Un informe de Amnistía Internacional que se ha hecho público hoy (8 de diciembre de 2009) revela nuevos datos sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas durante operaciones militares para combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en México.
“Existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares de México niegan e ignoran”, ha declarado Kerrie Howard, directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional.
En su informe titulado México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, Amnistía Internacional acusa a las autoridades de no investigar exhaustivamente las denuncias de abusos cometidos por el ejército, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.
A finales de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México había recibido casi 2.000 quejas de abusos a manos del ejército desde comienzos de 2008. En 2007 sólo se recibieron 367, 182 en 2006.
Amnistía Internacional cree que estos datos no reflejan en toda su extensión los abusos que se cometen, aunque indican la tendencia al aumento de los abusos.
Una organización de derechos humanos de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, informó a Amnistía Internacional que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por personal de ejército entre enero de 2008 y septiembre de 2009. No obstante, sólo 21 particulares denunciaron oficialmente los casos, ya que el resto temía que se cumplieran las amenazas vertidas contra ellos.
“Los casos que hemos podido investigar son realmente escandalosos. Pero más escandaloso aún es que sabemos que esto es sólo la punta del iceberg. Pudimos averiguar detalles concretos de varios casos mientras el gobierno sigue negando que existan casos de abusos contra los derechos humanos que hay que investigar”, afirma Kerrie Howard.
El informe de Amnistía Internacional expone detalles de cinco casos de violaciones graves de derechos humanos cometidos por el ejército contra 35 personas entre octubre de 2008 y agosto de 2009 en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.
El 21 de octubre de 2008, unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de automóviles de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Tras permanecer cinco días en un cuartel militar, los cinco hombres arrestados junto con Saúl fueron puestos bajo custodia de la Procuraduría General de la República y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Las autoridades nunca reconocieron haber detenido a Saúl, a quien no se volvió a ver con vida.
Aunque se formularon varias quejas oficiales sobre la desaparición de Saúl, ninguna de ellas desembocó en una investigación efectiva de las autoridades. A pesar de la orden de un juez federal, las autoridades civiles y militares negaron en todas las ocasiones conocer el paradero de Saúl.
El cadáver de Saúl Becerra fue hallado en marzo de 2009. El certificado de defunción señala que murió al día siguiente de su detención a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. Las autoridades no realizaron otra autopsia.
El juez federal sobreseyó el caso y lo trasladó a la Procuradoría General de Justicia del Estado de Chihuahua para que fuera investigado como un asesinato común, sin hacer referencia alguna a los datos que indicaban la participación del ejército.
“México afronta una importante crisis de seguridad pública y el gobierno tiene claramente responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance”, prosigue Kerrie Howard.
“Esta es una tarea difícil y peligrosa, pero no se debe usar la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos.”
Amnistía Internacional también se queja de que los pocos casos de abusos a manos del ejército en los que se ha adoptado alguna medida, son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales o las del tribunal.
La falta de independencia e imparcialidad de los procuradores y tribunales militares ha desembocado en reiteradas ocasiones en la denegación de justicia a las víctimas y la impunidad para los perpetradores.
“Los abusos que hemos visto contribuyen al deterioro de la situación de la seguridad en México”, declara Kerrie Howard.
“Al no adoptar medidas para prevenir y castigar las violaciones graves de derechos humanos, el gobierno mexicano podría ser considerado cómplice de estos crímenes.”
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas que reconozcan la gravedad y escala de las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por miembros del ejército, así como el grado de complicidad de las autoridades civiles en el encubrimiento de estos abusos, y que conviertan esta cuestión en una prioridad del gobierno.
El gobierno debe adoptar medidas de inmediato para garantizar investigaciones rápidas e imparciales a cargo de las autoridades civiles a fin de que los responsables comparezcan ante los tribunales civiles y las víctimas reciban una reparación.
Fuente: Amnistía Internacional
Difusión: Soberanía Popular
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