Exige Relatoría Especial investigación responsable en el asesinato de Martínez Gil
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el asesinato del periodista Juan Daniel Martínez Gil y, al igual que otras organizaciones, exigió una investigación responsable y castigo a los culpables.
La relatora especial para la libertad de expresión, Catalina Botero Marino, pidió a las autoridades que se den medidas urgentes que garanticen la protección de los reporteros.
Mediante un comunicado, Botero Marino pidió a las autoridades mexicanas investigar de manera pronta el asesinato del locutor de noticias y determinar si su ejecución está vinculada con la actividad periodística de Martínez Gil.
También exhortó para que los responsables del asesinato sean “debidamente juzgados y sancionados”, pues recordó también está el caso del corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, quien también laboraba para la empresa Radiorama.
La relatora detalló que en México durante el presente año al menos nueve periodistas han sido asesinados por motivos que podrían estar vinculados al ejercicio de su profesión; el año pasado se reportaron cinco asesinatos y una desaparición; en 2007 tres homicidios y tres desparecidos y en 2006 se registraron nueve asesinatos y un desaparecido en el país.
Por ello, la Relatoría Especial instó a las autoridades mexicanas a que se implementen mecanismos adecuados para proteger a los periodistas en todo el territorio. “Se hace un llamado al Estado para que se impulsen las investigaciones en curso sobre los crímenes y las amenazas contra periodistas, y para que se adopten, lo antes posible, medidas urgentes que garanticen la protección de los reporteros, como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, la federalización de los delitos contra periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo”, detalla el documento.
Botero Marino recordó que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión y, por tanto, es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Cacería de brujas
Por otra parte, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) consideró que en el estado se vive una “cacería de brujas” por la criminalización, censura y represión.
“Tal pareciera qué, el ejercer el oficio arduo del periodismo sea una amenaza para los gobiernos estatal y federal, que cada vez se empeña en silenciar a quienes diariamente sacan a la luz pública las corruptelas de los encargados de administrar los recursos de sus gobernados”, señaló la COMS.
Destacó que Guerrero está considerado como una de las entidades más peligrosas para ejercer dicha profesión, pues el gobierno estatal “se ha ensañado en callar a quienes nos apoyan en exhibir los actos violatorios a nuestras garantías individuales y derechos humanos y asesinan alegando riñas de familia, crímenes pasionales, o simplemente se limitan a decir que desconocen el móvil del homicidio”.
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