El 21 de octubre de 2008, unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de automóviles de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Tras permanecer cinco días en un cuartel militar, los cinco hombres arrestados junto con Saúl fueron puestos bajo custodia de la Procuraduría General de la República y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Las autoridades nunca reconocieron haber detenido a Saúl.
Aunque se formularon varias quejas oficiales sobre la desaparición de Saúl, ninguna de ellas desembocó en una investigación efectiva de las autoridades. A pesar de la orden de un juez federal, las autoridades civiles y militares negaron en todas las ocasiones conocer el paradero de Saúl.
El cadáver de Saúl Becerra fue hallado en marzo de 2009. El certificado de defunción señala que murió al día siguiente de su detención a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. No se hizo otra autopsia.
El juez federal sobreseyó el caso y lo trasladó a la Procuradoría General de Justicia del Estado de Chihuahua para que fuera investigado como un asesinato común, sin hacer referencia alguna a los datos que indicaban la participación del ejército.
25 agentes de policía torturados
Entre el 21 y el 27 de marzo de 2009, 24 hombres y una mujer, agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, fueron detenidos arbitrariamente y recluidos en la base del 28 Batallón de Infantería de la II Región Militar en Tijuana, conocida como Aguaje de la Tuna.
Durante los 41 días de detención en la base no fueron llevados ante una autoridad judicial ni pudieron acceder a ellos abogados independientes de su elección. El 7 de mayo, el ejército los trasladó de improviso a una prisión federal en Tepic, en el estado de Nayarit, donde fueron acusados de pertenecer a la delincuencia organizada y recluidos preventivamente.
Según afirmaron los 25 agentes, durante su detención inicial en la base militar fueron sometidos a constantes torturas y otros malos tratos por personal del ejército para intentar conseguir falsas confesiones e información que implicara a otros agentes en la comisión de delitos o que firmaran declaraciones sin leerlas.
“Me enteiparon los ojos y las manos; el tape me cortaba la piel de las manos, mis dedos no los sentía, luego me envolvieron en una cobija todo completo y me empezaron a golpear en todo el cuerpo, me golpearon entre seis hombres por horas, perdía la noción del tiempo; en seis ocasiones me desmayé, como no firmaba lo que ellos querían me siguieron golpeando, no sé por cuánto tiempo (…) me quitaron las botas y mis pies los metieron a una vasija con agua, luego pusieron cables de electricidad y eso siguió por horas (…) me pusieron cables con electricidad en mis testículos (…) yo sentía que me iban a matar(…) ya no podía más, firmé con los ojos enteipados. Hoy no siento los dedos de mi mano derecha.”
Familiares de los agentes detenidos presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 24 de abril. No se adoptaron medidas para visitar a los detenidos ni prevenir que se cometieran más torturas. El 18 de mayo los agentes recibieron en la prisión federal de Tepic la visita de funcionarios de la Comisión provenientes de la Ciudad de México para recoger pruebas de tortura. La investigación de la CNDH continúa abierta.
Gracias a un recurso de amparo presentado en Tijuana, un tribunal federal obtuvo los historiales médicos de un hospital privado que demostraban que uno de los detenidos había recibido tratamiento médico de urgencia por lesiones –incluyendo fractura de costillas– sufridas mientras estaba bajo la custodia del ejército.
El 1 de junio, familiares de las víctimas presentaron una queja ante la Procuradoría General de Justicia del Estado de de Baja California por tortura y detención ilegal. No hay información sobre los avances de la investigación del estado, ni parece haber habido un examen médico completo e independiente de los agentes detenidos.
Fuente: Amnistía Internacional
Difusión: Soberanía Popular
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