lunes, 3 de agosto de 2009

AI inicia su recorrido al estado de Guerrero para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández



3 de agosto de 2009

Amnistía Internacional, la organización defensora de los derechos humanos más grande del mundo ha iniciado el día de ayer su recorrido al estado de Guerrero para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández, prisionero de conciencia y defensor de derechos humanos en el estado a través de la Organización para el Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Raúl Hernández, declarado “prisionero de conciencia” por la organización el pasado noviembre, recibió la visita de cerca de 100 personas en el penal de Ayutla de los Libres donde permanece recluido.

Durante la visita representantes de la organización a nivel nacional e internacional le han hecho entrega de cerca de dos mil mensajes de apoyo y solidaridad, provenientes de cerca de 50 países, colectados por Amnistía Internacional en los últimos meses.

Además se han colectado cerca de dos mil postales y más de dos mil quinientas peticiones para las autoridades federales y estatales exigiendo su pronta liberación.

El día de hoy, esta misma “caravana por la liberación de Raúl”, tal como la llamó la organización, sostendrá una reunión con el secretario General de Gobierno del estado de Guerrero para expresarle las peticiones específicas referentes a la injusta medida contra Raúl Hernández, además de expresarle sus preocupaciones sobre la situación que viven defensoras y defensores de los derechos humanos en el estado.

El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, Amnistía Internacional estará colectando firmas para sumar a más voces a la petición y realizará movilizaciones a las afueras del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo. Además, las y los activistas de Amnistía Internacional, de la mano con defensores y defensoras de derechos humanos de la OPIM, mostrarán sus mensajes y mantas en las cuales se pueden apreciar a activistas de todo el mundo alzando su voz para liberar a Raúl.

“La permanencia de Raúl en prisión reafirma la percepción internacional de que el Estado mexicano no ha sido capaz de situarse a la altura de sus obligaciones internacionales en materia de protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, y revela a su vez el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero”, ha dicho hoy Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

A su vez Kathy Price, responsable del trabajo por México de Amnistía Internacional Canadá y quien se ha sumado a esta caravana, ha manifestado que “el caso de Raúl Hernández es de suma preocupación para la comunidad internacional de activistas. He venido a México para mostrar a Raúl el respaldo de los más de 80,000 miembros y activistas de Amnistía Internacional Canadá y para recordar a las autoridades mexicanas que la comunidad internacional está consciente y vigilante de la enorme deuda que en materia de derechos humanos tiene México respecto de la situación de las y los defensores”.

Información de contexto

El término prisionero de conciencia es utilizado por Amnistía Internacional para declarar a personas que han sido encarceladas o sometidas a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso.

Desde que se fundó la OPIM, sus miembros han sido amenazados y hostigados por su valioso trabajo de denuncia de violaciones a los derechos humanos y del desvío de recursos públicos por parte de las autoridades civiles y militares en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero. Líderes y miembros de la OPIM han estado sufriendo constantemente amenazas y ataques físicos y verbales tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales a 41 miembros de la Organización con el fin de preservar su vida e integridad personal, ampliando las que ya tenían Obtilia Eugenio Manuel, traductora y líder de la OPIM, e Inés Fernández y sus familiares desde 2005.

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