en las adopciones por parejas homosexuales no se tomó en cuenta el probable impacto psicológico, afectivo y social en los menores. Siendo que el Estado debe garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. Parte de estos, es el derecho de adopción que se crea en beneficio del menor y no para satisfacer el anhelo de los adoptantes”, se puntualizó.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

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