Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
Ante el incremento exponencial de incidentes que vulneran la libertad de expresión en México, la organización Artículo 19 recogió las ideas expresadas por diversas organizaciones y organismos para la elaborar una propuesta, que entregó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el documento titulado Propuesta de trabajo para la instalación del Comité de Protección de Periodistas en México.
La propuesta, señala un comunicado de Artículo 19, busca atender la urgente necesidad de contar con una política de prevención en materia de agresión a periodistas. A pesar de ser uno de los países más peligros para ejercer el periodismo en América Latina, el Estado mexicano aún viola obligaciones internacionales de asegurar el goce de los derechos humanos.
Y detalla: "la violencia hacia los y las periodistas no cesa. El número de casos en 2009 indica que la tendencia apunta al crecimiento exponencial de incidentes que vulneran la libertad de expresión en México".
"La autocensura como medida de autoprotección es cada vez más común y es resultado de la falta de acciones claras del Estado para asegurar un contexto propicio para ejercer la libertad de prensa. El crimen organizado, pero sobre todo agentes del Estado, todavía son las principales amenazas al derecho".
Recuerda el texto que durante febrero de 2009 México fue severamente cuestionado durante la Revisión Periódica Universal a la que fue sometido por los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre los temas planteados por las diferentes delegaciones destacaron las agresiones contra periodistas, comunicadores y comunicadoras; así como la impunidad que impera en la mayoría de los casos.
De igual forma, misiones internacionales y organizaciones nacionales han criticado severamente el silencio y la falta de acción de las autoridades responsables para llevar a cabo investigaciones diligentes y asegurar el derecho de no repetición y reparación del daño. El Estado mexicano tiene la obligación de "prevenir, investigar y sancionar" toda violación a los derechos humanos que tenga lugar bajo su jurisdicción.
En concordancia con el espíritu de la Declaración y Programa de Viena, continúa el texto, las organizaciones nacionales e internacionales han expresado su interés en coadyuvar en la adopción de medidas preventivas para atender una de las asignaturas pendientes de la agenda de derechos humanos del país.
Cooperación internacional
La propuesta entregada al gobierno federal señala también la necesidad de buscar la cooperación internacional sobre las mejores prácticas en materia de prevención. Bajo esa lógica, el documento destaca la amplia experiencia que tiene el Estado de Colombia a través del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior.
El proyecto presentado contempla una ruta divida en dos etapas: la primera de diálogo y reflexión sobre la viabilidad de tener un Comité eficaz para proteger a quienes ejercen el periodismo; la segunda, sobre las características del Comité.
Para iniciar la primera etapa se plantea realizar una amplia convocatoria dirigida a todos los sectores interesados: gobierno, periodistas y trabajadores y trabajadoras de la comunicación, sociedad civil organizada y la academia; así como facilitar un espacio de diálogo y discusión plural, incluyente y transparente.
Asimismo, contar con los suficientes recursos económicos, humanos y políticos para asegurar una amplia participación en el proceso de consulta y puesta en marcha del Comité; asegurar una amplia participación de los medios de comunicación: comerciales, comunitarios, independientes, públicos, universitarios, indígenas y electrónicos.
Además, plantea la inclusión a la comunidad internacional, como organizaciones internacionales y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar de manera activa en el proceso.
La segunda etapa plantea la naturaleza y características con las que debe contar el Comité: gozar de autonomía técnica y gestión; contar con las facultades y presupuesto necesario para ofrecer medidas efectivas y expeditas de protección; establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre las distintas instituciones de la administración pública federal y estatal.
También garantizar la participación permanente y activa de la sociedad civil en los procesos de determinación de los casos; detallar reglas de operación claras, transparentes y con el espectro de protección más amplio posible; disponer de las capacidades y recursos materiales y humanos necesarios para realizar evaluaciones de riesgo oportunas, objetivas y precisas.
De igual manera, establecer mecanismos de difusión proactiva de información sobre los trabajos y determinaciones del Comité, de acuerdo a los estándares internacionales y constitucionales en la materia; instrumentar de manera trasversal las perspectivas étnicas y de género en la determinación de los casos y la implementación de las medidas de protección dictadas.
Inacción, silencio e impunidad
Artículo 19 hace un llamado para que el gobierno federal, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, asuma una posición clara y activa en la prevención de las recurrentes violaciones a la libertad de expresión que tienen lugar en el territorio mexicano. Su inacción y silencio alimentan la impunidad y dan el mensaje equivocado a los perpetradores.
(CIMAC)
Por tal motivo, hacen un llamado respetuoso a Felipe Calderón para que gire las instrucciones necesarias para asegurar los recursos financieros para llevar a cabo ese importante proceso. Sólo con políticas públicas efectivas el Estado podrá asegurarse de que el número de violaciones y víctimas serán cada vez menores en México.
(CIMAC)
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